En el consejo consultivo que mantuvieron con el CNE, los delegados de los partidos políticos pidieron que se tome muy en cuenta la seguridad de los candidatos en las elecciones generales de febrero. Faltan algo más de 6 meses para volver a las urnas.  

Delegados de 14 movimientos y partidos de alcance nacional participaron hoy en el consejo consultivo de organizaciones políticas, convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que se analizaron aspectos relacionados con las elecciones generales de 2025. 

Este es un espacio de diálogo entre las otras organizaciones legalmente reconocidas y las autoridades electorales, que tiene como objetivo realizar un intercambio de recomendaciones u observaciones que se puedan aplicar en las elecciones del año que viene. Diana Atamaint, presidenta del CNE, declaró: “Estamos trabajando para que estos comicios, que se realizarán el 9 de febrero de 2025, estén revestidos de trabajo técnico, sean eficientes, pero, sobre todo, para que se garantice la transparencia, siendo respetuosos de la voluntad del pueblo, que se expresará en las urnas.

Las inquietudes de los delegados de las organizaciones políticas fueron varias. Armando Rodas (SUMA) expresó que es importante que este nuevo proceso electoral se cumpla con transparencia. Una de sus preocupaciones fue conocer el alcance que en estas elecciones tendrá la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que al resolver una denuncia contra el entonces presidente del Consejo de Participación Ciudada (CPC), Alembert Vera, resolvió que las publicaciones realizadas en redes sociales a favor de un determinado candidato se consideren publicidad electoral. Rodas dijo que el criterio del TCE se aplica solo para la elección de las autoridades del CPC, pero no para las elecciones de 2025. 

Por su parte, Stalin Vargas, de Unidad Popular, pidió que haya unidad de criterios en las delegaciones electorales provinciales y que no interpreten la normativa, ya que en unsa provincias les piden un requisito en particular para llevar a cabo las elecciones primarias, mientras que en otras provincias ese requisito no es necesario. Otros delegados expresaron sus inquietudes sobre la facturación para la impresión de publicidad, el control al gasto electoral, la normativa sobre el 50/50 de encabezamientos de listas, entre otros temas. 

La seguridad, tema sensible 

El tema de la seguridad electoral no estaba en la agenda de trabajo de este consejo consultivo, pero se lo incorporó a pedido de Gustavo Larrea, presidente de Democracia SÍ. El dirigente recordó que el 9 de agosto se cumplirá un año del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Construye para las elecciones adelandatas de 2023, por lo que es necesario que el CNE y el Gobierno garanticen la seguridad e integridad de los candidatos. 

Sebastián Velasteguí, Director Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos del organismo electoral, dijo que se trabaja en conjunto por la Policía y el Ministerio del Interior para el control de la seguridad en todo el proceso, que incluye la seguridad a los candidatos. Aseguró que hay un acuerdo ministerial en el que se establece que es responsabilidad de la Policía dar seguridad a los binomios. “Otros candidatos que requieran seguridad deberán realizar directamente una solicitud al Ministerio del Interior para que, sobre la base de un análisis de riesgos que realiza la Policía, se determine el nivel de riesgo y se asigne el personal necesario para la seguridad”, dijo Velasteguí. Sin embargo, recordó que el convenio establece que los costos de movilización, viáticos y subsistencias del personal de seguridad de protección, será cubierto por los beneficiarios. “Es un punto que deben tomar en cuenta las organizaciones políticas al momento de presentar las solicitudes al Ministerio del Interior”, dijo el funcionario. 

Silvia Sánchez, de la Revolución Ciudadana, sugirió que esta protección se amplíe a precandidatos y autoridades electas, ya que por experiencias de elecciones anteriores, también sufren atentados. Velasteguí informó que en todos los casos se necesita un análisis de riesgo con el que se establece la necesidad de protección de esa persona por parte de la Policía. 

El consejero José Cabrera expresó que una de las preocupaciones de la Policía es contar con la debida logística para dar esa protección, que va relacionada directamente con el número de candidatos que se presenten, por ejemplo, para la Presidencia de la República. 

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