A raíz de la pandemia las autoridades ecuatorianas adoptaron medidas financieras emergentes para enfrentar y responder a la crisis. Sin embargo, el comercio exterior (exportación de materia prima) y las recaudaciones tributarias, pilares fundamentales en la economía del país, se han visto subvertidas por una reducción mundial de los capitales financieros.
Fuente: Banco Central del Ecuador
Para el economista Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica (PUCE), Ecuador tiene un problema fiscal de liquidez. La caja fiscal (donde residen los recursos disponibles) es reducida debido a un menor crecimiento económico, menor recaudación de impuestos y una caída del precio del petróleo. El exSecretario de Planificación y Desarrollo aseguró que el desafío del Gobierno es gestionar los pocos recursos que tiene.
En 2018 el ingreso total por petróleo fue de USD 8.007 millones; en 2019 USD 7.559; mientras que en abril fue de USD 135 millones y en mayo de USD 164. El mejor promedio del precio del crudo ecuatoriano y del mercado internacional en los últimos meses de 2020 no ha superado los USD 63,20 por barril. Y en abril de este año se cifraron precios por debajo de los USD 17, los más bajos desde 2015.
Según las operaciones del Presupuesto General del Estado (PGE), en 2018 el déficit fue de -4.196,6 millones de dólares. En 2019 alcanzó los –5.358,6 millones de dólares. Este 2020, solo en mayo se registró un déficit de -1.235,7 millones de dólares.
Los rubros destinados a sueldos, uno de los gastos corrientes más significativos para el presupuesto, en promedio representa el 31% de egresos; se redujeron en USD 13 millones entre abril y mayo, según datos del Banco Central. La baja da cuenta de la falta de recursos para cancelar a los funcionarios:
Estos factores influyen al momento de ejecutar las políticas y cumplirlas, el 26 de agosto el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que “«no podemos garantizar el pago total y absoluto de todos aquellos atrasos en los que el gobierno tiene un pendiente de pago. Lo que sí podemos hacer y trabajar con la comisión es definir una priorización».
Las remuneraciones como derecho deberían cumplirse sobre todo considerando que la mayoría de los servidores públicos son los que están en primera línea respondiendo a esta pandemia. El Banco Mundial asegura que los funcionarios prestan una gran parte de servicios esenciales para responder a la crisis “aproximadamente el 30% de los trabajadores públicos corresponden a profesores y el 12% a personal sanitario en 10 países de América Latina”, según datos preliminares.
La Defensoría del Pueblo se pronunció para exigir el pago inmediato de las remuneraciones a las y los funcionarios públicos que se encuentran impagos. El 17 de agosto presentaron una acción de protección en el Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito. El Defensor del Pueblo Dr. Fredy Carrión recalcó que tanto en la Constitución, como en el Código del Trabajo, y La ley Orgánica de Servicio Público reconocen la remuneración mensual como un derecho a no ser restringido, de manera arbitraria o ilegal “es base fundamental para el ejercicio de otros derechos del buen vivir, como la alimentación, la salud y la vida digna”.
El objetivo de dicha medida es exigir al Gobierno nacional el pago inmediato “rechazo a la violación de derechos de la que están siendo víctimas las y los funcionarios por falta de pago de sus remuneraciones” reiteró Carrión.
Andrés Mideros, señala que estamos en medio de una crisis económica, pero dentro de los recursos que hay, están las decisiones de Política Pública: “toda decisión en economía siempre tiene unos objetivos y una restricción. Hay un problema de restricción y sobre todo de liquidez”. Por tanto, los impagos a los funcionarios, según el Economista tendrían que ver con las decisiones que se toman en priorizar pagos, ya que no alcanza para todos.
Dentro de la limitación de recursos que hay, se ha dejado en segundo orden de prioridad – transferencia a los GADs, presupuestos de las Universidades, pago a los funcionarios /as públicas, pues quienes toman las decisiones son las autoridades públicas. Que se paga y que no se paga es una decisión del Presidente a través del Ministro de Finanzas”, enfatizó Mideros.
