El caso ‘Purga’, que involucra a siete jueces de esa provincia, sigue generando remezones. Analizarán 423 declaraciones patrimoniales en 90 días. ¿Qué rol jugó cada uno de los procesados en el caso? Conozca los detalles de la investigación de la Fiscalía.
Las declaraciones patrimoniales juradas de 63 jueces de Guayas serán examinadas por la Contraloría, según informó esta mañana el titular de la entidad de control, Mauricio Torres. Es otro de los efectos que deja el caso ‘Purga’, en el que la Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada y por el que están procesadas 12 personas, entre ellos siete jueces de esa provincia. Torres mencionó que, aproximadamente, son 423 declaraciones que se han realizado. “Se hace un contraste de lo que presentan al inicio y lo que entregan al final, para verificar si hay aumento o disminución de patrimonio”, dijo. Agregó que espera tener resultados en 90 días y que si hay informes con indicio de responsabilidad penal, serán remitidos a la Fiscalía.
Entre los procesados en el caso también están un asesor del Consejo de la Judicatura de esa provincia y falta por procesar a la Directora Provincial; además, se está investigando el rol del actual presidente provincial de la Corte, Hugo González.
Álvaro Román, presidente (e) de la Judicatura, organismo encargado de la selección de jueces y fiscales y de vigilar su aspecto disciplinario, mostró su preocupación ya que la situación, dijo, es crítica en Guayas porque hay salas especializadas, como la penal, que se han quedado sin jueces, por lo que se buscan los reemplazos. “El Consejo de la Judicatura está tomando como emergencia esa situación, vamos a designar, ojalá acepten, a tres jueces anticorrupción para nombrarlos jueces temporales” en las otras salas, y así ir llenando el resto de vacantes, dijo Román.
El caso
El juez nacional Javier de la Cadena determinó que la instrucción fiscal en el caso ‘Purga’ tendrá una duración de 90 días. En ese lapso, la Fiscalía deberá recabar los elementos para solicitar se llame a juicio a los procesados o se inhiba de acusarlos. Los abogados, por su parte, presentarán las pruebas de descargo. De los 12 detenidos, el juez dictó prisión preventiva para nueve, a otros dos se les dictó medidas sustitutivas y uno más tiene arresto domiciliario.
Durante la audiencia de formulación de cargos la fiscal general, Diana Salazar, detalló cómo operaba esta presunta red de corrupción, en la que están involucrados el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas Fabiola Gallardo.
Ellos tenían un nexo común: la relacionista pública Mayra Salazar, detenida y procesada en el caso ‘Metástasis’. Los audios y chats encontrados en su celular permitieron a la Fiscalía investigar este nuevo caso.
Entre los tres, principalmente, según la Fiscalía, manipulaban sorteos de procesos, incidían en decisiones de jueces, favorecieron a peligrosos líderes del narcotráfico, atacaban a sus opositores a través de redes sociales ficticias, entre otros delitos.
Estos son los roles de los 12 involucrados y el grado de participación, según la Fiscalía.
- Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, líder de la banda y autor del presunto delito. Está con prisión preventiva.
Él y su esposa se beneficiaron de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi 4 millones de dólares del Banco del Pacífico, a través de un ‘habeas data’ en el que justificaron, con recibos falsos, el pago de un préstamo. Usando su poder político, el exasambleísta habría logrado que se archivaran cuatro sumarios administrativos abiertos en contra de Fabiola Gallardo. Además, habría financiado la campaña de la entonces jueza para llegar a la presidencia de la Corte de Justicia provincial, para lo que habría contratado a Mayra Salazar, cuyo salario se pactó en la casa del exlegislador.
- Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, otra líder de la banda y autora del delito. Con prisión preventiva.
Falló a favor de la acción de protección presentada por el Cuerpo de Ingenieros en contra de la Empresa de Obras Públicas de Quito, por un contrato por 30 millones, a cambio de la remodelación del piso de la presidencia de la Corte. Le pidió dinero a Adolfo Macías, alias ‘Fito’, para fallar a su favor en la apelación del SNAI ante la decisión de otro juez de que el narcotraficante regrese de La Roca a la cárcel regional.
- Johann Marfetán, juez y parte de la cúpula de la banda. Autor del presunto delito. Con prisión preventiva.
Integró la sala que ratificó el fallo que ordenó al Banco del Pacífico el pago de la indemnización a Muentes, con el que tenía una relación cercana.
- Reinaldo Cevallos, juez. Está con arresto domiciliario por ser de la tercera edad.
Falló en primera instancia a favor del exasambleísta en el caso en contra del Banco del Pacífico. Esto le permitió —pese a haber sido destituido como juez, mantener sumarios administrativos abiertos y no cumplir con los requisitos— ser nombrado juez de la Corte Provincial cuatro días después del fallo. Junto a Gallardo, integró el Tribunal que debía pronunciarse sobre el traslado de ‘Fito’ a la cárcel regional. La audiencia no se instaló.
- Alberto Lino y Nelson Ponce, jueces de lo civil, los dos con prisión preventiva.
Conformaron el tribunal que falló a favor de Muentes. Otro juez, que no aceptó colaborar, integró inicialmente el tribunal, luego fue cambiado por Lino, por intersección de Fabiola Gallardo y Mercedes Villarreal, directora provincial del Consejo de la Judicatura, quien no fue capturada en los allanamientos. A cambio del fallo, Lino pidió un cargo para su hijo.
- Henry Taylor, juez, procesado con prisión preventiva.
Integró el tribunal que falló a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y revocó la sentencia de primera instancia que benefició a la Empresa de Obras Públicas de Quito. Estaban en juego 30 millones de dólares.
- Mónica Alvarado, esposa de Pablo Muentes. Le dictaron medidas sustitutivas, como prohibición de salida del país y obligación de presentarse en la Fiscalía de Guayas de manera periódica.
Se benefició de los fallos judiciales que consiguió su pareja para que se le validaran comprobantes de pago falsos y adulterados, con los que justificó una deuda que había contraído con el Banco del Pacífico.
- Ruth Solano, procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Con prisión preventiva.
Transfirió 1.400 dólares para la remodelación del piso de la Corte del Guayas, a cambio del fallo a favor de la institución. Según la Fiscalía, tenía influencia en las decisiones judiciales.
- Fausto Alarcón, primo de Pablo Muentes. Con prisión preventiva.
Gracias a un ‘habeas data’ que obtuvo con la intervención de su primo, el exasambleísta Pablo Muentes, pasó de ser un vendedor de sánduches a propietario de un terreno en Durán, valorado en 200 mil dólares, sin ningún documento que legitime la compra. Esta habría sido su primera usurpación, de una serie de terrenos que no le pertenecían.
- Saúl Mero, secretario judicial, con medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Junto a Mercedes Villarreal, directora de la Judicatura en Guayas, habría participado en el archivo de sumarios administrativos a favor de Fabiola Gallardo. Además, trabajó para la elección del nuevo presidente de la Corte de Guayas, para que la organización delictiva siga manteniendo el control de la justicia.
- Guillermo Valarezo, juez, con prisión preventiva.
Integró el tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros en una demanda de acción de protección. En primera instancia se declaró sin lugar la referida acción constitucional, la cual fue apelada.
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