Los migrantes venezolanos que residen en Ecuador han tenido que lidiar con una pandemia en un país extranjero, con pocas oportunidades, xenofobia y más crisis económica. Muchos de ellos decidieron retornar a su país por trayectos irregulares exponiéndose a circunstancias peligrosas. Otros han enfrentado los embates de esta crisis sin precedentes en el país con el poco apoyo que han recibido, lo que les convierte en una de las poblaciones más vulnerables. 

Según la plataforma Respuesta para la Situación de los Venezolanos (R4V) 417.199 venezolanos residen en Ecuador. Estos datos incluyen a migrantes, refugiados e incluso una estimación de personas que “habrían ingresado por pasos informales”. Mientras tanto, según el informe Retos y Oportunidades de la Migración Venezolana, entre 2015 y septiembre de 2019, casi 400.000 venezolanos decidieron establecerse en Ecuador. Esta investigación fue elaborada por el Banco Mundial junto a 6 agencias de Naciones Unidas y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Según la asociación civil Venezuela en Ecuador, todos han sido afectados en menor o mayor medida por las decisiones que el gobierno adoptó para frenar los contagios por Covid-19 , y cómo no, por el virus mismo. 

Entre los meses de marzo y octubre del presente año, los migrantes han sido afectados principalmente en los factores migratorio, de salud, educación y laboral, según el mismo organismo.

Se cerraron fronteras, se abrieron pasos ilegales

Mediante el Decreto Ejecutivo 1017, el 16 de marzo del 2020, el gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción como consecuencia del reporte de los primeros casos de Covid-19 en el país. La medida incluyó el cierre de fronteras terrestres, marítimas y fluviales. 

Esto provocó que la población migrante venezolana que quería retornar a su país transitara por las fronteras a través de pasos informales, exponiéndose a riesgos de seguridad en el trayecto. 

“Han existido retornos de personas venezolanas a su país de origen en consideración de la situación actual de los países de destino, buscando solventar necesidades bajo las redes familiares de su país”, puntualiza la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según datos almacenados en la página web del Ministerio del Gobierno, entre enero y marzo del 2020 se registró la salida de 7.328 venezolanos por el Centro Nacional de Atención Fronteriza Rumichaca. Mientras tanto, entre abril y agosto solo consta la salida de 7 personas de esa nacionalidad. Este último período coincide con la vigencia del decreto 1017 que ordenó el cierre de fronteras. 

Sin embargo, estos datos no reflejan el número exacto de personas que salieron del país durante esos meses puesto que, según organismos sociales, muchos lo hicieron de forma irregular, atravesando pasos ilegales que se abrieron en la frontera norte.

“Se tiene información de casos de violación, trata y asesinatos en la frontera o durante el recorrido por Colombia. Los coyoteros cobran mucho dinero. Los autobuses que les llevan de frontera a frontera piden demasiado. Mucha gente camina, pasa hambre”, afirma Daniel Regalado, representante de la asociación Venezuela en Ecuador.

Entre abril y mayo, los gobiernos locales del norte del país plantearon organizar corredores humanitarios para permitir que ciudadanos venezolanos consigan abandonar el país sin problemas. Esto no ocurrió.

Regalado indica que “hay una buena masa de venezolanos que salieron del Ecuador durante la pandemia”. Además, se presume que existió un alto número de contagios durante el viaje de retorno. “Recibimos familias de Chile y un gran porcentaje de Perú, retornando para Venezuela”, agrega.

Tanto organismos sociales como el gobierno nacional coinciden en que no hay datos precisos sobre la cantidad de personas que salieron y entraron por estos pasos ilegales durante la pandemia. 

Regularización migratoria en medio del caos

Otro de los retos que tuvieron que enfrentar en el ámbito migratorio durante la pandemia fue la regularización que emprendió el gobierno el año pasado.

El 26 de julio de 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto 826. Este buscaba regularizar, por un lado, con una visa excepcional de residencia temporal a los ciudadanos venezolanos que ya se encontraban en Ecuador y que no han violado la Ley. Y, por otro, buscaba plantear como exigencia para el ingreso al país una visa humanitaria.

Para Regalado, “la regularización que se realizó por parte del gobierno nacional no fue efectiva, no fue conforme a una realidad”.

Muchos no lograron completar el proceso de regularización en el tiempo designado por varias razones. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta septiembre el Ecuador emitió más 44.051 visados de excepción por razones humanitarias (Verhu) a personas venezolanas en el proceso de regularización que culminó el 13 de agosto.

 

Las discontinuidades en los procesos regulatorios, un sistema que no ha resguardado las necesidades ni derechos básicos de su población y la desesperación del migrante por salir o regresar a su país de origen en busca de mejorar sus condiciones de vida, han traído como resultado una migración completamente irregular.

Alfredo López maneja la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador (ACVE) creada en el 2015, el objetivo de esta sociedad es asesorar, capacitar, brindar servicio y cultivar una responsabilidad migratoria en la comunidad migrante no solo venezolana. 

