Derivado de los chats de Leandro Norero, la Policía y la Fiscalía ejecutaron un operativo en Guayas y detuvieron a siete jueces que estarían involucrados en procesos irregulares a favor de narcotraficantes. El exasambleísta Pablo Muentes está entre los detenidos.
A las 15:45 de hoy llegaron a la Unidad de Flagrancia, en Quito, los detenidos en el caso ‘Purga’, donde se investiga el presunto delito de delincuencia organizada y en el que están implicados siete jueces de Guayas, un exasambleista y personal del Consejo de la Judicatura, lo que ha significado un nuevo remezón para el sistema de administración de Justicia.
Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas; y Pablo Muentes, exasambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), constan entre los 12 detenidos por la Policía, durante un operativo liderado por la Fiscalía General, esta madrugada, en Guayas.
El caso ‘Purga’, como lo denomina la Fiscalía, se desprende de los hallazgos del caso ‘Metástasis’ y busca, según Diana Salazar, fiscal general, darle continuidad a la “depuración que requiere el país”.
El nuevo caso nace a raíz de la investigación permanente que se sigue realizando a los chats del narcotraficante Leandro Norero y que se iniciaron a raíz del caso ‘Metástasis’, encontrando vínculos entre operadores del sistema judicial y bandas delincuenciales.
En un video institucional, la fiscal Salazar informó que cuentan con todos los elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial “para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses”. Salazar informó que en las próximas horas formulará cargos contra quienes han permitido que “la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano”.
Aparte de Gallardo y Muentes también fueron detenidos la esposa del exlegislador, Mónica Álvarado; los jueces de Guayas Johan Marfetan, Guillermo Valarezo, Reinaldo Cevallos, Henry Taylor, Alberto Lino, y Nelson Ponce. Del Consejo de la Judicatura de esa misma provincia están detenidos Fausto Alarcón y Saúl Mero. Además de Ruth Solano, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Son funcionarios que llevaron, en su momento, casos relacionados con Norero. Por ejemplo, Marfetan habría recibido sobornos para dictar sentencias favorables a la madre y al hermano del narcotraficante. En cambio, Valarezo dictó un ‘habeas corpus’ a favor de Junior Roldán, cabecilla de ‘Los Choneros’.
Los ‘peces gordos’
Fabiola Gallardo fue presidenta de la Corte de Justicia del Guayas entre 2022 y 2024. Una de sus colaboradoras fue Mayra Salazar, quien se desempeñaba como asesora de comunicación de la Corte y que hoy también se encuentra procesada y detenida en el caso ‘Metástasis’. En 2022, Gallardo integró la segunda terna que el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, remitió al Consejo de Participación Ciudadana para designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura
Por su parte, el exasambleísta Muentes, del Partido Social Cristiano, llegó a la Legislatura como alterno de Soledad Diab, de esa misma agrupación, para el periodo 2021-2025. Se principalizó cuando Diab renunció al cargo para postularse como candidata a la concejalía de Guayaquil. Muentes fue parte de la Comisión de Fiscalización que presidía el entonces asambleísta Fernando Villavicencio —luego candidato presidencial, asesinado tras un mitin político—, con quien mantuvo fuertes discrepancias.
En abril de 2023, Villavicencio formalizó una denuncia contra Muentes y otros cuatro asambleístas del correísmo por una presunta planificación de un atentado en su contra. La denuncia fue mantenida por su compañero, Cristian Zurita; sin embargo, Muentes aseguró que fue Villavicencio quien lo amenazó y demandó, a su vez, a Zurita.
Las reacciones
A través de un comunicado, el Partido Social Cristiano aseguró que “nadie está por encima de la Ley”, en referencia a la detención del exlegislador. En el documento el Partido asegura que es respetuoso de la independencia de funciones, por lo que no interferirá en el ejercicio de las mismas. Agregan que, conforme avance el proceso y se precisen públicamente las acusaciones y pruebas, actuarán “en consecuencia”.
Mientras que en la Asamblea legisladores de varios sectores, como Construye, Gente Buena y ADN, expresaron todo su respaldo a la fiscal Salazar. El asambleísta de ADN Ramiro Vela manifestó que es una demostración de que están contaminados la política, la Asamblea, jueces, la Judicatura. “Quien quiera defender lo ocurrido esta mañana está totalmente equivocado. La Asamblea tiene que darse un baño de verdad”, dijo.
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