Un Tribunal le concedió las medidas cautelares que había solicitado en contra del Pleno de la Asamblea. El PSC y UNES pusieron una denuncia legislativa contra ella y el CAL para insistir en la comisión de evaluación.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), frenó —por el momento— las intenciones de la oposición legislativa de integrar una comisión multipartidista ad hoc que evalúe su gestión y la de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El asambleísta de UNES Fausto Jarrín había ingresado una moción para que se modificara el orden del día y se debatiera la integración de la comisión. Sin embargo, minutos antes de que se instalara la sesión del Pleno 771, donde debía tratarse el tema, se conoció que el Tribunal de Garantías Penales, integrado por los jueces Pilar Tapia, Olga Ruiz y Julio César Obando (ponente), admitió la petición de medidas cautelares presentada por Llori en contra del Pleno de la Asamblea y ordenó que se abstuvieran de conocer, debatir y resolver el pedido del proyecto de resolución para la creación de la comisión ad hoc. Los jueces, en su argumentación, consideran que hay la existencia de amenaza de vulneración de los derechos constitucionales de la Presidenta de la Asamblea.
Jarrín calificó a esta resolución de «grosera» intromisión de la Justicia en las actividades propias de la Legislatura. «En un proceso espurio en que nuestra representante se demanda a sí misma utilizando funcionarios de la Asamblea para demandar medidas cautelares contra este Pleno, en su derecho de que el CAL sea evaluado. Aprovechándose de un dictamen oscuro de la Procuraduría pretende que los asambleìstas no podamos ejercer lo que en derecho nos corresponde», dijo. Sin embargo, se abstuvo de pedir el cambio del orden del día argumentando que no podían, ni él ni el resto de legisladores, violar una resolución judicial y caer en desacato.
Cuestiones legales
Julio César Sarango, asesor jurídico de la Presidencia de la Asamblea, manifestó que Llori no se aferra al cargo, sino que tiene que hacer que se cumpla con la Ley, con los procedimientos y que se garantice la seguridad jurídica. Sarango aseguró que la medida cautelar es indefinida hasta que se verifique que no existe el riesgo de vulnerar derechos constitucionales, pero que cualquier asambleísta puede presentar la revocatoria de la medida. Pidió a los Legisladores que si insisten en la conformacion de la Comisión, que cumplan el procedimiento establecido en la Ley; es decir, que primero presenten una denuncia, la que deberá ser calificada por el CAL —los denunciados en este caso— y, si es admitida, que siga el procedimiento regular.
Barajan las opciones
Las bancadas analizaban con sus equipos jurídicos las alternativas para superar este revés. El asambleísta independiente John Vinueza dijo que ese recurso le permite ganar tiempo a Llori para tratar de convencer (lograr votos) a los legisladores para mantenerse en el cargo.
En los últimos días, Llori se ha quedado huérfana de apoyo político en la Asamblea, ya que los bloques legislativos, excepto Pachakutik, han expresado la necesidad de conformar la comisión. Entre estos constan ahora la Izquierda Democrática y el BAN (oficialista), que se habían opuesto a la conformación de dicha instancia. Ahora mencionan que es necesaria, pero respetando el procedimiento; es decir que se ponga la denuncia y que la comisión se integre con los jefes de las cinco bancadas legalmente reconocidas: BAN, ID, Pachakutik, UNES y PSC.
Marlon Cadena, de la Izquierda Democrática, dijo que mientras está vigente la medida cautelar se puede adelantar en el análisis de cómo llevar adelante el proceso sin vulnerar derechos constitucionales, que es lo que señala la resolución del Tribunal. «Nos pide que hagamos bien las cosas y nosotros estamos en la línea de respetar la Ley y la instituciónalidad», manifestó.
Caída la tarde, el asambleísta Esteban Torres, del PSC; y la bancada correísta UNES presentaron dos denuncias administrativas ante el departamento de Gestión Documental de la Asamblea para cumplir con este procedimiento. La primera fue contra Llori, por supuesto incumplimientos de funciones; y la segunda contra todo el CAL. El objetivo de ambas es que se conforme la Comisión.
El veto va a la Corte Constitucional
Frustrado el intento de la oposición de debatir la integración de la comisión, Llori dio paso al orden del día. Como segundo punto estuvo el tratamiento del informe de la Comisión de Justicia sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo. Johanna Moreira (ID), ponente, mocionó que el veto sea remitido a la Corte Constitucional y se suspenda el plazo para su tratamiento en la Asamblea, que vence el 15 de abril. Dijo que no podían presentar un informe sobre allanamientos o ratificaciones. El Ejecutivo, en el texto del veto, aduce que no se ha respetado la sentencia de la Corte Constitucional, que en abril de 2021 despenalizó el aborto por violación.
Mientras que Pierina Correa (UNES) mocionó que el Pleno se allane al veto parcial. Aseguró que la Ley no prevé que la Asamblea de por sí remita el veto a la Corte. Ana Belén Cordero (BAN) agregó que la propuesta de Moreira se debía a que no cuentan con los votos (mínimo 92) para ratificarse en el texto original.
Fue la moción de Moreira la que tuvo respaldo. Con 75 votos a favor se dispuso que el veto pase a la Corte Constitucional para su pronunciamiento y que se suspendan los plazos del tratamiento en la Asamblea.
Luego, la sesión continuó con otros puntos en el orden del día.
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