Hasta ahora, no hay un solo dato real que demuestre al menos la presunción de manejo irregular de capitales por parte de organizaciones de la sociedad civil.
El presidente, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional, con carácter de urgente en materia económica, el proyecto de ‘Ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales’, más conocida como ‘Ley de Fundaciones’.
En la teoría, el proyecto está enfocado en auditar los fondos que reciben las fundaciones, organizaciones sociales y oenegés, especialmente desde el extranjero, con el objetivo de mejorar el control del lavado de activos. Lo cierto, sin embargo, es que hasta ahora toda la argumentación oficial está enfocada en sospechas, supuestos y posibilidades, más que en datos.
Además, organizaciones anticipan que se trata de generar una sombra de duda y dejar abierto el camino para la persecución, frenar la protesta y otras acciones sociales. Por esto, lo comparan con el Decreto 16, firmado durante el correísmo.
Noboa justificó la iniciativa afirmando —en entrevista con Radio Sucre— que “en Ecuador se usan fundaciones sin fines de lucro para ingresar dinero y desestabilizar el país”, y que durante años ha faltado control real en este sector.
Según el mandatario, algunas fundaciones operan sin ningún tipo de control de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), lo que se habría vuelto un mecanismo que impulsa la criminalidad y actividades ilícitas, como la minería ilegal. “Se han usado las fundaciones como vehículo de lavado de dinero y para financiar organizaciones narcoterroristas”, aseguró Noboa en la entrevista con Sucre. Las fundaciones “honorables”, que transparentan sus recursos “no van a tener ningún problema”, puntualizó.
Sin embargo, no se ha hecho pública ninguna cifra que dé claridad sobre este supuesto ámbito delictivo en ciertas fundaciones, o al menos sobre la sospecha del Gobierno.
En el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales del Ministerio de Gobierno, hay 71.786 organizaciones sin fines de lucro registradas, de las cuales 61.025 se consideran activas. Estas incluyen fundaciones, asociaciones, comités, corporaciones, etc., distribuidas bajo la tutela de distintos ministerios.
Lo curioso es que el Gobierno, en la exposición de motivos de la ley, extrae esas mismas cifras de un informe de Grupo Faro llamado ‘Un vistazo a la situación de las OSC en el Ecuador’. Es decir, el Estado cita cifras oficiales, pero a través de un tercero. Estos datos, además, están desactualizados: una consulta reciente al portal oficial (sociedadcivil.gob.ec/portal) nos arroja que constan registradas 75.382 organizaciones. De las cuales, 1308 se han disuelto y 227 han sido liquidadas. Al final, 64.578 estarían activas.
En los considerandos del proyecto de ley se cita que aproximadamente una de cada 10 organizaciones maneja presupuestos anuales superiores a USD 100.000. Incluso se menciona que el Gobierno ha identificado movimientos financieros de ciertas oenegés de hasta USD 13 millones anuales.
Sumando todos los flujos, los voceros gubernamentales dicen que se estima que las organizaciones sin fines de lucro han movilizado alrededor de USD 300 millones recientemente. Sin embargo, tampoco se ha precisado sobre qué porcentaje de esos USD 300 millones se tiene la sospecha de fondos ilícitos o lavado de dinero. Hasta la fecha, el Gobierno no ha dado nombres ni casos concretos.
La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, recordó que entre enero y mayo de este año, la UAFE detectó 600 millones de dólares en casos de presunto lavado de activos a nivel nacional. Este monto corresponde a operaciones financieras “inusuales e injustificadas” generales —no necesariamente vinculadas a oenegés— reportadas en solo cinco meses, cifra que ya supera el promedio anual de años anteriores.
Jaramillo calificó este dato como “alarmante” y afirmó que ha encendido las alertas sobre lo que “podría” estar ocurriendo a través de “ciertas” organizaciones sin fines de lucro. “Esos datos ya llaman poderosamente la atención y ponen sobre la mesa un debate muy necesario en este país: ¿qué está ocurriendo con las organizaciones sociales?”, expresó la vocera.
Tampoco se conoce oficialmente la magnitud total del lavado de activos en Ecuador. Esta ausencia de datos firmes ha sido reconocida como un obstáculo: la propia vocera Jaramillo admitió: “quién sabe” si pocas o muchas” organizaciones estarían desviando sus fines para cometer delitos.
Preocupaciones de la sociedad civil y falta de confianza
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en transparencia han respondido con escepticismo y preocupación ante el proyecto, señalando vacíos de información y posibles riesgos para las libertades. Representantes de oenegés enfatizan que cumplen ya con obligaciones de transparencia financiera existentes, por lo que ven desproporcionada la nueva iniciativa.
Citado en un reportaje de Ecuavisa, Gustavo Redín, vicepresidente de la organización Defensa de la Naturaleza, calificó el proyecto como “político” y redundante, pues “todas las obligaciones que se están presentando en esta ley ya existen”.
Puso como ejemplo que la coordinadora ambiental Cedenma (que agrupa organizaciones ecologistas) cada año presenta al Ministerio del Ambiente sus auditorías, planes de trabajo, detalle de donantes y el destino de los recursos. Es decir, el Estado ya dispone de información financiera regular de muchas fundaciones y, si hay irregularidades, podrían detectarse con los mecanismos vigentes.
En el mismo reportaje de Ecuavisa, el director de la Fundación WWF-Ecuador (Fondo Mundial para la Naturaleza), Tarsicio Granizo, sostuvo que esta ley no es necesaria porque el Estado ya cuenta con capacidad suficiente para detectar financiamientos ilícitos con ayuda de la UAFE, a la que las oenegés presentan reportes mensuales de movimientos, lo mismo que al Servicio de Rentas Internas (autoridad tributaria).
“Se debería identificar cuáles organizaciones tienen vínculos con la delincuencia organizada o temas ilegales e intervenir sobre ellas”, afirmó Granizo. “No veo necesaria una ley urgente. Nosotros estamos regulados permanentemente por varias instancias gubernamentales”.
De igual forma, el clima político ecuatoriano está marcado por la polarización y desconfianza hacia las autoridades de control. “Se puede utilizar una ley así para acallar voces críticas, porque al final todas las organizaciones de cualquier tipo entran bajo la misma norma”, resumió César Ricaurte, director de Fundamedios.
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