La Vicepresidenta de la República pide a la Asamblea que fiscalice a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y a la canciller, Gabriela Sommerfeld. En el TCE está en suspenso la denuncia por violencia política de género.

POR: Hugo Constante

La disputa que mantiene la Vicepresidenta, Verónica Abad, con el presidente, Daniel Noboa, y algunos de sus funcionarios, fue llevada al terreno legislativo. Abad remitió una solicitud al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en la que pide se fiscalice a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez; y a la canciller Gabriela Sommerfeld, por presunto hostigamiento en su contra. 

Este nuevo conflicto nace a raíz de que el Ministerio de Trabajo le abrió a Abad un sumario administrativo por presunta falta grave  contemplada en el literal B del artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que señala: “Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos”,  lo que es causal de destitución. 

Según el Gobierno, la Vicepresidenta no acató la fecha en que debía trasladarse desde Israel, donde cumple funciones de embajadora, hasta Turquía. La disposición dada por la Cancillería a Verónica Abad fue que se traslade antes del 1 de septiembre de este año, pero lo hizo el 9 de este mes. 

¿Qué dijo Abad sobre su situación? 

En el oficio de 12 páginas, aparte de citar la normativa, Abad manifiesta que su único cargo es de  Vicepresidenta de la República con funciones actuales de Embajadora. “Debe tenerse claro que no soy al mismo tiempo Vicepresidenta de la República y Embajadora, ya que este inexistente escenario acarrearía que me encuentre en situación de pluriempleo provocada por el Presidente de la República, particular que está prohibido por la Constitución y la LOSEP, situación que no sería imputable a mi persona, sino a quien la provoca”, asegura Abad. 

Con lo que rechaza que se le haya abierto un sumario administrativo con el objetivo de destituirle, ya que las causales para la pérdida de su cargo están contempladas en la Constitución, con lo que resta competencia al Ministerio de Trabajo de tomar eventualmente esa medida.

“El sumario administrativo iniciado en mi contra no es sino otro acto de persecución política y hostigamiento en mi contra, pues es de conocimiento público y notorio que el Presidente de la República ha instaurado varios mecanismos para impedirme reemplazarle en el cargo, cuando se vea obligado a separarse de éste ante su inminente candidatura. De tal forma que, el Gobierno nacional ha desplegado todo su aparataje institucional para separarme del cargo”, asegura la Vicepresidenta en su oficio.

 Además, indica que su demora para trasladarse de Israel a Turquía se debió a que la Cancillería entorpeció su traslado hasta el último momento, pues no tuvo información de cómo se cumpliría el traslado de sus hijos, por lo que tuvo que ocuparse de su retorno a Ecuador. 

 Abad pide que se fiscalice y controle la acción de la Cancillería por el trato “persecutor y denigrante desplegado en su contra”, y al Ministerio de Trabajo por iniciarle el sumario administrativo.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, indicó que será el Pleno el que defina el tratamiento que se deba dar al pedido de la Vicepresidenta. Kronfle lo pondrá en el orden del día de la sesión del martes 24 de septiembre y que antes, mantendrá una reunión con los diferentes jefes de bancada, incluyendo el oficialismo, para definir el procedimiento. 

Otro escenario 

Kronfle se mostró preocupado por el conflicto que mantiene el Presidente de la República y algunos de sus funcionarios  con la Vicepresidenta. Un conflicto que no sólo ha llegado a la Asamblea, sino que también se define en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En esa instancia de Justicia electoral interpuso el 8 de agosto de este año una denuncia por violencia política de género en contra de Naboa y de Sommerfeld; así como en contra del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y de la asesora presidencial, Diana Jácome. 

La audiencia debía realizarse el 12 de septiembre, pero el juez sustanciador, Fernando Muñoz, fue recusado por Jácome por lo que deberá nombrarse, por sorteo, a otro juez para que lleve el proceso.

A su vez, Jácome interpuso el 15 de agosto una denuncia, también por violencia política de género, en contra de Abad. La causa la lleva la jueza electoral Ivonne Coloma.  

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