Desde varios sectores cuestionan decisiones de jueces a favor de peligrosos delincuentes, que inclusive tienen sentencias condenatorias. El Embajador de Estados Unidos puso el dedo en otra llaga del país. 

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio del Interior respaldó el trabajo que realiza la Policía, defendiendo que ejecuta una “constante lucha contra el crimen organizado”. Enseguida, esta cartera de Estado exigió a la Función Judicial que cumpla su trabajo y garantice la continuidad de los procesos conforme a sus competencias. El titular de este Ministerio, Juan Zapata, a través de la misma vía, informó que la Policía ha entregado pruebas contundentes para que los delincuentes cumplan sus penas. “Necesitamos que el sistema Judicial apoye nuestra labor y respete el trabajo de los uniformados que arriesgan su vida a diario”, consta en el post. 

Hay más: la Secretaría General de la Presidencia de la República informó, a través de un comunicado, que Junior Roldán Paredes, alias ‘Jr’, cabecilla de Los Choneros, recibió la prelibertad por parte de un juez de Garantías Penales de Guayaquil, y que minutos más tarde fue capturado en delito flagrante por tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. En el comunicado, esta dependencia del Gobierno asegura que Ecuador espera que el sistema Judicial sea consecuente en las decisiones que tome al respecto y respete el trabajo de la Policía. “La ciudadanía y el Gobierno exigimos a los jueces que actúen, que cumplan con su parte en la lucha por la seguridad ciudadana”.

Y más: la Fiscalía General también expresó su “rotundo” rechazo a la decisión del juez Jorge Macías de concederle la prelibertad a  alias ‘Jr’. Según esta institución el cabecilla de Los Choneros tiene nueve sentencias condenatorias por delitos como asesinato, que dan cuenta clara de la reincidencia en la que ha incurrido el sentenciado.

“La Fiscalía considera que este tipo de decisiones afectan gravemente la administración de justicia, laceran la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y permiten que los hechos delictivos ejecutados por alias ‘Jr’ queden en la impunidad”, menciona la institución. 

La Justicia en el ojo de la tormenta

Son pronunciamientos que en menos de 48 horas se suman a otros cuestionamientos que se han dado al sistema de administración de Justicia por fallos cuestionados de jueces. Además del caso ‘Jr’, también causó sorpresa la decisión de un juez de ordenar la libertad de Daniel Salcedo, al considerar que caducó la prisión preventiva, a pesar de que tiene tres sentencias condenatorias en su contra y otras investigaciones abiertas por casos de corrupción. 

También se dio el caso de otro juez que, según el presidente, Guillermo Lasso, dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva a favor de cinco presuntos delincuentes entre los que estaría alias el ‘Gordo Luis’, de la banda de Los Lobos, involucrado en el asesinato del director de la cárcel de El Inca, en Quito. Incluso Lasso calificó a ese juez como “enemigo de la seguridad pública, defensor de delincuentes”.

Durante la jornada ‘Iniciativas anticorrupción’, que se desarrolló en la Universidad Andina Simón Bolívar, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, fue sumamente duro al criticar la aplicación de la justicia en el país. Recordó que hace un año causó revuelo su declaración de que en Ecuador existían “narcogenerales” y ratificó que la legitimidad de la administración de justicia radica en la fe de los ciudadanos en los fallos y sentencias revestidos de verdad, integridad y sapiencia. “Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor, en camuflaje para proteger a narcos, matones o testaferros pagados para lavar su cara, su plata y su imagen pública, la Justicia pierde relevancia y, por lo tanto, se deja de creer en ella”, mencionó. 

Agregó que Ecuador vive un momento complejo para su convivencia pacífica y puso de ejemplo lo que sucede en Guayaquil y Esmeraldas, afectadas por la extrema inseguridad y los homicidios. Para el Embajador, los carteles del narcotráfico están peleando entre ellos por el control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la “justicia”; y atentados como el ocurrido en el barrio Cristo del Consuelo —Guayaquil—, que dejó varios fallecidos, heridos y viviendas destruidas, ha quedado en la impunidad. “Una muestra más de las fallas colectivas del sistema de Justicia”, mencionó. 

