En marzo de 2017, durante una entrevista concedida a diario EL COMERCIO, el entonces candidato Lenín Moreno perfiló sus prioridades antes de llegar a los 100 días de Gobierno. Se trata de cinco acciones:
1.- Reducir el IVA del 14% al 12%, eliminar las salvaguardias e instalar un Consejo Consultivo y Tributario.
2.- Enviar a la Asamblea Nacional la Ley Anticorrupción, “para que los corruptos de ayer y también de hoy vayan a la cárcel”
3.- Iniciar la ejecución del Plan Toda Una Vida, a través del Programa Vivienda para Todos
4.- Firmar el Decreto para iniciar el Programa Impulso Joven
5.- Ampliar el programa de becas para estudiantes universitarios y empezar la construcción de 40 universidades técnicas
Una vez cumplidos los 100 días de mandato, de dichos ejes,  dos quedaron pendientes: Ampliar el programa de becas para estudiantes universitarios y empezar la construcción de 40 universidades técnicas; y enviar a la Asamblea Nacional la Ley Anticorrupción, esta última una prioridad, si se toma en cuenta los escándalos más recientes que vinculan a las más altas esferas del Gobierno saliente e, incluso, del actual.
Para la politóloga Lotty Andrade, la administración de Lenín Moreno todavía no tiene el espacio necesario para ejecutar todas las promesas y, por ende, tampoco el mencionado proyecto de ley. “Ha dado muestras de que está buscando los mecanismos, creó el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el cual contará con asesoría del Sistema de Naciones Unidas; se supone que está dejando actuar a la función judicial; se está iniciando la contratación de auditorías internacionales, para analizar cómo se manejaron los recursos en años anteriores”, indica la experta. Sin embargo,  acota que 100 días son poco para desarmar la estructura que pudo dejar armada el correísmo: opaca, sin transparencia, unipartidista… “Eso es que lo que Lenín tiene que desarmar. Hay que presionar desde los distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil, para hacer de un posible proyecto de Ley Anticorrupción el mejor posible”.
El núcleo duro de Alianza PAIS, sus sectores más autoritarios, aún hablan de las manos limpias, las mentes lúcidas y los corazones ardientes; y, en ese contexto, alegan que es imposible que haya existido corrupción y, si es que hubo, lo admiten como hechos aislados, apunta César Ricaurte. El periodista añade que en ese ambiente no existe el “músculo político” que permita tratar en la Asamblea un proyecto de ley que cuestione que en Ecuador se haya sistematizado la corrupción.
El experto en Derechos Humanos señala que la lucha contra la corrupción integra dos temas grandes. El uno tiene que ver con que los niveles de corrupción son inversamente proporcionales a los niveles de transparencia, es decir, a más transparencia menos corrupción. Durante la última década, en el país, “se vio que, pese a contar con legislación, la opacidad se hizo política de Estado. Era prácticamente nula la posibilidad de acceder a documentación sobre el manejo de recursos del Estado. Hoy hay que revertir eso y el periodismo tiene que presionar, comenzar a utilizar los mecanismos de acceso a la información para develar casos de corrupción”. El segundo aspecto se refiere al accionar de la justicia. En Ecuador, “a pretexto de proteger los derechos de los acusados, se impide a los ciudadanos conocer a los involucrados en los distintos procesos, los cuales también deben ser transparentes”. En palabras de Ricaurte, la justicia debe ser autónoma, independiente, pero transparente. Por eso, desde su perspectiva, en estos 100 primeros días lo más importante es que se comenzó a publicar información sobre procesos judiciales en marcha, pese a que no se ha desmontado ninguna de las leyes que actúa contra la prensa.
En esa línea, la politóloga argumenta que lo que se ha visto hasta el momento representan simbólicos, mas no son lo suficientemente contundentes como para asegurar que “el aparataje de impunidad ha sido desmontado”. Andrade considera que hay una telaraña institucional que protege la corrupción. “No podríamos decir que a 100 días hay una lucha clarísima contra la corrupción, lo que sí está claro es que es una lucha por espacios de poder entre las fracciones de Alianza PAIS y, en esa medida, todavía hay mucho que esperar y presionar”.
Ricaurte destaca  dos pronunciamientos del sucesor de Rafael Correa, de cara a combatir la corrupción: función judicial independiente, y consulta popular en caso de que se interfiera en el momento de conocer la verdad. “Esta lucha no es una tarea únicamente del Presidente, es un tema que compete a la justicia, la cual está operando de una forma contradictoria. El sector privado también debería hacer un examen serio sobre lo que ha hecho en los últimos diez años, pero nadie hace ese mea culpa”.
Ambos consultados coinciden en que se precisa recuperar valores de honestidad y respeto; y entender que es responsabilidad de todos cuidar lo público. Para hacer eso en cuatro años se necesita voluntad política y conciencia de todos los sectores que quieren un país más democrático. Por último, si se quiere construir una ley anticorrupción precisa, esta debería abonar los procesos de transparencia y facilitar las investigaciones judiciales.