Cada vez se acerca más el momento de la decisión: ¿quién reemplazará a Daniel Noboa si se confirma su candidatura a la reelección? En medio de la crisis en el TCE y con una denuncia de la vicepresidenta, Verónica Abad, contra Noboa, el panorama es aún incierto.
Para usar un lugar común: las elecciones presidenciales del 9 de febrero están a la vuelta de la esquina. Faltan 147 días para el inicio de la campaña electoral, programada entre el 5 de enero y el 6 de febrero. Durante este período de 30 días, la ley permite que el presidente en funciones que busque reelegirse por una sola vez consecutiva participe en la campaña, siempre y cuando delegue la Presidencia al vicepresidente. En teoría, el procedimiento es simple.
En la realidad, en cambio, aunque este mecanismo legal parece sencillo, con solo dos pasos, ha generado complicaciones significativas en la política ecuatoriana actual, debido a la ruptura, aparentemente irreversible, de las relaciones entre el presidente, Daniel Noboa y la vicepresidenta, Verónica Abad.
En consecuencia, analistas y políticos de diversas tendencias han advertido que la situación es de «pronóstico reservado», dado que el conflicto ha escalado hasta involucrar aspectos judiciales. Así, este conflicto ha tenido al menos 10 momentos de gran tensión. Veamos:
- El 24 de noviembre de 2023, al día siguiente de asumir la Presidencia, Noboa firmó el Decreto 27, relegando a Abad a una sola función: embajadora en Israel. Para Abad, esto representó un intento deliberado de minimizar su influencia y sacarla de la esfera pública. Su preocupación era que estas acciones buscaban impedirle reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, especialmente si Noboa optaba por la reelección. Luego también denunció que otro decreto la había dejado sin servicio de seguridad y protección en Israel, poniendo en peligro a ella y a su familia. Esta situación, según Abad, no era un simple descuido.
- El 19 de enero anterior Noboa declaró que Abad podría ser enviada a la Antártida.
- El 27 de marzo Abad y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, intercambiaron acusaciones. Abad criticó a Sommerfeld por no autorizarle las vacaciones mientras enfrentaba presiones gubernamentales para renunciar a la Embajada, lo que podría llevar a su destitución por incumplimiento de funciones. Sommerfeld respondió que Abad, en lugar de cumplir con sus deberes, actuaba en contra de Ecuador.
- El 14 de mayo Abad acusó a Noboa y a su Gobierno de hostigamiento. Y dijo que no renunciará, por lo que le corresponde asumir la Presidencia cuando Noboa se presente a la reelección.
- El 28 de mayo el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, afirmó que “sería nefasto para el país que una persona que no comparte la visión del presidente asuma el poder”.
- El 31 de mayo, la asesora presidencial Diana Jácome insinuó que Abad había priorizado su posición de poder sobre la preocupación por su hijo, quien estuvo preso en la cárcel de máxima La Roca, en Guayaquil, bajo acusación de tráfico de influencias.
- El 11 de junio la Fiscalía vinculó a Abad en un caso de presunta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia que investiga a su hijo.
- El 14 de junio, la Asamblea se negó a autorizar el enjuiciamiento penal contra la vicepresidenta Abad en el caso Nene.
- El 17 de junio Fernando Muñoz, entonces presidente del TCE, archivó una primera denuncia presentada, a título personal, por Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, por supuesta campaña anticipada como candidata a la Alcaldía de Cuenca.
- El 16 de julio, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) informó que admitió una segunda denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Además, convocó una audiencia para el 15 de agosto con el propósito de iniciar el trámite de este caso.
Y el más reciente capítulo de esta ruptura corresponde a este mes. Abad presentó una denuncia de infracción electoral muy grave por violencia política de género contra el presidente Noboa y otros funcionarios (Torres, Sommerfeld y Jácome), en el Tribunal Contencioso Electoral.
Abad acusa a Noboa de disminuir su participación en las decisiones políticas del Estado desde que firmó el Decreto Ejecutivo 27. Afirma que esta medida busca eliminar su presencia en la vida pública del país, «casi al punto de desaparecer la figura política e institucional de la Vicepresidencia».
LO QUE VIENE
El ingreso de la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el inicio de su trámite, al igual que la ruptura de relaciones entre Noboa y Abad, han sido conflictivos. La denuncia fue presentada el jueves 8, justo antes de un feriado nacional de tres días. Posteriormente, el TCE experimentó un movimiento inesperado, en el que funcionarios se autoconvocaron y destituyeron al presidente Fernando Muñoz por supuestos errores administrativos, designando a Ivonne Coloma como su reemplazo.
