POR: Juan Camilo Escobar
La crisis crónica que sufren las cárceles del país también llamó la atención del país en pleno paro. A la cárcel de Esmeraldas, en donde se produjo el más reciente hecho de violencia, que dejó más de una decena de presos asesinados, fueron trasladados 12 de los manifestantes detenidos.
Ni el gobierno ni el SNAI han explicado las razones por las cuales se escogió, precisamente, esa cárcel para el traslado de los manifestantes. Al ser consultada sobre el tema, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, por ejemplo, respondió que “esa es una potestad del SNAI. En ningún artículo de ninguna ley dice que está impedido trasladar a un privado de libertad a cualquier centro de detención a nivel nacional”.
Lejos de esta evasiva de la funcionaria, las imágenes compartidas en servicios de mensajería instantánea y en redes sociales por los propios reos daban cuenta de la magnitud de la inhumanidad y salvajismo de esta masacre: cuerpos mutilados, descuartizados e incluso decapitados y tendidos en charcos de sangre.
Eran fotografías similares a las de anteriores masacres en esa y en otras cárceles. En contraste, han quedado como un recuerdo lejano, para el registro histórico, las fotos que las Fuerzas Armadas difundieron de militares fuertemente armados ingresando a las cárceles, para controlarlas, tal como ordenó el presidente, Daniel Noboa, tras declarar la existencia de un conflicto armado interno, en enero de 2024.
Sin embargo, tras esas primeras acciones ha vuelto a producirse, como en años anteriores, violentos enfrentamientos entre reos, pertenecientes a grupos criminales, que ocasionaron matanzas. Frente a esta situación, familiares de los presos no sólo han clamado a las autoridades por un verdadero control, sino que han llegado a preguntar, con angustia, ¿cuándo será la próxima matanza?
Entre estos actos de barbarie más recientes constan, por ejemplo, los que se produjeron el 29 de agosto en Turi, que dejó 4 muertos; y el 22 de septiembre en la cárcel de Machala, con al menos 14 asesinatos.
SIN RESULTADOS
Hasta el cierre de esta edición el SNAI no respondía un pedido de información presentado el 4 de agosto anterior sobre los primeros resultados del nuevo modelo de gestión de las cárceles, que en días anteriores anunciara el ministro del interior, John Reimberg, luego de que la entidad pasara a ser una institución adscrita al Ministerio del Interior.
En aquel entonces, Reimberg anunció una “reorganización total” mediante dos medidas. La primera, redistribuir el control de las cárceles, cuyos interiores están actualmente a cargo de militares, exteriores de policías y en los pabellones los agentes penitenciarios. Y la segunda, que se incorporen como agentes penitenciarios al menos 10.000 policías y militares retirados, que hoy no pueden hacerlo porque perderían el 60% de su pensión.
Por ahora estas son las dos medidas que prevé el gobierno para recobrar el control de las cárceles luego del ofrecimiento, que realizara a inicios de 2024, de construir dos nuevas cárceles de gran capacidad, una en Pastaza, en la Amazonía, y otra en Santa Elena, en la Costa, lo cual aún no se concreta. En el primer caso, nunca empezó por problemas legales sobre la propiedad del terreno y oposición de comunidades; y, en el segundo caso, el presidente Noboa anticipó el 26 de septiembre anterior que “estará lista en unas cinco semanas».
Esta cárcel, según ha anticipado el Gobierno, replicará el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, ideado por el presidente Nayib Bukele.
Ambas medidas, según expertos consultados por Ecuador Chequea, son insuficientes para enfrentar la crisis en las cárceles, debido a que su sistema de administración se ha debilitado a tal grado que incluso con la presencia de militares ha continuado el ingreso de armas y se hayan producido masacres.
Así, frente al anuncio oficial de la inminente inauguración de la cárcel en Santa Elena, Fernando Sánchez, especialista en temas carcelarios, señaló que es indispensable que se garantice que tendrá no solo el equipamiento, personal e infraestructuras de seguridad sino también un nuevo modelo de rehabilitación, que no sólo no se ha anunciado para esta sino para todas las cárceles del país. Esto implica, explicó, talleres y aulas de capacitación técnica.
Sin este nuevo modelo, técnicamente conocido como “integral restaurativo”, dijo Sánchez, las cárceles seguirán siendo “bodegas humanas” en las que se prioriza la construcción de infraestructura, pero sin rehabilitación social a cargo de técnicos especialistas.
Comentó, además, que “estos anuncios también dejan dudas porque en otros centros de privación de libertad se siguen presentando amotinamientos y problemas, como en el de la Penitenciaría del Litoral, en que algunos militares fueron responsables de dejar pasar objetos sujetos fiscalización como celulares y armas. Entonces, ¿dónde está el cambio?”.
Frente a esta última pregunta, el representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpddh), Fernando Bastias, responde que en la práctica la presencia de militares permitió mejorar la seguridad de las cárceles única y exclusivamente de manera temporal, por apenas un par de meses luego de la declaratoria del conflicto armado interno.
Tras este período, agregó, la presencia de militares no pudo evitar la infiltración del crimen organizado en el sistema carcelario, que es el problema de mayor envergadura que impide retomar su control. “La presencia de los militares en el charco de corrupción, perjudicó muchísimo más la situación de las cárceles porque no hay protocolos de actuación y mecanismos de supervisión”, dijo.
En el caso de la Penitenciaría del Litoral, por ejemplo, explicó Bastias, el Comité que dirige interpuso hace pocas semanas una acción de protección frente al modelo de gestión, con una militarización que no ha ayudado a mejorar las condiciones de insalubridad y falta de alimentos seguros.
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