El costo y las preguntas —algunas son materia de reformas legislativas— son argumentos de la oposición para manifestar que el proceso es innecesario. El Gobierno sostiene que, de todas formas, el país irá a las urnas por la reforma al rol de las FF.AA. e insiste en su objetivo.
Tanto por el costo que implicaría realizar la consulta popular —cerca de 60 millones de dólares, según estimaciones oficiales—, como por el contenido de las preguntas, la iniciativa del presidente, Daniel Noboa, va perdiendo sustento, según varios legisladores y analistas.
Tras una consulta de la jueza constitucional Teresa Nuques, el Presidente retiró sólo la pregunta relacionada con los casinos, pero mantiene las 10 restantes que envió en el primer paquete. También se mantienen las 9 preguntas del segundo paquete, que las están sustanciando las juezas constitucionales Carmen Corral y Karla Andrade.
El legislador Jaime Guevara (Unidos por Pastaza) cree que Noboa ha perdido la oportunidad que le estaba dando Nuques de retirar todo el paquete de 11 preguntas. Y lo lamenta: “No quiere dar su brazo a torcer. Se ha empecinado en sostener su verdad. Ha retirado una sola pregunta, pero de lo que se trata es de consultar a la gente lo que en verdad necesita”.
Para la asambleísta de Construye Nataly Morillo resulta contradictorio que haya retirado la única pregunta que, según su análisis, ameritaba una consulta popular y podía pasar el control constitucional. El resto de preguntas, asegura, son de tratamiento legislativo. “Le están asesorando mal”, comentó.
El constitucionalista Ismael Quintana también considera que el Presidente de la República cae en contradicciones: por un lado, en el segundo paquete de preguntas consta la reforma a la Ley de extinción de dominio y, al mismo tiempo, manda a la Asamblea un proyecto de Ley urgente en materia económica que trata la misma temática. Quintana cuestionó que mientras en la pregunta, en uno de sus anexos, se indica que el proceso no es de naturaleza penal y tendría que iniciar sin sentencia condenatoria, en la propuesta de Ley dice que se requiere sentencia condenatoria ejecutoriada.
El tema económico, otra contradicción
Sin embargo, uno de los aspectos que más cuestionan es el egreso económico que representará la realización de la consulta. Esto, cuando, al mismo tiempo, Noboa remitió a la Asamblea otro proyecto de Ley para elevar el IVA del 12 al 15%, con la motivación principal de generar recursos para enfrentar el conflicto armado interno; pero también para salir de la crisis económica general.
Uno de los argumentos de quienes dan alternativas para generar recursos sin necesidad de incrementar el impuesto es que se descarte la consulta popular y que, a la par, se tomen medidas, como el incremento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), focalización de subsidios, incremento de impuestos a consumos especiales, entre otras.
“Nos dice (el Gobierno) que, si no se eleva el IVA, no hay para sueldos o para dotar de armamento a la Policía; pero, al mismo tiempo, impulsa una consulta con reformas a leyes que ya están tratándose en la Asamblea”, indica la asambleísta del correísmo Gissela Garzón.
Mientras que Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano, considera que si el Presidente insiste en impulsar una consulta popular, en vez de plantear temáticas con temas de reforma legislativa, lo que debería consultar es si se está de acuerdo o no con la explotación petrolera del ITT y revertir así los resultados de la consulta popular de agosto del 2023, donde el 58,95% de la población votó a favor de mantener el petróleo bajo tierra en la zona del Yasuní. El legislador considera que esa explotación petrolera generará importantes ingresos, unos 870 millones de dólares, calcula el legislador, que evitará el incremento del IVA.
En lo que todos los asambleístas están de acuerdo, incluídos los del oficialismo, es en que varias preguntas abordan reformas legales que ya están en proceso de trámite en las diferentes comisiones.
Sin embargo, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, recordó que, inevitablemente, el país tendrá que acudir a las urnas para pronunciarse sobre la reforma constitucional aprobada por la Asamblea para que las Fuerzas Armadas apoyen la labor de la Policía en contra de la delincuencia sin necesidad de recurrir a los estados de excepción. “El interés del Gobierno es que ese momento político y electoral se aproveche también para consultar otros temas de suma importancia”, dijo Torres.
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