La propuesta de normativa incluye una reforma a la recién aprobada Ley de Integridad Pública y otra a la Ley de Régimen Tributario Interno.
POR: Hugo Constante
Con 8 votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea dejó listo el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, con el objetivo de que sea tratado por el Pleno, posiblemente este jueves.
El proyecto de Ley fue remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el carácter de urgente en materia económica y, aunque parecía una propuesta normativa sencilla, que no tendría mayores complicaciones para que la Comisión —de mayoría oficialista— lo apruebe, a lo largo del tratamiento se fueron haciendo ajustes inclusive minutos antes de la votación.
“Este es un proyecto de Ley que deja claro cuál es el objetivo del Gobierno: captar inversión para fortalecer las áreas protegidas en aquellas zonas que sean destinadas para turismo. Se deja claro que está prohibida la privatización, que no se puede entender inversión como ceder título de propiedad sobre ningún área protegida. Se ha dejado claro el respeto a la consulta previa a los pueblos y nacionales en cualquier inversión que exista en esos territorios”, manifestó la asambleísta oficialista Valentina Centeno, presidenta de la Comisión.
Los temas mencionados por Centeno fueron precisamente los más sensibles del proyecto de Ley. En el informe para primer debate se incorporó la figura de “empresa pública” para que se encargue de la gestión y servicio de las áreas protegidas, lo que fue interpretado por grupos ambientalistas y pueblos indígenas como intentos de privatización, lo que puso en riesgo el apoyo que el oficialismo ha venido recibiendo en el Pleno del grupo de seis legisladores de Pachakutik.
Para evitar perder ese apoyo, fundamental en medio de la frágil mayoría que viene manteniendo la bancada de ADN, en el informe para segundo debate se eliminó la figura de empresa pública y se dispone que el presidente de la República cree el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente.
Los asambleístas correístas y de Pachakutik prefirieron no pronunciarse sobre el contenido de lo aprobado y manifestaron que están realizando un análisis minucioso con sus respectivos asesores para tomar una decisión sobre la votación en el Pleno.
Por su parte, el abogado ambientalista Gustavo Rendín, manifestó que, a pesar de los cambios, se trata de un proyecto de Ley con visión de inversión económica en actividades dentro de áreas protegidas, pero no de cómo conservarlas y protegerlas. “Es una desviación de lo que realmente tiene que ser una Ley de áreas protegidas”, dijo.
Otros cambios
Más allá del contenido relacionado con las áreas protegidas, este proyecto de Ley reproduce una práctica que ha sido recurrente en el oficialismo en el tratamiento de los proyectos de Ley económicos urgentes que el Ejecutivo ha remitido a la Asamblea: la incorporación de temas que nada tienen que ver con la normativa en debate. Ocurrió en la Ley de Integridad Pública, que llegó como una propuesta para evitar la corrupción en la contratación pública, pero terminó reformando una veintena de Leyes muy distintas entre sí.
La Ley de Integridad Pública está vigente desde el 26 de junio y hoy, con la Ley de Aŕeas Protegidas, el oficialismo busca sustituir el segundo inciso del artículo 81 de la Ley de Servicio Público, que se reformó en la Ley de Integridad Pública. Ese inciso vigente señala que los “servidores de carrera que, a partir de los 65 años cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica, de conformidad con lo determinado en esta Ley”. Este inciso ha sido muy cuestionado por gremios y sindicatos, que lo han incluido en las demandas de inconstitucionalidad.
Por eso, en el proyecto de Ley de aŕeas protegidas se propone sustituir la frase “a partir de los 65 años” por la frase “a partir de los 60 años”. La modificación fue propuesta por Centeno, quien aseguró que jamás se han modificado las edades de jubilación. “Podemos aprovechar esta oportunidad para dejar eso clarísimo (…) para que no exista ninguna duda ni campaña de desinformación en torno a aquello”, dijo la legisladora.
Mientras que en la Ley de Régimen Tributario Interno, que le da al presidente de la República la posibilidad de reducir al 8% la tarifa del IVA durante los feriado locales o nacionales, hasta un máximo de 12 días cada año, con la reforma propuesta en el proyecto de Ley de aŕeas protegidas se propone eliminar ese techo de 12 días.
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