En la audiencia sobre las demandas de inconstitucionalidad, los accionantes cuestionaron que un proyecto que reformaba dos normativas, terminó modificando otras 18, aproximadamente.
POR: Hugo Constante
Más de 30 personas, en representación de los demandantes de la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública. intervinieron en la audiencia telemática convocada por la Corte Constitucional para escuchar los argumentos de cargo y descargo sobre esta normativa que fue tratada como económica urgente por iniciativa del Ejecutivo.
Representantes de instituciones financieras populares, de médicos y enfermeras, sindicatos, de docentes universitarios, de gremios, entre otros muchos sectores, ‘desmenuzaron’ ante los jueces lo que consideran violaciones constitucionales de fondo y de forma que se cometieron en el tratamiento de esta normativa por parte de la Asamblea.
Todos coincidieron en que el elemento de forma que no se respetó fue la unidad de materia, que debe contener todo proyecto de Ley, es decir que se refieran a una sola materia. “¿Qué relación tiene la transformación de cooperativas en bancos con las reformas al Código de la Niñez? ¿Acaso los niños y adolescentes son socios de las cooperativas?”, cuestionó André Benavídes, en representación de organizaciones financieras del sector popular.
Adolfo Espinel, demandante, recordó episodios de la sesión del Pleno de la Asamblea en que se aprobó esa normativa. Como por ejemplo, que se apeló sin éxito la presidencia del oficialista Niels Olsen, pero sobre todo que fue el legislador oficialista Andrés Castillo el que mocionó incorporar al texto económico urgente reformas penales, reformas a la Ley de la Función Judicial, a la de Movilidad Humana, a la de Servicio Público, entre otras. “Se vulneró el trámite parlamentario y la unidad de materia”, dijo el abogado.
En su momento, Castillo justificó esos cambios con el argumento de que la unidad de materia debe cumplirse sólo hasta que el proyecto de Ley sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero que luego se pueden introducir cuanta reforma sea necesaria. Sin embargo, Benavides explicó en la audiencia que la unidad de materia debe mantenerse desde que se presenta el proyecto de Ley hasta que se lo publica en el Registro Oficial.
Por el fondo
Luego de coincidir que el tratamiento parlamentario irrespetó la unidad de materia al pasar de dos reformas a más de 20, los demandantes expusieron sus argumentos sobre las inconstitucionalidades de la norma por el fondo.
Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), expresó que la normativa es regresiva en derechos, ya que abre el paso al despido “de la noche a la mañana” de los servidores públicos, afectando también a sus familias. Ramiro García, abogado de la UNE en esta causa, añadió entre las serie de inconstitucionalidades detectadas, hay tres reformas específicas que rebasan el marco constitucional y vulneran elementos del Estado de derecho: las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, que disponen que los adolescentes infractores sentenciados por delitos graves terminen de cumplir su condena a partir a la mayoría de edad en cárceles comunes donde se adecuarán espacios para ellos ya que equipara a adolescentes con adultos; el régimen disciplinario para jueces y fiscales; y, la declaratoria de emergencia en la Función Judicial, ya que pone en riesgo la independencia judicial. García solicitó a los jueces que declaren la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo.
Por su parte, Ricardo Luna manifestó que la Ley no respeta el derecho de asociación, por lo que es una norma regresiva; Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, añadió que las cuatro Leyes que el Ejecutivo ha remitido a la Asamblea como económico urgente tienen las mismas falencias de fondo y de forma.
Los accionados
Los abogados de la Asamblea, de la Presidencia de la República, de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Trabajo expusieron sus argumentos sobre el fondo y la forma de la Ley demandada.
Mercedes Mediavilla, de la Legislatura, indicó que se busca combatir la corrupción que es un problema estructural que afecta la legitimidad del Estado, por lo que la normativa, al combatir este problema, es transversal para toda la administración pública guarda el principio de la unidad de materia. Agregó que se cumplió el procedimiento legislativo en todas sus etapas, desde la presentación del proyecto hasta el segundo debate y su publicación en el Registro Oficial. Según Mediavilla, la Legislatura puede modificar, suprimir o agregar disposiciones y expedir Leyes con la participación del Ejecutivo como colegislador. “El principio de unidad de materia no puede ser extrema”, dijo.
Stalin Andino, de la Presidencia de la República, justificó el fondo y la forma de la Ley ya que, dijo, el objetivo es que el ciudadano se reactive a través de una administración pública de calidad y oportuna. Andino recordó que el Presidente de la República tiene la potestad de presentar proyectos de Ley económicos urgentes.
El funcionario calificó de irresponsable a quienes tratan de enmarcar a la Ley en el ámbito de contratación pública. Sin embargo, el proyecto base que el presidente, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea lo que se denominaba ‘Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública’ y el objetivo central era buscar una contratación pública ágil, eficiente y transparente. Fue la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea la que le cambió de denominación y el Pleno el que de paso reformó otras 18 leyes.
Te puede interesar:
. Gobierno ofrece “retorno seguro”; padres y expertos piden más garantías
. Es falso: el Clarín no ha publicado que Aguiñaga encubre a Noboa frente a la crisis de seguridad
Es falso decir que la Fiscalía borró una investigación contra la presidenta de ADN
.
