La solicitud se dio para realizarle estudios trimestrales y fue negada en el CAL
Diana Salazar enfrenta un juicio político que está en pausa desde el 16 de mayo, cuando anunció públicamente su embarazo.
El 16 de mayo, mediante su cuenta de YouTube, la fiscal general, Diana Salazar, anunció a la ciudadanía su embarazo. En ese entonces, ella se enfrentaba a un juicio político, por lo que le solicitó a la Asamblea que garantice su derecho constitucional de tener un embarazo tranquilo. “Creo que es un buen momento para contemplar situaciones como esta para sentar un precedente”, expresó Salazar, dado que no hay una normativa que especifique cómo proceder cuando una mujer en estado de gestación enfrenta un juicio político. El Legislativo aprobó su solicitud y desde entonces su audiencia legal está en pausa.
A partir de este tema, han surgido especulaciones y posts desinformativos sobre el estado de la Fiscal, algunas sugieren que no está embarazada. En esta línea, se viralizó en Threads una publicación donde se afirma que la “Asamblea analizará el estado de gestación de Diana Salazar para activar su juicio político”. Se califica al contenido como engañoso. Si bien se presentó una solicitud ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para monitorear el estado de la Fiscal, esta fue denegada.
El embarazo de Diana Salazar fue calificado como de alto riesgo. Por ello, el Henry Kronffle, presidente de la Asamblea, le consultó a la Procuraduría si, en caso de que la demandada presente tal condición, se suspende o se procede con el juicio político. El 16 de mayo, la Procuraduría respondió que se puede suspender el proceso “para así tutelar la protección prioritaria a la salud integral de la madre y precautelar el interés superior del niño”. Sin embargo, para gozar de este derecho la demandada debe presentar la documentación pertinente que justifique su estado.
Desde entonces, el juicio político contra Diana Salazar ha estado congelado. Sin embargo, ella continúa ejerciendo sus deberes y funciones como Fiscal General del Estado, cargo que ocupará hasta el 25 de abril del 2025, después de estar 6 años en el cargo.
En este contexto, el 11 de junio, la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Gissela Garzón, le solicitó al CAL que se evalúe el seguimiento al juicio político de Diana Salazar, es decir, que determine cómo se procederá y en qué tiempo. En este pedido también se presentó la posibilidad de evaluar el estado de salud de la fiscal cada trimestre.
El CAL es el máximo organismo administrativo de la Asamblea, está conformado por 9 miembros y es manejado por el mismo presidente del Legislativo. El organismo trató el pedido en una sesión reservada en la que se rechazó. Así lo confirmó Diego Matovelle, asambleísta de ADN y segundo vocal del CAL, a La Posta, en una entrevista el 12 de junio. Matovelle describió a la sesión como “rápida”. En esta se revisó el informe médico de la Fiscal y se determinó que no es un tema que valga la pena profundizar, ni siquiera se lo sometió a votación. “Seguir ahí en algo que no va hacia un interés que tendríamos como legisladores no puede avanzar”, dijo.
En este tiempo, hubo una ola de comentarios en redes sociales en torno al embarazo de Salazar. El 12 de junio, mediante su perfil de X, la Fiscal compartió un comunicado donde denunció una filtración de su estado médico. “Todo tiene un límite. No voy a tolerar más infamias de los mentirosos de siempre, que -con tal de conseguir impunidad- han sido capaces de rebasar toda frontera, no solo legal, sino moral, ética y humana”, manifestó.
En el documento, Salazar aclaró que adjuntó su certificado médico validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, citó a las normativas que respaldan su derecho a la privacidad como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Ley Orgánica de la Salud, la Ley de Derechos y Amparo al Paciente y el Código Orgánico Integral Penal.
“Habrá quien pueda decir que, como soy una autoridad y estoy expuesta al escrutinio público, entonces, es correcto lo que han hecho. Pues no. Queda claro que esta gente busca desesperadamente separarme de mis funciones como Fiscal General del Estado, porque no les interesa llegar a la verdad procesal de los hechos”, declaró Salazar.
También, el expresidente Rafael Correa compartió un video en su cuenta de X donde cuestionó que “si la Fiscal tenía un embarazo de alto riesgo, ¿por qué no pidió licencia en la Fiscalía?”
Diana Salazar enfrenta un juicio político por incumplimiento de funciones en su gestión por acumular casos en etapa de investigación previa y protección integral física de los fiscales. Algunos de los casos mencionados son: León de Troya, Encuentro, Synohidro, Lesa Humanidad (Octubre 2019), Vacunados VIP (pandemia), entre otros.
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