Diana Salazar afirmó —durante la audiencia de vinculación del caso ‘Metástasis’— que esa misma banda fue contratada para asesinar a Fernando Villavicencio, entonces candidato presidencial de Construye. Hay ocho nuevo vinculados al proceso, conoce los detalles.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo hoy abiertamente que grupos delincuenciales buscan atentar contra su vida. «El mismo grupo que asesinó a Fernando Villavicencio (excandidato presidencial de Construye) ha sido contratado para acallar la voz de esta fiscal», aseguró Salazar durante la audiencia de vinculación de ocho personas más al caso Metástasis. 

Durante varios pasajes de esta audiencia, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal no dejó de mencionar que quieren atentar contra su vida, contra su integridad y la de su familia. 

Para, finalmente, dar un nombre de quién estaría atrás de un posible atentado en su contra. “(Fabricio) Colón Pico es uno de los encargados de atentar contra la Fiscal. Y ahora sí lo digo públicamente y que me vengan a asesinar”, dijo. 

A Colón Pico se le ha asociado con la banda de Los Lobos, en Quito y tiene un historial delictivo de casi 30 años, que incluye narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. Sin embargo, al momento no hay orden de prisión en su contra. 

Precisamente, casi al término del alegato en la fórmulacion de cargos, Salazar responsabilizó directamente a la banda de Los Lobos como los responsables del asesinato de Villavicencio y de estar planificando el atentado en contra de su vida. Dijo que estas presuntas intenciones ya están en investigacion previa y que están identificadas las personas involucradas, entre ellos Colón Pico. 

La audiencia 

«El Estado ha salido utilizado por grupos criminales organizados, sobre todo en el ámbito de la Justicia», aseguró Salazar, en la audiencia donde se vinculó a un total de ocho personas más en el grado de autores del delito de delincuencia organizada, entre ellos a Xavier Jordán, quien se encuentra en Estados Unidos; a Daniel Salcedo y al abogado Cristian Romero. 

Todos ellos estuvieron, según la Fiscalía, bajo el mando de Leandro Norero para cometer una serie de delitos, logrando infiltrarse no solamente en el sistema judicial, sino también en la política, municipios y otras entidades, a través de diversos operadores. Norero fue un capo del narcotráfico asesinado en la cárcel de Cotopaxi durante un motín carcelario. Según la Fiscalía, a raíz de la detención de Norero, el 25 de mayo de 2022, desde la cárcel de Cotopaxi  se empezó a dar forma a esta delincuencia organizada que usó la corrupción como medio para tomarse diversas instituciones del país. 

Mencionó a Jordán como la persona que ponía a disposición de Norero recursos humanos, económicos y materiales para cumplir sus «acciones criminales», que incluían fraudes procesales, lavado de dinero, instigación a cometer delitos en contra de la vida de Villavicencio o de los periodistas Sara Ortiz, Cristian Zurita o del político César Litardo, expresidente de la Asamblea. 

Según Salazar, Jordán fue —junto a Norero— jefe y líder de la organización criminal. De Romero, en cambio, dijo que es un abogado que no ejerció su profesión, sino que se dedicó a planificar y ejecutar decisiones para intervenir directamente en los procesos judiciales a cambio de sobornos y que luego se jacataba en las redes sociales de ser «un abogado exitoso».  Además de que aseguraba que tenía contralada la Corte Nacional de Justicia. 

En cambio, sobre Daniel Salcedo, alias ‘El Bellito’, dijo que estaba acostumbrado a corromper el sistema de justicia, aparte de ser el planificador de delitos en contra de empresas públicas a través, por ejemplo, de la compra de cargos públicos. 

Para todos pidió que se dictara orden de prisión preventiva para garantizar su presencia en las siguientes etapas procesales. En cuanto a Jordán, Salcedo y Romero solicitó, además, que se oficie a la Interpol orden internacional de localización y captura, ya que  considera que no están en el país. También solicitó que el tiempo de instrucción fiscal se extienda por 30 días más, que se sumarían a los 90 que ya estaban corriendo. 

La Fiscal adelantó que este este es un primer bloque de nuevos vinculados, por lo que no se descarta que al caso sean vinculadas, en el futuro, otras personas. Al cierre de esta nota intervenían los abogados de los ocho vinculados. Hasta el momento son 39 los procesados.

Infiltración política 

En los elementos expuestos ante el juez de la audiencia, Felipe Córdova, la Fiscal también habló de las conexiones políticas que Norero y los hoy vinculados tenían con figuras y grupos políticos para lograr sus objetivos. Un ejemplo de esto sería el control político que los involucrados se jactaban de haber logrado en la Asamblea a través de un grupo con iniciales RC (Revolución Ciudadana o correísmo) a través de su principal operador, el entonces asambleísta de esa agrupación Ronny Aleaga, a quien la Fiscalía le identifica como alias ‘Ruso’. A través de sus redes sociales Aleaga negó que haya tenido vínculos con Norero. El exlegislafor calificó de «nueva infamia en su contra» lo mencionado por la Fiscalía.

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