Fitzpatrick detalló que el crimen organizado opera a través de la compra de jueces, de la intimidación de testigos y gracias al abuso rutinario del hábeas corpus y de procesos legales que no se extienden al resto de detenidos ni a los pobres que no tienen acceso a un “narco abogado”. Y cuestionó el procedimiento jurídico que se aplica en el país:  “¿Alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de investigación? Es como decir: ‘estimado señor Pablo Escobar, le escribo para avisarle a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra por el atentado, el bombazo de anoche y otra por el sicariato de esta mañana. Todavía no hay acusación en su contra porque en este momento estamos investigando, pero ahora estás avisado. Que tengas un feliz día. Firmado, formalmente, Fiscalía General”. Aseguró que es una norma tan absurda que Colombia la cambió hace décadas, mientras que Ecuador no lo ha hecho. 

Mientras que anoche Lasso, en cadena nacional, se dirigió al país para asegurar que en el país hay independencia de poderes, pero no indiferencia. Aseguró que su Gobierno respeta a todas las Funciones del Estado, lo que no implica “quedarnos callados cuando dichos poderes falten a sus obligaciones”. Les dijo a jueces y a fiscales que, aunque dicen que la Justicia es ciega, no les da vía libre para “hacerse de la vista gorda”. 

Mencionó el caso de alias ‘Gordo Luis’, quien no cumplió la orden de presentarse ante el juez como medida sustitutiva y presentó un certificado médico falso para no cumplir con su obligación legal y, horas después, la Policía lo recapturó con siete kilos de cocaína, fusiles y pistolas. “Aquí hay sólo dos opciones, la primera es que el juez sea excesivamente noble y la segunda opción no la quiero ni mencionar aquí”, manifestó. Les dijo a los jueces que la paciencia de la ciudadanía se está acabando y que los jueces deben impartir justicia, no impedirla. “Aquellos malos funcionarios que entorpezcan la Justicia, en lugar de servirla, serán expuestos. Quienes la obstruyen serán llevados ante la corte de la opinión pública, donde deberán responder”, manifestó Lasso. 

Ratifican jalón de orejas 

Leonardo Tipán, abogado especialista en materia penal, asegura que, ni lo manifestado por Lasso constituye interferencia de funciones o “metida de mano a la Justicia”, como fue en años pasados, ni lo expresado por el Embajador de los Estados Unidos es intromisión en asuntos de otro Estado. El abogado considera que el llamado de atención hecho por Lasso obedece a una especie de desesperación, que vive también la ciudadanía, al ver que peligrosos delincuentes ligados al narcotráfico y a la delincuencia organizada salen en libertad por controversiales decisiones judiciales. Agrega que se debe hacer un llamado de atención al Consejo de la Judicatura para que verifique qué jueces son honestos, probos. Mientras que el análisis de Fitzpatrick, dice Tipán, nace de la experiencia de administración de Justicia que se aplica en su país. El penalista se une al jalón de orejas y asegura que los jueces están aplicando mal el Código Orgánico Integral Penal, como las medidas sustitutivas, y no se dan cuenta del mal que causan con esas acciones. Por eso, considera que debe cumplirse una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para, además de lo administrativo, establecer hasta dónde puede llegar un juez, cuáles son los límites de su competencia. 

En momentos en que el país busca una normativa que ayude a combatir esos grandes delitos, ya sea a través de consulta popular o de reforma constitucional, la experta en seguridad Carla Álvarez asegura que ninguna iniciativa será suficientemente para lograr una sociedad de paz, si no hay un sistema de justicia transparente; ya que, si esta se encuentra corrompida, deslegitimada y con poca credibilidad, es poco probable mejorar la convivencia. 

El Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado por esta serie de críticas. Por su parte, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, en declaraciones al noticiero de Ecuavisa dijo, en referencia a las críticas del embajador estadounidense, que el crimen organizado pretende entrar en varias instancias, entre ellas en la Justicia, pero que Ecuador está a tiempo de frenar esa intención ya que es algo que no se puede permitir. Añadió que, si existen ‘narco jueces’, hay que investigar y sancionar, pero que no se puede generalizar y hablar de todo el sistema de Justicia.

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