Una decisión judicial permite que los cuatro consejeros destituidos sigan en sus cargos; la Asamblea rechaza esta medida cautelar y asegura que mañana posesionará a los nuevos consejeros. ¿Cómo terminará esta nueva telenovela de la política nacional?

Una profunda pugna política y jurídica ha desatado en la Asamblea la resolución del juez Ángel Lindao Vera, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón La Concordia —en Santo Domingo de los Tsáchilas—, que aceptó una medida cautelar autónoma presentada por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz. El Juez dejó sin efecto la censura y destitución de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC): Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira. 

La decisión la tomó el Pleno de la Asamblea, por presunto incumplimiento de funciones, el viernes con 85 votos a favor; y para mañana se ha convocado a otra sesión en la que está previsto posesionar a los cuatro nuevos consejeros que los reemplazarán.

La polémica en la Legislatura entre los que votaron a favor y los que lo hicieron en contra de la destitución gira en relación a si se debe aceptar o no el fallo del juez y, en consecuencia, continuar o no con la sesión de mañana. 

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), se presentó en una rueda de prensa, acompañado de asambleístas que votaron a favor, y aseguró que no permitirá que la Función Judicial intervenga en decisiones que son propias de la Legislatura, por lo que no acatarán el fallo y ratificó que la posesión de las nuevas autoridades se cumplirá mañana en la tarde, como está previsto. 

Saquicela afirmó que no es posible que se intente “manosear” la Justicia, ya que Párraga habría presentado siete medidas constitucionales y medidas cautelares en La Concordia, de una en una, hasta que el juez Lindao Vera dictó la medida cautelar. “La medida cautelar se dicta antes de un hecho y el hecho ya está dado. La destitución de los cuatro consejeros se dio el viernes a la medianoche y eso está consumado”, dijo. Agregó que no pueden acatar una decisión judicial que es inejecutable. 

Su pronunciamiento reflejó lo expresado a lo largo de la mañana por otros legisladores de diferentes bancadas que apoyan la destitución. Mireya Pazmiño, por ejemplo, separada de la bancada de Pachakutik, justamente por haber impulsado la interpelación sólo de cuatro de los siete consejeros, calificó la medida cautelar como un fallo a la carta y no dudó en asegurar que el juez que la dictó se caracteriza por favorecer a delincuentes y a narcotraficantes. El legislador Jorge Abedrabbo (PSC) opinó que la Asamblea no puede ponerse de rodillas ante decisiones judiciales inconstitucionales y que la destitución de los consejeros es un hecho y que se debe proceder a la posesión de sus reemplazos.

Las otras versiones 

Quienes en su momento votaron en contra de la destitución o se abstuvieron, respaldaron la medida cautelar. Ricardo Vanegas, de Pachakutik, dijo que el juez obró de acuerdo con la Ley, ya que la sesión de interpelación no contó con un informe y que, en ese sentido, toda persona tiene derecho a saber de qué se le acusa para poder defenderse, lo que no ocurrió con los consejeros de mayoría del CPC, quiénes, dijo, deben continuar en funciones. Agregó que, si algunos asambleístas insisten en desconocer la medida cautelar podrían ser juzgados por incumplimiento de decisición legítima de autoridad competente. Vanegas anticipó que mañana no asistirá a la posesión de los nuevos consejeros porque no quiere ser parte de un acto al que calificó como “ilegal e ilegítimo”. 

La bancada oficialista también confirmó que no asistirá, por los mismos motivos. Jorge Pinto, de ese bloque, dijo que la decisión del Juez se debe respetar, y que lo ilegal no es la medida cautelar, sino haber desarrollado una interpelación sin que exista informe por parte de la Comisión de Fiscalización. 

En el CPC 

Al conceder la medida cautelar, el Juez en su fallo asegura que el Pleno de la Asamblea inobservó e irrespetó el estado constitucional de derechos y justicia, poniendo en grave riesgo los derechos constitucionales de los consejeros destituidos. Amparados en esa decisión y, a pesar del pronunciamiento de la mayoría de la Asamblea, Ulloa, Estupiñán, Bravo y Rivadeneira acudieron pasado el mediodía al Consejo de Participación Ciudadana y se reinstalaron en sesión, sin la presencia de los tres consejeros restantes: Sofía Almeida, Juan Dávalos y David Rosero. Los consejeros destituidos por la Asamblea y restituidos por un juez criticaron el juicio político y la votación que los sacó del cargo; destacaron la decisión judicial y manifestaron que retornan al Consejo a seguir trabajando, “a evitar que los organismos de control sean tomados por correístas y socialcristianos, a fomentar la verdadera participación ciudadana”. 

Dos de las principales decisiones que tomaron fue ratificar a las autoridades administrativas: Ulloa como presidente y Rivadeneira como vicepresidenta. En otro punto negaron la terna que Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, remitió para que se designe al presidente del Consejo de la Judicatura. 

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