El Consejo debe organizar 10 concursos de designación este año. El nuevo presidente, Hernán Ulloa, espera que en cuatro meses haya nuevas autoridades.

La pugna interna que vive el Consejo de Participación Ciudadana entre los cuatro consejeros de mayoría, que ahora tienen como presidente a Hernán Ulloa; y los tres de minoría, que insisten en desconocer esa designación y apoyan a Sofía Almeida ha hecho que los concursos de selección de autoridades se hayan paralizado. 

El Consejo de Participación debe organizar 10 concursos de designación de autoridades este año. El Pleno ya aprobó que se inicien los procesos para elegir al Contralor, al Defensor Público, para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y para la designación del Superintendente de Compañías, que se elige de una terna remitida por el Ejecutivo. 

Desde el año pasado se conformaron los equipos técnicos encargados de brindar el apoyo administrativo, logístico y operacional a los procesos de selección. Excepto en el caso del Superintendente, en el resto de procesos el primer paso es designar a las comisiones ciudadanas de selección, integradas por 10 miembros: cinco delegados de las Funciones del Estado y cinco representantes de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, escogidos en sorteo público.

Hoy, en la primera sesión presencial del Pleno que mantuvo Ulloa con los otros tres consejeros de mayoría: María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, se convocó a los coordinadores de los equipos técnicos para que informen el avance de los procesos. 

El resultado fue el mismo. Las comisiones de selección no se han integrado, los ciudadanos se han inscrito, pero faltan los procesos de admisibilidad e impugnación. 

Por ejemplo, en el caso del Contralor, el reglamento se aprobó el 18 de julio de 2021, aunque la nueva mayoría lo modificó el 17 de febrero de 2022. La Contraloría debería tener nueva autoridad este 15 de marzo, al cumplirse los cinco años para los que fue elegido Carlos Pólit en el 2017. 

Por la Contraloría han pasado varias autoridades y al momento está a cargo Carlos Riofrío, quien se mantendría en funciones prorrogadas, al no cumplirse los plazos de selección.

Detalles

Cynthia Condoy, integrante del equipo técnico para el concurso de Contralor, informó al Pleno que la designación de los comisionados está en fase de admisibilidad y que el equipo técnico se encuentra incompleto, debido a que algunos integrantes fueron removidos del cargo con el cambio de autoridades.

Es decir, faltan etapas como la convocatoria para los postulantes, las impugnaciones, las pruebas, entre otras fases. 

Lo mismo expresó Zaidy Mora, del equipo técnico para la Defensoría Pública, proceso que se inició en junio de 2021; y Tania Salazar, sobre la renovación parcial que debe cumplirse en el CNE, cuyas autoridades ya están en funciones prorrogadas desde noviembre del 2021, cuando debían ser reemplazados, por sorteo, dos de los cinco miembros.

Mientras que la designación del nuevo superintendente de Compañías no se ha podido cumplir, ya que el Ejecutivo no ha remitido la información de soporte de los candidatos de la terna que presentó.

Otras autoridades que debe elegir el Consejo son los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), a los miembros del Consejo Nacional de Desarrollo Fronterizo, a los de los Consejos Nacionales para la Igualdad, al Defensor del Pueblo, a los del Tribunal Contencioso Electoral, al Procurador del Estado, en cuyo caso ya se pidió a asesoría jurídica del Consejo que prepare un proyecto de reglamento. 

Las reacciones 

“No se ha dado ni siquiera el pitazo inicial” en la organización de los concursos, manifestó el consejero Francisco Bravo. Descartó así que con la remoción de Almeida y de David Rosero como presidenta y vicepresidente del organismo se haya generado inseguridad jurídica o afectado el normal desarrollo de los concursos. 

El Pleno aprobó que se disponga a la Coordinación General de Asesoría Jurídica que elabore informes técnicos sobre el estado actual de los concursos con base en los informes proporcionado por los funcionarios del Consejo; y que se invite a organizaciones sociales de distintos sectores de la ciudadanía, con reconocida experiencia en el ámbito de veeduría y participación ciudadana, para que participen en mesas de trabajo y conozcan los informes que remitirá la Coordinación Jurídica.

Según los cálculos de Ulloa, manteniendo sesiones ordinarias y extraordinarias, en unos cuatro meses se podrían designar a las autoridades del CNE, de la Contraloría y de la Defensoría Pública.

Para Gabriela Alvear, de Diálogo Diverso, el Consejo de Participación, bajo el liderazgo de Almeida, cayó en designaciones de funcionarios que no cumplieron con un perfil profesional, como la del Defensor del Pueblo, César Córdova, que experto en materia aduanera pero no en  derechos humanos, manifestó.  

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