La demora de las cifras de pobreza deja sin una línea base actualizada al debate electoral, advierten analistas

Fernando Sánchez Cobo, especialista en temas sociales, sostiene que la falta del dato limita la planificación y la evaluación de políticas públicas. Jorge Calderón, analista económico, señala que las cifras son necesarias para medir resultados económicos y, sobre todo, saber cuántas personas logran salir de la pobreza de forma sostenida. El último dato oficial disponible corresponde a diciembre de 2025.

Ecuador cerró ayer, lunes 17 de agosto, la inscripción de candidaturas para las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre sin contar con una actualización oficial  de la medición de pobreza por ingresos correspondiente a junio de 2026. La falta de esta medición, según dos analistas consultados por Ecuador Chequea, limita la posibilidad de evaluar la situación social del país y de discutir propuestas electorales sobre una “línea base” actualizada.

Los expertos consultados señalaron que estas estadísticas adquieren relevancia en el actual contexto electoral porque el reglamento vigente del CNE exige a las candidaturas presentar un plan de trabajo que incluya un diagnóstico de la situación actual, objetivos, propuestas y estrategias.

Según su calendario estadístico anual, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, debía publicar el dato el 22 de julio. Sin embargo, al cierre de esta nota, la entidad no respondía a una consulta sobre las razones de la demora ni sobre una eventual modificación del calendario estadístico.

Por ahora, en el portal del INEC consta, como la última estadística de pobreza, la de diciembre de 2025. En ese corte, la pobreza por ingresos se ubicó en 21,4% a nivel nacional, la urbana en 13,8%, la rural en 37,6%, y, la pobreza extrema 8,3%.

Fernando Sánchez Cobo, analista de temas sociales y derechos humanos, calificó de grave que el país no disponga todavía de la actualización. “Es grave no tener estadísticas oficiales porque eso impide definir políticas públicas, justificar programas y proyectos en las distintas zonas; es decir, es como dar palos de ciego”, dijo Sánchez Cobo.

El problema, comentó, va más allá de disponer de una cifra nacional. Sostuvo que la información sirve para identificar diferencias territoriales y orientar programas, presupuestos y objetivos de los gobiernos autónomos descentralizados.

“Para los gobiernos locales es clave entender e identificar en dónde está la pobreza. Una cosa es el promedio nacional y otra cosa es pedir los datos efectivos de cuánto es la pobreza en la Sierra Centro, por ejemplo, o en la Amazonía, o en la Costa”, señaló. Sin una “línea base”, agregó, resulta más difícil evaluar qué se pretende cambiar y con qué recursos.

Sánchez Cobo también sostuvo además que la ausencia de información actualizada no solo “afecta la credibilidad del INEC y del gobierno como tal” sino que también dificulta relacionar la evolución de la pobreza con otros problemas sociales. “Si no se baja la pobreza, ¿cómo incide esto en la inseguridad ciudadana, en la falta de empleo, en la falta de acceso a la canasta básica?”, preguntó. 

Para el ciudadano, añadió, el dato también permite contrastar el discurso público con su situación económica: “Estoy menos pobre o estoy más pobre que el año pasado, hay menos desempleo o no”, ejemplificó.

Jorge Calderón, analista de economía nacional y finanzas públicas, consideró que la proximidad de las elecciones inevitablemente coloca los datos bajo una lectura política de distintos sectores, y, sobre todo el uso de los indicadores para evaluar el desempeño económico y las políticas que se presentan como resultados de gobierno.

Calderón también consideró que el comportamiento de las exportaciones, el consumo y las ventas habría incidido en una reducción de la pobreza. 

Por ahora las propias cifras del INEC obligan a interpretar con cautela la última reducción observada. Aunque la pobreza nacional pasó de 28,0% en diciembre de 2024 a 21,4% en diciembre de 2025, el boletín técnico del instituto señala que esa diferencia de 6,6 puntos porcentuales “no fue estadísticamente significativa” al 95% de confianza. La reducción urbana, de 20,9% a 13,8%, sí fue estadísticamente significativa; la rural, de 43,3% a 37,6%, no lo fue.

Así las cosas, sin el corte de junio de este año no se puede comparar con el mismo mes del año anterior, cuando la pobreza por ingresos fue de 24,0% y la pobreza extrema de 10,4%. La pobreza urbana alcanzó 15,7% y la rural 41,7%. El propio INEC determinó entonces que el cambio de la pobreza nacional frente a junio de 2024, de 25,5% a 24,0%, tampoco había sido estadísticamente significativo.

Para Calderón, el indicador debe leerse también en términos humanos y no únicamente como una variación porcentual. “Más allá de estadísticas, más allá de números, hay realidades, hay personas”, dijo. “Más allá de que se reduzca en 1% o cualquier porcentaje la pobreza, la extrema pobreza, es cuántas personas logran salir de esa condición de pobreza. Y más allá de cuántas personas logran salir de la condición de pobreza, cuántas personas no regresan”.

Mientras se esperan estas nuevas estadísticas, Ecuador Chequea constató esta mañana que trabajadores informales de la construcción se encontraban, como ha sido habitual durante años, en la esquina de las avenidas De los Granados y 6 de Diciembre, en el norte de Quito, a la espera de ser contratados para realizar trabajos ocasionales de albañilería y obtener así ingresos para sus hogares.

Los seis trabajadores consultados dijeron que, en el mejor de los casos, consiguen que alguien los contrate apenas tres de los cinco días laborables de la semana. Asimismo, expresaron su escepticismo ante las promesas y los discursos de campaña que los candidatos presenten durante las próximas semanas de cara a las elecciones.

Juan Camilo Escobar
Juan Camilo Escobar
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador y Magíster en Periodismo Digital por la UDLA. Más de una década de experiencia cubriendo política local para Diario La Hora, también ha cubierto fuentes políticas, económicas y judiciales para Ecuadoradio, Radio Sonorama, Red Informativa Bolívar, Sistema Radial Colón y Corape.

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