Los datos de la consulta popular aún no se conocen en su totalidad; hay denuncias de irregularidades en la elección del CPC; y en seis provincias se repite el conteo de votos. La temporada electoral está lejos de terminar. 

Seis excandidatos al Consejo de Participación Ciudadana aseguran que hubo fraude el 5 de febrero, por lo que, de manera individual, presentarán denuncias en la Fiscalía en contra de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Édgar Coral, Juan Esteban Guarderas, Óscar Ayerve, Manuela Daquilema, Jacqueline Ludeña y Ángel Chela ofrecieron una rueda de prensa conjunta, en la que criticaron la operatividad del sistema informático, el llenado de actas de escrutinio, la promoción de candidatos del correísmo, entre otros detalles. 

Daquilema, con copias de actas de escrutinio, presuntamente con datos que no corresponden a su votación, pidió la apertura de urnas. “La ciudadanía ve el fraude asqueroso que se ha acostumbrado en las elecciones. (…) El CNE no da garantías para el voto popular”, dijo Daquilema. 

Por su parte, Guarderas indicó que, en Loja, el número de ciudadanos que votaron No es el mismo para la Prefectura y para la elección de autoridades del Consejo. Similar situación ocurriría en otras provincias. Guarderas habló de que se han extraviado votos para favorecer a determinados candidatos, que hay inconsistencias numéricas. “Yo no acepto los resultados electorales, no los acepto”, dijo.

No son los únicos candidatos que cuestionan los resultados del 5 de febrero. Postulantes a gobiernos seccionales también levantan alertas por presuntas irregularidades en las elecciones. Jorge Guevara, candidato a la Prefectura de Loja por la alianza entre Unidad Popular y Pachakutik, pide nuevas elecciones, por presuntas inconsistencias numéricas. Su prueba es un acta con un número total de electores; ese mismo número, pero en votos tiene un solo  candidato, pero el resto de candidatos también cierta votación, por lo que los números no cuadran. Los candidatos del cantón Mejía, en cambio, la noche de las elecciones se quejaron por el lento ingreso de los datos al sistema, que no guardaba relación con la cantidad de electores que en esa jurisdicción acudieron a sufragar. 

Las alteras se confirmaron

Pocas horas después de haber concluido el sufragio, las inquietudes empezaron a rondar el proceso electoral. La noche del 5 de febrero, en el centro de mando de CNE, ubicado en un hotel del norte de Quito, las pantallas donde se exhibían los resultados no se actualizaban y había provincias donde no se registraban datos, o lo hacían de manera lenta.  

Poco a poco, ingresaban datos de las elecciones seccionales, pero nada de información sobre la elección del Consejo de Participación Ciudadana y, menos aún, los resultados de la consulta popular. La plataforma APP del organismo también estaba “colgada”. Se debe tomar en cuenta que los miembros de cada junta receptora del voto se dividieron en dos grupos para, precisamente, avanzar rápido en el conteo, debido a la cantidad de papeletas electorales. 

Las autoridades del CNE habían ofrecido ir informando con porcentajes el avance del escrutinio: primero a las 19:00, luego a las 20:30, pero nada. Diana Atamaint, presidenta del CNE; Enrique Pita, vicepresidente; y los consejeros Esthela Acero y José Cabrera, se presentaron a las 21:00, luego de una reunión privada que mantuvieron en uno de los salones. 

Sus rostros denotaban preocupación, pero sólo tomó la palabra Atamaint para hablar de generalidades: que el proceso avanzaba con normalidad, que estaban cumpliendo con el país, pero se retiraron de prisa sin responder las inquietudes de la prensa. 

Desde entonces, silencio absoluto. Sólo la consejera Elena Nájera, en declaraciones a varios medios, aseguró que había irregularidades en al menos cinco provincias, donde los votos de un determinado candidato se estaban trasladando a otro; que existían fallas en las impresiones de las actas de escrutinio. Nájera envió un oficio a la Contraloría, solicitando que realice una auditoría externa a las etapa pre electoral y electoral. En la carta remitida, señala algunas presuntas irregularidades, como inconsistencias en las actas de escrutinios, intermitencias y estancamientos de la transmisión de datos, en el sitio web del CNE y en las aplicaciones móviles. Añadió que las inconsistencias en las actas se debieron a un error en la impresión de las mismas y que posteriormente se había indicado que el error sería de quienes llenan las actas y de quienes cargan los datos al sistema.

Tremendo error

Dos días después de finalizado el proceso es que las autoridades del organismo electoral se presentaron para esbozar una explicación. Atamaint confirmó que en seis provincias se estaba realizando el reconteo de votos para las dignidades de alcaldes y prefecto: Cañar, Napo, Morona Santiago, Loja, Santa Elena y Zamora Chinchipe. “Se están abriendo las urnas en su totalidad”, dijo. Y reconoció que las inconsistencias que obligaron a contar nuevamente los votos, se presentaron debido a que hubo actas de escrutinio mal impresas. “Al momento de imprimir las actas, el orden de ubicación de los partidos políticos se había cambiado. Por eso, el sistema, al copiar estos resultados, no coincidían porque el orden que está en el sistema es distinto al puesto en las actas”, explicó. El material electoral se imprime en el Instituto Geográfico Militar, pero las artes, diseño, características, contenido se elaboran el CNE y la aprobación final para que continúe el proceso de impresión una vez revisado que todo esté en orden, también sale del organismo electoral. ¿Quién es el responsable de este error? Las autoridades electorales no saben, dicen. Atamaint indicó que será la Contraloría la que determine quiénes son los responsables y en qué momento se produjo. 

Esto ya fue un indicio para levantar las suspicacias de los actores políticos. Salvador Quishpe, del Movimiento Pachakutik, dijo que es necesario un proceso de fiscalización al CNE. “En algunas provincias suspendieron el escrutinio por más de 24 horas, como en Santa Elena. Suspenden con el argumento de que los votos del candidato A se estaban yendo a sumar a los votos del candidato B. Eso ya ocurrió en las elecciones del 2021, cuando los votos de Pachakutik se estaban yendo a otro partido político, otro candidato”, dijo.

Por su parte, el legislador Fernando Villavicencio (independiente) aseguró que hay miles de irregularidades en los resultados de la consulta electoral, por lo que prepara una demanda penal y el juicio político contra las autoridades del CNE.

A cinco días de culminados los comicios, el organismo electoral informó que en nueve de las 24 provincias había concluido el escrutinio de los resultados de la Consulta Popular. 

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