Con el dictamen de la Corte Constitucional, la Asamblea se prepara para tratar la reforma que permitirá la instalación de bases militares extranjeras en el país. Luego, deberá ser sometida a un referendo, que podría coincidir con la segunda vuelta.
POR: Hugo Constante
Entre hoy y mañana el Gobierno tiene previsto remitir a la Asamblea el proyecto de reforma parcial a la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país, según lo informó Irene Vélez, secretaria de Comunicación de la Presidencia, durante una entrevista radial.
La funcionaria aseguró que será un texto claro y conciso, una vez que la Corte Constitucional dictaminó que la reforma propuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, debe tramitarse vía legislativa y luego aprobada por el pueblo a través de un referéndum.
El artículo 5 de la Constitución señala que “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. El propósito de la reforma es que en este artículo conste únicamente la primera frase: “Ecuador es un territorio de paz”.
El dictamen, aprobado por unanimidad de los nueve jueces constitucionales, señala en su motivación que la propuesta no restringe derechos ni garantías constitucionales. “La propuesta habría de referirse exclusivamente a la situación de seguridad en Ecuador, con el fin de evaluar distintas estrategias para combatir diversas modalidades de crimen organizado, por lo que no se afecta el reconocimiento ni ejercicio de derechos y garantías”, consta en el texto. Añade que eliminar la prohibición que consta en el artículo 5 implicará que, en caso de que el Estado lo considere conveniente, se podrían establecer bases militares extranjeras, previa la suscripción de un “tratado o instrumento internacional”, que también pasa por el control constitucional de esa Corte, que emite un dictamen previo y vinculante.
El trámite
Aprobada la vía para el tratamiento de esta reforma, el Presidente puede presentar su iniciativa de reforma constitucional ante la Asamblea para que se inicie el trámite. Esto implica, de acuerdo con la Ley de la Función Legislativa, que la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, ponga en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) el dictamen de la Corte Constitucional con el procedimiento que se seguirá y el proyecto de reforma, para que sean remitidos a la Comisión ocasional para el tratamiento de reformas constitucionales.
La reforma será tramitada en dos debates. El informe para primer debate deberá estar listo en un plazo no menor a 30 días ni mayor a 60, contados a partir de iniciado el trámite. Dentro de ese lapso la Comisión puede recibir a ciudadanos que tengan interés en el proyecto para que expongan sus argumentos a favor o en contra de la reforma.
El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero y para aprobar el proyecto se necesitan mínimo 70 votos. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes.
La Corte Constitucional dispuso que la convocatoria debe ser remitida a ese organismo y debe incluir los considerandos que introducen al cuestionario, la pregunta o preguntas y, de existir, sus anexos.
Criterios previos
Previo al tratamiento parlamentario, los asambleístas van tomando posiciones frente a la necesidad de permitir en el país la instalación de bases militares extranjeras para combatir la inseguridad. El bloque correísta se opone totalmente a la reforma, ya que cuando eran Alianza PAIS fueron los que promovieron la Constitución de 2008, donde se estableció la prohibición, a nombre de respetar la soberanía. Franklin Samaniego, de esa bancada, dijo que esa no es la solución para combatir la inseguridad y que lo que se necesita son recursos y políticas públicas.
Por el sector del oficialismo, Adrián Castro asegura que la ciudadanía está a la expectativa de que los países que cuenten con la tecnología y recursos colaboren en Ecuador para evitar la infiltración de los grupos narco delincuenciales, inclusive en la infraestructura judicial y política. De acuerdo con los plazos previos, el oficialismo confía en que el referéndum pueda ir a la par de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 13 de abril.
Por su parte, la asambleísta independiente Lucía Posso dijo que el país tiene, por el momento, otras prioridades antes que ponerse a debatir si conviene o no ese tipo de reformas. “No tenemos luz. La preocupación de los industriales, de provincias pequeñas, de pequeños negocios, emprendedores es que tienen paralizadas sus actividades y que no se respetan los horarios de los apagones. El problema en Ecuador es ese; no es la Base de Manta, no es lo que diga la Corte Constitucional”, dijo Posso.
Mientras que Otto Vera, del PSC, comentó que su sector político siempre se opuso a que en la Constitución actual se incorpore la prohibición de que Gobiernos extranjeros apoyen al país, a través de bases militares, en la lucha contra el crimen organizado. “Si la Corte Constitucional ha abierto la puerta para esa reforma, nosotros, como bloque, lo mínimo que podemos hacer es corroborar lo que siempre hemos dicho, la necesidad del apoyo internacional para combatir a la narco delincuencia, ya que un país no lo puede hacer solo”, aseguró.
Desde el lado de los sectores sociales, Annabell Guerrero, activista por los Derechos Humanos, manifestó que es un tema de soberanía y aseguró que la experiencia internacional demuestra que las bases extranjeras no han sido la solución ni para detener el tráfico de drogas ni para frenar los índices de inseguridad. Para Guerrero, la propuesta del Ejecutivo es más de efecto mediático y que en el fondo no cambia la realidad del país en materia de seguridad, de rehabilitación social; o la crisis energética “sin precedentes”. Y agregó que, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, la experiencia fue negativa para el país cuando operó la Base de Manta a cargo de militares estadounidenses.
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