El costo en plena crisis económica, el nivel de aceptación de un Gobierno y el momento político son factores decisivos para llamar o no a consulta popular, dicen diversos sectores. ¿Debe el presidente electo embarcarse en un proceso de este tipo?
Unos 17 meses, aproximadamente, es el tiempo que gobernará el presidente electo, Daniel Noboa. En el escenario político está presente su propuesta de que, una vez que asuma el poder, convoque a una consulta popular en temas de seguridad, salud y economía.
Desde diversos sectores, la posibilidad no termina de convencer, sobre todo por los tiempos que lleva realizar un proceso de esta naturaleza, los costos y la incertidumbre de la relación que haya entre Gobierno y ciudadanía en el momento mismo en que se realice la consulta.
Para el psicólogo y dirigente del Comité 15 de Noviembre, Ernesto Flores, la consulta sería innecesaria para el poco tiempo en que va a gobernar Noboa, la mitad del cual pasaría, dice, en campaña, ya que en febrero del próximo año, aproximadamente, el país entraría ya en un nuevo periodo electoral para elegir al nuevo Presidente de la República que gobierne desde el 2025 y estaría abierta la posibilidad de que Noboa busque la reelección.
Además, añade, se debería analizar qué tipo de preguntas y sobre qué temas plantearía como para que estas tengan acogida o no en la población. «Si va a plantear aspectos para reactivar la minería, respondiendo a temas de la derecha, le va a ir mal; pero si topa aspectos como la seguridad social en favor del pago de la deuda que el Estado mantiene con el IESS, sería otra cosa», dice Flores.
«El tiempo es corto, el gasto electoral no será de 100 mil, 200 mil dólares; será de millones de dólares», advierte Alberto Anaiguano, presidente de la Ecuarunari, al rechazar también una iniciativa de esa naturaleza. El dirigente indígena considera que, para tan poco tiempo, para que sea una gestión eficiente, Noboa, desde el momento en que sea posesionado, debe concentrar su trabajo en tres áreas: educación, salud y seguridad; y no querer abarcar demasiados temas. «Si fortalece esos tres aspectos, los ecuatorianos diremos al final de su gestión que el Gobierno sí ha trabajado», dijo.
Momentos políticos y costos
Para Flores, el presidente electo y la derecha están sobredimensionado su triunfo, ya que, en primer lugar, sólo ganó con menos del 4% de diferencia; y, en segundo lugar porque, asegura, muchos de esos votos no es que hayan sido necesariamente porque les agradaba su candidatura o porque se sienten representados por su proyecto político, sino que fueron votos para cerrar el paso al regreso del correísmo, representado en la candidata Luisa González.
El psicólogo agrega que, si Noboa no se da cuenta de esa realidad electoral e insiste en ir a una consulta popular, podría «darse un tiro en el pie». «A (Guillermo) Lasso le fue muy mal en su consulta, la perdió y con eso también perdió todo respaldo ciudadano y el poco capital político que pudo tener y, tiempo después, convocó a muerte cruzada», explicó Flores. Se refiere a la consulta popular que el actual mandatario convocó con ocho preguntas y que en todas ellas perdió.
En cuanto a los costos que implica realizar una consulta popular, la que convocó el Presidente de la República tuvo un presupuesto sobre los 17 millones de dólares; y la que se realizó sobre el Yasuní y el Chocó Andino, de iniciativas ciudadanas, tuvieron un presupuesto general de 3,2 millones de dólares. En todos esos casos los costos «se abarataron» porque coincidieron con las elecciones seccionales del 5 de febrero y con las elecciones generales del 20 de agosto.
Pero una posible consulta convocada por Noboa se realizaría exclusivamente para que el pueblo se pronuncie por los temas que proponga el primer mandatario, sin que haya ningún otro proceso electoral de por medio.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aseguró que la capacidad técnica y operativa del organismo está lista para llevar a cabo cualquier proceso, ya que es su función hacerlo, pero para ello un factor fundamental es contar con el presupuesto y el tiempo necesario, ya que no es un proceso sencillo, que no se trata sólo de mandar a imprimir papeletas y ponerlos en los recintos electorales. «Esperemos a ver cuál es la decisión del nuevo Gobierno», manifestó Atamaint.
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