Carlos Luis Morales, prefecto de Guayas, deportista y comunicador, era investigado por presunto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. A él y otras siete personas se les inició una instrucción fiscal por este delito.
El 25 de mayo se denunció que habría sobreprecio en compras públicas de mascarillas y pruebas rápidas de COVID-19 hechas por la Prefectura, a través de empresas en las que estarían vinculados familiares de Morales. También se reveló un contrato por 90 mil dólares con una empresa que entregaría una proyección estadística de muestreo aleatorio de pruebas rápidas. Dicho contrato fue firmado por un hombre de 76 años residente en Chongón (Guayaquil).
Dos días después, la Fiscalía allanó la Prefectura. El 1 de junio, el bloque del Partido Social Cristiano (PSC) y Madera de Guerrero le exigieron que explique o renuncie.
El 2 de junio, Carlos Luis Morales presentó una denuncia en la Fiscalía y pidió que se investiguen a varias personas, entre ellas dos de los hijos de Sandra Arcos, su esposa, como presuntos involucrados.
El miércoles 3 de junio, se allanó la casa del Prefecto en Samborondón (Guayas), pero no lo encontraron. Horas después fue detenido para investigaciones en Guayaquil, en un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional (PN). El juez Alfonso Ordeñana le impuso portar un grillete electrónico como medida preventiva y el funcionario quedó en libertad la madrugada del 4 de junio. El 5, los alcaldes de la provincia de Guayas pidieron su destitución.
Pablo Encalada, abogado penalista, explica que la consecuencia jurídica del fallecimiento de Carlos Luis Morales es la extinción de la acción penal. “Él murió como inocente, porque nunca se podrá probar su culpabilidad, no podrá ser procesado ni sancionado”. Sin embargo, sus comunicaciones pueden ser analizadas: con quién se reunió, qué papeles firmó. “Si hay otras personas involucradas, el caso debe continuar, y la Fiscalía -al término de los 90 días- podrá acusar formalmente a los otros. A él, obviamente, ya no”.
¿Y qué pasará con la denuncia que él interpuso? La Fiscalía deberá continuar con ese proceso.
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