Con 91 votos, el Pleno de la Asamblea dio paso al juicio político a Ruth Arregui. ¿Podrán replicarse estas alianzas para otros temas?

 La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, fue llamada a juicio político por decisión del Pleno de la Asamblea, que dejó sin respaldo el informe que presentó la Comisión de Fiscalización, en el que recomendaba el archivo de la solicitud.  

Fue una sesión donde los bloques legislativos de Pachakutik y UNES demostraron que juntos tienen el poder suficiente para aprobar leyes o procedimientos, cuando se requieran 70 votos del Pleno; y que si captan los votos móviles de otras bancadas —como la ID— podrían lograr inclusive, aunque es más complicado, los 92 votos que se necesitan para aprobar temas más complejos. El de las amnistías, por ejemplo.  

Con los votos de estos dos bloques, a los que se sumaron los de Izquierda Democrática, lograron bloquear el intento del bloque oficialista, del Partido Social Cristiano y de algunos independientes para que se archive la solicitud de juicio político contra Arregui.  

El proceso había sido planteado por Darwin Pereira (PK) y se sustanció en la Comisión de Fiscalización, que, en su informe al Pleno recomendaba que se archivara la solicitud, ya que la mayoría de integrantes de esa Mesa no había encontrado indicios de incumplimiento de funciones una vez analizadas las pruebas de cargo y de descargo. 

En la Comisión el informe había obtenido cinco votos a favor del archivo y cuatro en contra.

En el Pleno la realidad fue otra. La moción de archivo presentada por el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (independiente), obtuvo 92 votos en contra (UNES, PK, ID y algunos independientes), 35 a favor (BAN y PSC) y cinco abstenciones. 

Luego se sometió a votación la moción de Pereira que recomendaba que se llame a la funcionaria a juicio político. Obtuvo 91 votos a favor (UNES, PK, ID y algunos independientes), 14 en contra (bancada oficialista)  y 27 abstenciones (PSC e independientes).

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, tiene cinco días de plazo para incorporar el tema en el orden del día del Pleno.

Las posiciones

Pereira presentó la solicitud de juicio político con ocho causales que demostrarían  incumplimiento de funciones por parte de Arregui. Entre estos, haber calificado a Enrique Madera para que presida el Consejo Directivo del IESS; falta de control en el caso ‘Big Money’, negocio de capacitación ilegal de dinero por parte de Miguel Ángel Nazareno; falta de control del sistema financiero. 

El informe de Fiscalización concluye que en ninguna de las causales alegadas por Pereira se comprueba que Arregui haya incurrido en incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales como Superintendente de Bancos.

Durante el debate, Villavicencio, ponente del informe, aseguró que este no es un juicio contra el sistema financiero. Anticipó que el correísmo trataría de usar este tema para sacar beneficio. “Pueden tener los votos (para llamar a juicio político), es fácil y hasta se compran, pero jamás tendrán la razón”, manifestó. 

Gabriela Molina (UNES) aseguró que la Superintendencia es una aliada más de la banca y que mientras todos los sectores están prácticamente quebrados, la banca obtiene millonarias utilidades. Mientras que Ricardo Vanegas (PK) culpó a la institución de la estafa que se dio en el Isspol, ya que no hizo nada para evitar que se diera esa situación.

Como pocas veces sucede en público, Roberto Cuero, de UNES, le dio la razón al interpelante Darwin Pereira, de Pachakutik, y dijo que el Pleno tiene que censurar y destituir a Arregui.

Para Marco Troya, del bloque oficialista, no se pueden evaluar temas que no son parte del juicio político, como el del Isspol. Agregó que hay aspectos en los que la Superintendenta no puede intervenir, ya que primero es necesario reformar la Ley.  

Te puede interesar:

· Quienes dejan su país buscan crecimiento económico y desarrollo profesional

· Las cuentas del organismo también han sido afectadas por la crisis institucional

· El informe que irá al Pleno de la Asamblea podría beneficiar a autores de delitos comunes