López comenta que este tiempo de pandemia ha sido sumamente difícil al no contar con un consulado que pueda garantizar al menos documentos de identidad a la comunidad en movilidad. La mayoría de las personas de ciudadanía venezolana que se están desplazando carecen de un documento de identidad válido y vigente porque no lo están otorgando en Venezuela. 

¨No se otorgan pasaportes o un documento que acredite el no tener antecedentes penales, como consecuencia, algunos grupos de migrantes han tenido que pasar la frontera de manera irregular arriesgándose a una serie de dificultades y contratiempos, más que por irresponsabilidad, porque así se los ha impuesto el sistema¨, afirma López. 

De retorno a Venezuela les espera una situación preocupante al no contar con servicios básicos, no poder circular por la falta de gasolina, y por la inactividad del país.

Entre el temor por contagio y el trabajo por necesidad

Las medidas de restricción para evitar la propagación del virus paralizaron una economía que venía en recesión desde hace varios meses. Esto provocó el cierre de empresas y el despido masivo de empleados.

“Muchas personas en movilidad humana, entre ellas la población venezolana, dejó de percibir ingresos económicos para subsistir, agravando aún más su situación actual”, asegura la OIM. 

En Ecuador, casi el 60% de los venezolanos con empleo trabaja en el sector informal, de acuerdo con el Banco Mundial. Si bien en el país hubo irrespeto a las normas por parte de los trabajadores informales, gran parte de la población venezolana evitó salir a las calles por temor a un contagio, explica Regalado.

“Las personas que estaban trabajando en el sector informal y los que tenían un empleo fijo con contrato o sin contrato, en este momento están desempleados, no tienen remuneración”, declara Regalado. Muchos de ellos fueron despedidos intempestivamente y no recibieron sus liquidaciones.

López añade que en la ACVE han recibido diariamente alrededor de 50 llamadas por despidos intempestivos y desalojos arbitrarios. Los dueños de lugares rentados habrían tomado esta decisión por el incumplimiento de las obligaciones, lo cual a su vez dejó a esta población más vulnerable ante el virus.

“El futuro es incierto. La situación económica del país, incluyendo la del IESS, mantiene con incertidumbre a la comunidad venezolana, al igual que a la ecuatoriana. Los trabajadores sociales hemos notado que las personas quieren volver a su país de origen, solo esperan que las cosas mejoren para poder viajar sin ningún inconveniente”, agrega López. 

 La batalla contra el Covid-19

Mantener un registro de contagios y muertes por Covid-19 dentro de la comunidad venezolana ha sido inabordable por el constante movimiento y la difícil situación. Sin embargo, varias entidades confirman que en general los casos de fallecimiento conocidos han sido pocos.

Regalado expone que no hubo muchos casos de contagio en esta población durante el estado de excepción. “Todo venezolano sabe que si se enferma en un país extranjero donde no hay atención directa y hay muy poca empatía, el riesgo es más alto”, puntualiza.  

Con el pasar de los meses, muchos retomaron sus trabajos en el sector informal. “Tienen que salir a la calle a vender porque tienen que comer”, señala Regalado. Esto ha traído consecuencias en la comunidad migrante. “Vemos con preocupación que los contagios de Covid-19 están incrementando a partir de septiembre hasta lo que va de noviembre en su mayoría”, añade. 

La comunidad venezolana no solo atraviesa un miedo constante hacia el contagio en su cotidianidad, sino que también enfrentan la preocupación de no poder tener acceso a los servicios de salud debido a la indocumentación. La OIM enfatiza que “frente a las condiciones económicas, técnicas y de infraestructura sanitaria que requieren un contexto como el actual, todo esfuerzo es limitado y existirán brechas significativas de atención a la población en movilidad humana”.

Frente a esto, López comenta que sí existen unas cuantas denuncias de personas que no han sido atendidas o admitidas en órganos asistenciales del estado por no tener visa o documentos vigentes, lo cual incumple su derecho a la salud. 

Acceso a la educación con matices

A pesar del libre acceso, según el Banco Mundial, “el 56% de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana no se integra al sistema educativo” del Ecuador. Hasta septiembre del 2019, “había 17 602 estudiantes de ese país en los planteles ecuatorianos”. 

En marzo, el Ministerio de Educación decidió adoptar el sistema de aprendizaje a distancia para evitar la propagación del virus. Muchos planteles reemplazaron las clases presenciales por sesiones virtuales. 

Los despidos y la imposibilidad para trabajar golpeó directamente a los bolsillos de las familias venezolanas en Ecuador. Según Regalado, muchos estudiantes “no tienen computadoras, internet, ni útiles escolares” debido a la crisis económica.  

López comenta que la ACVE está actualmente trabajando en un proyecto de recaudación de donativos destinados a garantizar la educación a los niños. Este tipo de proyectos, sin embargo, funcionan como una ayuda social mas no como una solución radical al problema que si podría proporcionar el estado.   

Volver al país de origen tampoco podría significar una solución muy alentadora, al tomar en cuenta que, según López, hay alrededor de 80% de deserción escolar en Venezuela principalmente por no tener cómo movilizarse y 70% de los docentes han salido del país.

Este texto fue escrito por Arutam Antunish y Andrea Aguirre, estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito