El 31 de octubre de 2022, el Gobierno presentó 3 nuevas preguntas para la consulta popular, que, según la versión oficial, tienen como objetivo promover la seguridad y la promoción del empleo digno. Las primeras ocho preguntas fueron ya aprobadas por la Corte Constitucional. Desde 18 de noviembre, circuló información en Twitter asegurando que con la Consulta 2023, los ‘vacunadores’ irán a la cárcel hasta por 10 años, refiriéndose a los extorsionadores que piden ‘vacunas’ a ciudadanos y locales comerciales. Esta información es cierta, este tema se propone en la segunda pregunta presentada en este segundo paquete, que señala: 

“Actualmente, la extorsión se regula como un delito contra el derecho y la propiedad y se sanciona con pena privativa de la libertad de tres a cinco años. ¿Está usted de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa e libertad de siete a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, reformando el Código Integral Penal de conformidad con el Anexo 2?”.

Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una entrevista con Primicias, esta pregunta tipificará el delito de extorsión en el esquema de crimen organizado, por lo que comunmente se conoce a esta propuesta como ‘ley antivacunas’.