La Comisión de Gobiernos Autónomos sugirió presentar un pedido de juicio político  

Para que se dé un juicio político, este pedido debe ser aprobado por el CAL, que la Comisión de Fiscalización lo recomiende y el Pleno acepte esa recomendación.

El 8 de mayo, la Comisión de Gobiernos Autónomos llamó a Sade Fritschi, ministra del Ambiente; Roberto Luque, ministro de Obras Públicas; Mónica Palencia, ministra del Interior; Niels Olsen, ministro de Turismo y Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa para comparecer sobre el caso ‘Olón’. Este, fue un proyecto inmobiliario de la compañía Vinazin S.A., en un área protegida. Además, cabe destacar que la primera dama es la principal accionista de la compañía. Dado que ninguno de los Ministros se presentó, la Comisión los volvió a llamar, por cuarta vez, a comparecer ayer. 

Una publicación de Facebook asegura que, tras no asistir a ningún llamado, la Comisión de Gobiernos Autónomos “aprobó la moción para enjuiciar políticamente a la ministra de Ambiente, Sade Fritschi”. Se califica al contenido como engañoso. La Comisión destacó que no asistir es una causal para juicio político, por lo que le sugiere a la Asamblea que inicie el debido proceso. Sin embargo, para ir a un juicio político, este debe ser aprobado por el Consejo de Administración Legislativo (CAL), ir a Comisión de Fiscalización y esperar todos los juicios pendientes, si la Comisión recomienda el juicio y el Pleno acepta, se daría un juicio político.

 

La Comisión de Gobierno Autónomos informó ayer que Sade Fritschi, ministra del Ambiente; Mónica Palencia, ministra del Interior; Niels Olsen, Ministro de Turismo y Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa no asistieron por cuarta vez a comparecer sobre el caso ‘Olón’. Al no asistir en ninguna instancia, ellos “han incumplido sus responsabilidades, faltando a la Ley, la Constitución y al pueblo ecuatoriano”. Por ello, la Comisión resolvió incorporar el incumplimiento en el informe a la Fiscalización de la Comisión y notificar a la Presidencia de la Asamblea para que se aplique el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La sección 3 de la mencionada Ley detalla el proceso para el juicio político de las y los funcionarios. El artículo 79 explica que “para proceder al enjuiciamiento político deberá contar con las firmas de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional y será presentada ante su Presidenta o Presidente”. 

Una vez remitida a la autoridad máxima del Pleno, este lo enviará al CAL. El Consejo está constituido por el presidente del Legislativo, dos vicepresidentes, cuatro vocales y el secretario general. Es decir, el CAL actualmente está integrado por Henry Kronfle como presidente; Viviana Veloz, primera vicepresidenta, Eckner Recalde, segundo vicepresidente y Alejandro Muñoz como secretario. 

Entre algunas de las funciones del CAL está resolver sobre la calificación o no de los proyectos de Ley presentados, aprobar o modificar el orden del día, imponer a las y los asambleístas las sanciones determinadas, verificar los requisitos y admitir a trámite la solicitud de enjuiciamiento político, así como devolver, con motivación, las iniciativas legislativas, solicitudes de indulto, amnistía, juicio político y demás. 

El CAL califica la parte reglamentaría, es decir verifica que el documento esté en orden en máximo tres días. Después, el presidente de la Asamblea, por medio de la Secretaría General de la Asamblea Nacional debe remitir la solicitud de enjuiciamiento políticio al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político “para que avoque conocimiento y sustancie el trámite”, como específica el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión dispondrá de cinco días para su revisión. Si la solicitud no cumple con los requisitos será archivada. 

En palabras sencillas, la Comisión de Gobiernos Autónomos, por la repetida inasistencia de los ministros Olsen, Fritschi, Palencia y Loffredo ha recomendado que se reúnan las firmas de mínimo 34 asambleístas solicitando el enjuiciamiento político. La solicitud irá al CAL después a la Comisión de Fiscalización y Control Político, entidades que deben aprobar la validez del documento para comenzar. 

Pasados los dos filtros, el funcionario será notificado y tendrá 15 días para ejercer su derecho a la defensa. En la fecha y hora establecidos en el orden del día de la Asamblea, el funcionario alegará ante el Pleno sobre las acusaciones en su contra, durante un máximo de 3 horas. Los asambleístas interpelantes presentarán su interpelación por máximo 2 horas. El acusado tendrá un tiempo de réplica de no más de una hora. Por último, el funcionario se retirará y el Pleno debatirá por 10 minutos sin derecho a réplica. Si, transcurrido el tiempo, no se presenta una moción de censura y destitución se archivará el caso. Esto consta en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

El artículo 78 explica que el proceso puede iniciar mientras el funcionario ejerce su cargo o hasta un año después de terminado. 

El caso ‘Olón’ se remonta al 6 de mayo, cuando los moradores protestaron contra la tala del proyecto Echo Olón, de la empresa Vinazin S.A. La empresa se describe en la Superintendencia de Compañías como “compra -venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados”. 

El caso adquirió tal relevancia por dos razones. Primero, porque el proyecto se estaba llevando a cabo en un área protegida. En 2001, la entonces ministra del Ambiente, Lourdes Luque de Jaramillo, declaró al ‘Esterillo Oloncito’, ubicado en Santa Elena como Bosque y Vegetación Protectores, mediante el acuerdo ministerial 072.  

El documento también explica que “el área se caracteriza por tener una topografía plana, por estar al pie del océano Pacífico y tener la influencia de la marea, existiendo una cobertura vegetal característica del manglar”.

Segundo, porque Lavinia Valbonesi, la primera dama, está registrada como accionista de la empresa. Según el registro en la Superintendencia de Compañías, ella invirtió USD 9.999,000.   

El 28 de mayo, Sade Fritschi fue llamada a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional por otorgarle permiso al proyecto inmobiliario en una zona denominada Bosque y Vegetación Protectores. A través de un comunicado emitido por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, argumentó que no requería una licencia ambiental, sino un registro porque era un proyecto de bajo impacto.

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