El Gobierno de Noboa reactivó el catastro minero tras siete años de inactividad y anunció una tasa diferenciada, según tipo y fase del proyecto. ¿Servirá esto realmente para controlar la minería ilegal? Empresarios temen impactos en las inversiones; expertos critican la falta de eficiencia institucional.
POR: Juan Camilo Escobar
Representantes de empresas mineras que operan formalmente en Ecuador celebran la decisión del Gobierno de reactivar el catastro minero, inactivo desde 2018, una medida que calificaron como el cumplimiento de una “deuda histórica” con el sector y con el país.
No obstante, expresaron preocupación por la introducción de una nueva tasa de supervisión y control, que el Ejecutivo prevé aplicar a todas las escalas de operación. Explicaron que la tasa podría tener un efecto adverso a las empresas mineras que se encuentran en exploración.
De acuerdo con el anuncio de la medida que ayer realizó el gobierno, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) cobrará la tasa, con una recaudación estimada en 229 millones de dólares anuales, recursos que se destinarán exclusivamente a labores de inspección, monitoreo ambiental, fiscalización en campo y fortalecimiento institucional.
Así, la nueva tasa será diferenciada según tipo de régimen (pequeña, mediana y gran minería), etapa del proyecto (exploración, explotación, cierre) y número de hectáreas concesionadas, con aplicación también al régimen general. Los detalles operativos serán definidos por la entidad mediante una normativa secundaria, según el anuncio oficial.
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, calificó como “desproporcionada” una primera propuesta publicada ese mismo día por la Arcom, que plantea abrir una consulta pública para definir una fórmula de cálculo de tasas para empresas de pequeña, mediana y gran escala.
“Entendemos que el Gobierno busca combatir la minería ilegal, pero al imponer una carga impositiva imposible de asumir para muchos concesionarios mineros, tememos que ocurra lo contrario: que devuelvan sus concesiones, se retiren del país y esos territorios queden a merced de los mineros ilegales”, dijo Silva.
En cualquier caso, la propuesta de fórmula de la Arcom, aún en fase de consulta, establece que los valores que deberán pagar las empresas se calcularán con base en un porcentaje del salario básico, actualmente en 470 dólares, multiplicados por coeficientes técnicos según la fase minera y el número total de hectáreas concesionadas.
Así, según Arcom, la fórmula de cálculo es la siguiente:
- Tasa final = (número de hectáreas) × (coeficiente por fase minera) × (SBU)
Y los coeficientes varían por tipo de minería y etapa del proyecto de minería metálica.
En gran minería, la tasa por hectárea es de:
- $117,50 en evaluación económica (25% del salario por hectárea)
- $352,50 en exploración avanzada (75%)
- $470 en explotación (100%).
En mediana minería:
- $141 en exploración inicial (30% del salario por hectárea)
- $188 en exploración avanzada (40%)
- $235 en explotación (50%)
En pequeña minería:
- $70,50 en exploración (15% del salario por hectárea)
- $94 en exploración-explotación (20%)
- $117,50 en explotación (25%).
Para minería no metálica, los porcentajes propuestos son más bajos:
- 7% del salario en gran minería ($32,90 por hectárea),
- 5% en mediana minería ($23,50),
- 3% en pequeña minería ($14,10).
Las licencias de comercialización, al no estar vinculadas a hectáreas, tendrán un valor fijo, equivalente a 10 salarios básicos, es decir, $4.700 con el actual salario de 470.
LA APLICACIÓN
El Gobierno anuncia que comenzará a aplicar de forma escalonada una nueva tasa de fiscalización minera a partir de julio, como parte de una estrategia para fortalecer el control sobre la actividad extractiva legal y combatir la expansión de la minería ilegal, según anunció el Ministerio de Energía y Minas en un boletín de prensa.
La implementación estará a cargo de la Arcom y se desarrollará en cuatro fases, que incluyen desde la aprobación administrativa hasta el cobro efectivo de la tasa.
La fase 1, que consistió en la aprobación de la tasa mediante resolución de directorio, se concretó el 1 de junio. En la fase 2, prevista hasta el 15 de junio, la Arcom elaborará los mecanismos técnicos y operativos para ejecutar el cobro.
A partir del 30 de junio comenzará el primer cobro proporcional correspondiente al primer semestre para titulares de mediana minería, gran minería y licencias de comercialización, con un plazo de pago hasta el 31 de julio. Un segundo cobro para este mismo grupo, correspondiente al segundo semestre, se realizará con corte al 31 de diciembre, y el pago deberá completarse hasta el 31 de enero de 2026.
Para la pequeña minería, el cobro será anual y único, y se aplicará en la cuarta fase del cronograma, también con corte al 31 de diciembre.
La minería artesanal quedó exenta de la tasa, mientras que los pequeños productores, según el Ministerio, se beneficiarán del incremento de controles frente a la competencia desleal que representan las operaciones ilegales.
Según el Ministerio, esta medida fue socializada con el sector minero entre el 19 y el 27 de mayo. También asegura que la tasa no constituye un impuesto, sino una contraprestación por los servicios públicos de supervisión que presta Arcom; y que los recursos recaudados se destinarán exclusivamente a mejorar la vigilancia técnica, legal y ambiental en las más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas en el país.
Entre los gastos previstos constan la contratación de 600 técnicos, la adquisición de drones, software de monitoreo satelital, camionetas 4×4 y sistemas de inteligencia minera, además del desarrollo de un laboratorio acreditado para análisis de muestras.
CRITERIO
El biólogo Paúl Paredes, máster en sistemas de gestión ambiental, cuestionó la efectividad de las medidas, al considerar que la reactivación del catastro y la creación de una tasa de supervisión resultan incompletas, si no van acompañadas de una reforma profunda en los procesos de tramitación y regularización de concesiones y, sobre todo, de planes de control coordinados con varias instituciones del Estado y gobiernos locales.
Paredes advirtió que, en la práctica, las solicitudes de concesiones mineras pueden tardar más de cuatro años en resolverse, debido a la acumulación de trámites y la falta de mecanismos expeditos de gestión. Esta situación —dijo— genera un entorno de inacción institucional, mientras la minería ilegal se expande sin control en varias zonas del país.
“La Arcom, como agencia de control minero, eventualmente hace controles a las empresas legalizadas, pero también hace operativos de minería ilegal, en donde tienen que activarse varias instituciones, como Fiscalía, Ejército, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía, Policía. Entonces lo que falta es un plan específico de qué es y dónde es lo que quieren atacar. Falta especificar las directrices si es por daño ambiental, sanciones por pasivos ambientales o por planes de reparación”, comentó.
“Además, falta conocer qué van a hacer con la sociedad, con las comunidades que están cerca de las zonas de minería ilegal. Muchas de estas zonas son olvidadas por el Gobierno y, cuando les ofrecen pagar dinero por realizar ciertas actividades de minería, la gente va y lo hace. No basta con implementar una tasa o reabrir el catastro, si el Estado no garantiza procedimientos eficientes. La lentitud en la autorización de interesados en concesiones legales contrasta con la proliferación de operaciones ilegales que no cumplen estándares técnicos ni ambientales”, sostuvo.
Por su parte, Silva afirmó que “no es coincidencia” que la minería ilegal haya aumentado tras el cierre del catastro minero hace 7 años. “Si no se impulsa y no se concesiona territorios con potencial minero a empresas que se hagan responsables, el potencial está ahí y alguien lo va a aprovechar. Y, lamentablemente, manos malvadas han tomado control de muchos de esos territorios”.
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