El texto de la Comisión de Garantías Constitucionales es cuestionado, ya que dejaría en la impunidad los hechos de octubre del 2019. 

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aprobó el informe sobre las amnistías solicitadas por la Conaie, organizaciones sociales y defensores de la naturaleza y de Derechos Humanos.

Entre otros, los beneficiarios serían Leonidas Iza, presidente de la Conaie; Jaime Vargas, su antecesor; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; y el parlamentario andino Virgilio Hernández, los dos últimos militantes del correísmo. 

En los cuatro casos existen abiertos procesos judiciales relacionados con los hechos violentos de octubre del 2019, cuando una movilización convocada por los sectores indígenas y sindicales en contra del alza del precio de los combustibles terminó en vandalismo, destrucción del edificio de la Contraloría, secuestros a militares y policías y violencia extrema, principalmente en Quito. 

En total, son 269 personas las que se beneficiarían de las amnistías, que deberán ser analizadas y aceptadas por el Pleno de la Asamblea; otras tres están a la espera de más información para ser tramitadas, así como una solicitud de indulto. 

El informe de la Comisión, dominada principalmente por UNES y Pachakutik, se divide por temáticas: judicializados por ejercer el derecho a la protesta y resistencia social, defensores de los territorios comunitarios, administración de justicia indígena y defensores de la naturaleza. 

Según el legislador Fernando Cabascango (PK), presidente de la Comisión, el 80% de los casos tratados tiene que ver con defensa de la naturaleza, derechos colectivos y de los Derechos Humanos y el resto con las protestas de octubre. 

Los principales involucrados 

En la lista de amnistías aprobadas por la Comisión y que están relacionadas con las violentas manifestaciones de octubre de 2019 constan 63 personas. Entre ellas Pabón, Hernández, y el activista correísta Christian González, quienes están llamados a juicio por el presunto delito de rebelión. 

Varga consta procesado por cinco presuntos delitos: secuestro, terrorismo, instigación, relación con grupos subversivos y actos de odio. 

A su sucesor, Leonidas Iza, la justicia le investiga por secuestro, instigación, daño a un bien ajeno y terrorismo. Otros dirigentes de la Conaie, como Severino Sharupi, Andrés Tapia y Marlon Vargas son investigados por relación con grupos subversivos. 

También consta el dirigente de los taxistas Jorge Calderón, llamado a juicio por paralización de servicio público. Esto, porque antes de la movilización indígena se produjo el paro de los transportistas en contra de las políticas del Gobierno de Lenín Moreno. 

¿Delitos comunes o políticos? 

La normativa señala que la Asamblea puede otorgar la amnistía por delitos políticos o conexos con los políticos. Se entiende por delitos políticos aquellos cometidos o presuntamente cometidos por una o varias personas contra la organización y funcionamiento del Estado, motivados en fines de reivindicación social colectiva en un contexto político-social de agitación interna o conflictividad social.

No podrá concederse por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresiones a un Estado.

A pesar de que el informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Garantías Constitucionales, la polémica está dada entre sus miembros. Cabascango afirmó que no son jueces para determinar la culpabilidad de los procesados por la justicia ordinaria, pero que las amnistías se conceden por delitos políticos. 

Sin embargo, para Virgilio Saquicela (BAN) es claro que en caso de secuestro, de lo que se acusa a Iza y Vargas, no procede la amnistía y esa tipificación la establece la Fiscalía en la investigación de delito, por lo que no ameritaría que sea aprobada por el Pleno. Tampoco opera, agregó, cuando se trata de delitos civiles, como la disputa de escrituras entre la comunidad y el presunto propietario; o la destrucción del espacio público.

Saquicela agregó que es necesario analizar caso por caso, para evitar  que se beneficien quienes hayan cometido delitos comunes.

En el informe de la Comisión hay procesos por delincuencia organizada, robo, ocupación ilegal del suelo, entre otros. Lo que a criterio de Cabascango son denuncias generadas en un contexto político y no son delitos comunes.

“Son casos generados dentro de una jurisdicción territorial de las comunas y comunidades y que son conflictos de tierras que tiene la comunidad con terceros”, manifestó.

Mario Ruiz (PK) agregó que las amnistías no son sólo para los inocentes, sino para aquellos que han sido declarados culpables, para pacificar la sociedad.

Pero para el abogado Andrés Castillo es un error dar en “paquete” la amnistía, ya que se debe analizar caso por caso, para que no se termine por beneficiar a gente que nada tiene que ver con el paro de octubre, con la defensa de la naturaleza o de los Derechos Humanos.

Agregó que la amnistía debería otorgarse cuando ya hay una sentencia de culpabilidad, ya que, lo contrario es auto incriminarse, aceptar que cometió el delito.

“La amnistía viene de ‘olvido’, de amnesia. Y uno se  tiene que olvidar de algo que está debidamente juzgado y sancionado, caso contrario se va en contra de la presunción de inocencia”.

Castillo considera que, si bien es necesario lograr la paz social, esta no debe ser consecuencia de la impunidad, ya que podría generar un mal precedente para que a futuro se den situaciones similares porque los grupos que promueven actos irregulares sabrán que pueden recurrir a la amnistía para librarse de responsabilidades. 

En el Pleno, la aprobación de las amnistías requiere de 92 votos. Aún no hay acuerdos sobre cómo se procederá a votar, si todo el informe, por bloques o por casos.   

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