Hasta el cierre de esta nota, el TCE aún no había «sorteado la causa», es decir, no había designado a uno de los jueces como «ponente» o responsable del trámite de este caso.
Si el trámite avanza con una resolución favorable a Abad, el TCE puede aplicar la Ley Orgánica Electoral (Código de la Democracia), que sanciona la infracción electoral muy grave con la destitución y/o suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años. En pocas palabras, esto podría resultar en la destitución de Noboa y de los demás funcionarios acusados por Abad. El artículo 279 de dicha Ley establece que la violencia política es «la agresión cometida por una persona o un grupo de personas contra mujeres candidatas, militantes, electas o que ejerzan cargos públicos, buscando impedir o restringir el ejercicio de sus funciones».
Además, ese mismo Código establece que se sanciona con una multa de entre 21 y 70 salarios básicos (de 8.925 a 29.750 dólares), además de la citada destitución o suspensión de derechos de participación entre dos y cuatro años.
En el texto de la demanda, Abad es clara en solicitar que se apliquen las sanciones máximas:
Sin fecha para segunda denuncia contra Abad
A menos de una semana como presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma tiene pendiente definir la fecha para la audiencia de una segunda denuncia de Juan Esteban Guarderas contra Abad, por el mismo caso de supuestas irregularidades en la campaña para la Alcaldía de Cuenca.
Como es de dominio público, Fernando Muñoz archivó el pasado 17 de junio una denuncia contra Abad por supuesta campaña anticipada como candidata a la Alcaldía de Cuenca. La denuncia había sido presentada, a título personal, por Guarderas. Muñoz archivó el caso debido a una presunta irregularidad en la firma del abogado que, según Guarderas, lo patrocinaba, y envió el expediente a la Fiscalía para que investigue este hecho.
ACTUAL SITUACIÓN LEGAL DE ABAD
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) enfrenta dos tareas pendientes con relación a la segunda demanda contra Abad. Primero, debe fijar una nueva fecha para la audiencia, después de que se suspendiera la convocatoria inicial para este jueves. Segundo, el organismo debe decidir cómo proceder si Abad no asiste a la audiencia de manera presencial y si procede juzgarla «en rebeldía».
Esto ocurre después de que el juez Coloma aplazara la audiencia para definir una nueva fecha, con el fin de completar el proceso de notificación a Abad y garantizarle su derecho a la defensa.
Para la fallida convocatoria del jueves, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) advirtió, mediante un comunicado, que si “la denunciada no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia”, la audiencia “se llevará a cabo en rebeldía” y su defensa será asumida por un defensor público.
Si el trámite de la denuncia prospera y el organismo falla en contra de Abad, ella podría enfrentar la sanción de pérdida de sus derechos políticos, lo que la inhabilitaría para ejercer cualquier cargo público, incluyendo el de vicepresidenta, que desempeña actualmente.
Abad reside actualmente en Tel Aviv como embajadora en Israel, pero ha recibido una orden reciente del presidente Noboa para trasladarse temporalmente a Ankara, Turquía, debido a la violencia en Oriente Medio.
RETORNO AL PAÍS
Abad debe cumplir con la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), como vicepresidenta, y con la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE), como embajadora. Ambas leyes requieren que obtenga la autorización de la autoridad correspondiente para ausentarse de sus funciones. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones por abandono del cargo, incluida la destitución.
Esto es, precisamente, la legislación relevante frente al pedido de Abad para regresar al país y visitar a sus familiares y frente al inminente requerimiento de la TCE para que comparezca a la audiencia antes citada.
Consultado por Ecuador Chequea, el abogado y analista jurídico Hugo Espín dijo que la advertencia inicial del TCE para que Abad comparezca, o de lo contrario sea juzgada en rebeldía, así como la posterior aclaración de la nueva presidenta del organismo sobre la necesidad de completar la notificación, no implica necesariamente que Abad deba comparecer en persona.
Espín aclaró que, dado que no se trata de un asunto penal que requiera su presencia física, sino de un caso administrativo, se permite la comparecencia por medios telemáticos. “Tiene fuerza judicial, pero es de orden administrativo. Por lo tanto, ella no necesita estar presente para cumplir una pena de prisión. Al ser un caso administrativo, puede juzgarse en ausencia, pero sí debe ser citada de manera legal y debida, lo cual es muy diferente», comentó el especialista.
“En rebeldía no significa que tiene que presentarse sino que tiene la obligación de contestar y en caso de no hacerlo se entiende como negativa para continuar el proceso de juzgamiento. Una vez citada, si quiere hacer valer sus derechos, señala casillero judicial y eventualmente se le concede una autorización judicial para que alguien le ejerza la representación en defensa de ella”, sostuvo.
