En la investigación que realiza la Comisión de Garantías Constitucionales se ofreció el testimonio de cómo fue la logística para atender a los manifestantes. En una Mesa dominada por el discurso de oposición al Gobierno, se lleva a cabo esta investigación.
“No teníamos pensado que venga tanta gente. La Universidad realmente resultó pequeña”, afirmó hoy Nilka Pérez, representante de la Universidad Central, durante su comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales, que investiga los hechos relacionados con los 18 días de paro que los indígenas protagonizaron en junio.
Según las cifras de esta institución, que sirvió como centro de paz o albergue humanitario durante esa jornada, los primeros días de movilización recibieron a 3.260 personas, pero terminaron acogiendo en la última semana a 16.144 indígenas de Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Bolívar, Tungurahua y Pastaza. “Sabemos que las comunidades indígenas acuden siempre en familia y para eso también tenemos que responder”, manifestó Pérez.
Según su relato, tal cantidad de manifestantes obligó a que sean acomodados en los pasillos de la Universidad, en las aulas, en el hall del Teatro Universitario, en los espacios verdes. Muchos de ellos tuvieron que dormir en cartones, pero se les entregó cobijas donadas por un organismo internacional.
La alimentación fue otro de los aspectos que tuvieron que solventar y lo hicieron a través de 36 “ollas comunitarias”, para lo que recibieron el aporte y solidaridad de la comunidad que entregó sus donaciones, lo que les permitió ofrecerles, principalmente, arroz con lenteja o con fréjol. Así, en el coliseo de la Universidad se distribuyeron, en total, 88.170 almuerzos.
Habilitaron siete carpas para atención sanitaria, donde se trataron 3.850 casos generales, a cerca de 250 heridos y personas con Covid-19. Se brindaron 1.700 atenciones psicológicas, 300 servicios sociales, mientras que en el centro de desarrollo infantil se atendió a 650 niños por día.
Según Pérez, uno de los problemas que tuvieron que enfrentar fue el ingreso de personas que se presentaban como voluntarios pero que en el interior intentaban realizar activismo político, lo que no les permitió por ser un centro de paz. En su relato contó que la Universidad Central vivió “amenazas de ingreso”, pero no especificó por parte de quiénes o si esas amenazas se concretaron.
En una Comisión dominada por el correísmo y por Pachakutik, de oposición al Gobierno, los integrantes hicieron sus preguntas tratando de establecer una responsabilidad concreta del Régimen en los hechos ocurridos durante junio. En circunstancias en que varios actores del paro han manifestado que la fuerza pública atacó la Universidad Central, el legislador Édgar Quezada (Pachakutik) interrogó si se reprimió en ese centro de acogida por parte del “Gobierno inhumano e insensato». La delegada de la Universidad sólo manifestó que “se sentía el gas lacrimógeno” y lo hizo coincidir con el hecho de que por el lugar sobrevolaban helicópteros.
Otros testimonios
Ante la Comisión también compareció Wladimir Cruz, primo de Henry Quezada, uno de los fallecidos en el contexto del paro. Cruz afirmó que estuvo presente en la autopsia que reflejó que su primo fue víctima de heridas por perdigones y que la familia “presume” que los disparos vinieron desde el sector de la Contraloría, del lado donde se encontraban las “fuerzas represivas”. Sin embargo, ni la Policía, ni las Fuerzas Armadas usaban en ese momento armamento letal con perdigones. Cruz agregó que el Estado no se ha preocupado o solidarizado con las víctimas del paro y pide que en la investigación de la muerte de su primo se cumpla el debido proceso para identificar a los responsables.
Otro de los testimonios recibidos fue el de Viviana Idrovo, de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, una organización muy cercana al movimiento indígena. Según sus cifras, durante el paro hubo 113 violaciones a los Derechos Humanos, 351 heridos, sin incluir a militares, y 199 detenciones.
Idrovo cuestionó a la Defensoría del Pueblo de quien dijo cumplió un rol “tibio” y manifestó que el Estado no ha cumplido las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó tras la protesta de octubre de 2019, como la de garantizar el derecho a la protesta.
Por su parte, Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuestionó el allanamiento a las instalaciones y que se haya realizado la requisición (control de las autoridades de un determinado bien) sin cumplir el debido proceso, por lo que pidió el juicio político a las autoridades que ordenaron el procedimiento. Este proceso se realizó en medio del Estado de Excepción, que incluía la posibilidad de que el Estado hiciera las requisiciones que considerara necesarias. En el plano operativo aseguró que el viernes 24 de junio, quienes se encontraban en las instalaciones sufrieron los efectos del gas lacrimógeno lanzado por los cuatros costados del edificio e inclusive desde drones.
El Covid 19 en la Asamblea
A la Comisión también fueron convocados los ministros de Interior, Patricio Carrillo; de Gobierno, Francisco Jiménez; el Comandante de Policía el jefe del Comando Conjunto y el director del Centro de Inteligencia Estratégica, quienes se excusaron de asistir ya que a esa hora tenían programadas otras actividades relacionadas con sus cargos. Mientras que el ministro de Defensa, Luis Lara, envió su excusa con el certificado de estar con Covid 19.
Virus que también se ha hecho presente en la Asamblea que está en modalidad semipresencial.
La sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales estaba convocada de manera presencial. Al inicio se presentaron cinco de nueve legisladores, el resto lo hizo mediante sistema telemático. Pero con el transcurrir de las horas el resto de legisladores que había asistido de manera presencial optaron por hacerlo vía telemática. Por ejemplo, Guadalupe Llori, quien asistió en las primeras horas, pero luego se ausentó por tener síntomas de Covid 19. Al final de la jornada sólo asistió de manera presencial el presidente de la Comisión, Fernando Cabascango.
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