Con un video, el Gobierno elevó el tono de la militarización. Para los delincuentes, dijo: “la cárcel o el infierno”. ¿El riesgo? Que el fusil militar se convierta en juzgador y verdugo. ¿Puede la sociedad quedar atrapada entre dos fuegos cruzados?
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Ha pasado un año y seis meses desde que la guerra inició en Ecuador; más de un año desde que las Fuerzas Armadas, con sus uniformes verdes en tonos de camuflaje, salieron a las calles para enfrentar al crimen organizado por orden presidencial.
Hoy, esta dinámica se refuerza con un discurso: las palabras del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a través de un video divulgado ayer por las redes sociales oficiales de la cartera de Estado. “Usen sus armas”, fueron las palabras del ministro en el clip. “No pedimos que ustedes entreguen su vida, pedimos que, si no se detienen a tiempo, entreguen la vida del que mata, secuestra, extorsiona, trafica y trata de aterrorizar a nuestra población. Los delincuentes están advertidos: si no se detienen, actuaremos con fuerza letal”.
El mensaje del ministro, además, se fue reforzando a lo largo del video: “Háganle saber a los terroristas y a los narcotraficantes quiénes son los que mandan. Vayan y actúen con contundencia, las leyes los protegen, actúen de acuerdo a las nuevas reglas de enfrentamiento”. El mensaje continúo con una posición: “Juntos, haremos que las calles del Ecuador vuelvan a su gente y los delincuentes vuelvan al único destino que les pertenece: la cárcel o el infierno”.
Para terminar, el clip de poco más de dos minutos de duración recordó, a través de Loffredo, a los militares que cuentan con “el indulto”, haciendo mención de la figura aprobada como parte de la Ley de Solidaridad Nacional. Y de este modo, el Gobierno, dentro de la narrativa, busca dar un nuevo enfoque a la guerra.
Sin embargo, una vez escuchadas las declaraciones de Loffredo, quedan algunas preguntas en el aire por responder. ¿Cómo leer este mensaje? y ¿qué puede significar este recrudecimiento de la estrategia militarista en la cotidianidad de las poblaciones? Aquí te lo contamos.
Desmenuzando el mensaje
El mensaje del ministro Loffredo, según expertos, no sólo busca motivar a las tropas; sino que construye una narrativa sin matices, de guerra total y enemigo absoluto, que rompe con los marcos institucionales tradicionales del Estado de derecho. En palabras del analista en comunicación política Fabricio Betancourt, “el discurso es muy popular, muy emocional, y muy bueno para los titulares, pero encierra varias falacias, como la de la dicotomía; que da dos opciones, detenerse o ser abatidos; o sea, detenerse o morir”.
Esa lógica binaria, dice, anula todo matiz entre víctima, infractor o sospechoso. “Esto nos lleva a un discurso donde sólo existen estas dos realidades y no existen matices grises, como la detención, la negociación o medidas socioeconómicas para evitar que más gente entre al crimen organizado”, continúa el experto. En ese marco, la violencia no sólo se permite, sino que se celebra como deber.
Desde otra mirada, Juan Manuel Caicedo, analista político, reconoce que el uso de la fuerza letal, en ciertos contextos, no necesariamente contradice la democracia. Pero advierte que “esa fuerza letal tiene que estar dentro del marco de la ley. Y, como vemos en las declaraciones del ministro, él está diciendo que hay unos indultos que están en la Ley de Solidaridad Nacional que ha sido recientemente aprobada”. Es decir, el discurso se sostiene en una legitimidad formal, no necesariamente ética o funcional, a la narrativa de la guerra.
Y así, desde otras aristas, el jurista Felipe Rodríguez Estévez asegura que, de hecho, el mensaje del ministro va más allá de la legalidad simbólica. “Es un mensaje profundamente grave y punitivo, es un llamamiento público al uso irrestricto de la fuerza letal que se ampara en una lógica institucionalizada de impunidad”. Esa lógica, advierte, sustituye “el principio de legalidad por un discurso punitivo abiertamente confrontativo, que autoriza a matar en nombre del orden”.
Los expertos coinciden, en términos más profundos, en que el mensaje del ministro modifica la naturaleza del Estado. De modo que este ya no actúa como garante de derechos, sino como ejecutor. “La carga que posee convierte al Estado en un verdugo antes que en un garante de derechos”, dice Rodríguez. En la práctica, añade, esto abre paso a una doctrina del enemigo, en la que no se persigue un delito, sino que se busca aniquilar a quien lo comete, aún si no ha sido juzgado hasta las últimas instancias.
Ese punto lo refuerza la investigadora experta en seguridad y política Lorena Piedra, al interpretar el discurso desde la pedagogía de la crueldad. “El discurso del ministro Loffredo rompe con el discurso que se posiciona desde otros lugares del Estado (…) al referirse al otro directamente como descartable”, explica. Y agrega: “Lo que hace el ministro Loffredo es reforzar justo esa lógica de que la única manera de frenar el crimen es con más fuerza, más castigo, más represión”.
Betancourt, por su lado, advierte que el clip no está pensado para debatir políticas públicas, sino para movilizar emociones. “El mensaje es publicidad. Es una pieza más, con un buen gancho emocional, que mueve emociones y utiliza metáforas como que el único destino para los delincuentes es la cárcel o el infierno”, dice.
Así, en dos minutos de video, se redefine el rol de las Fuerzas Armadas y del Estado. Ya no son instituciones sometidas al control civil, sino actores con plenos poderes con legitimidad para decidir, incluso, quién debe morir. Como concluye Rodriguez, “El mensaje institucional es claro y contundente. No hay derechos fundamentales para el enemigo interno”.
Implicaciones del discurso
Hoy, detrás del mensaje de fuerza hay algo más profundo que una simple directriz operativa. El discurso difundido por el ministro Loffredo no sólo endurece el tono del combate, sino que redibuja las fronteras del Estado de derecho, de la democracia y del papel de la fuerza pública en la vida cotidiana.
Para Felipe Rodríguez Estévez, el riesgo que hoy se consolida con este tipo de mensajes es el reforzamiento de un régimen paralelo, sostenido por una lógica de guerra que opera por fuera del orden legal vigente. “Esto genera un vaciamiento de la norma Constitucional y promueve la normalización de la excepción para vender una sensación de seguridad”, dice. Según él, la narrativa oficial anula los filtros legales y convierte a policías y militares en jueces y ejecutores. Militarizando la seguridad en su totalidad también.
Este proceso, que puede parecer abstracto, aseguran los expertos, tiene consecuencias claras y tangibles. Estas pueden derivar en ejecuciones extrajudiciales, detenciones sin garantías, criminalización de inocentes; lo que a su vez institucionaliza, dice, no sólo la violencia, sino una forma de impunidad avalada por el Estado.
Y lo más grave, según los expertos, es que la población civil es la que termina atrapada entre los dos fuegos, sin garantías ni espacios de mediación. “Sabemos que los grupos criminales no se disuelven mágicamente porque haya militares en la calle, estos se reorganizan, se fragmentan y se vuelven más peligrosos”, dice Piedra. En lugar de resolver el conflicto, se agrava.
A todo esto, sin embargo, se suma un problema jurídico de fondo. Este se fundamenta en la promesa de un indulto diferido, figura aprobada en la Ley de Solidaridad Nacional, para policías o militares; un factor central de la dinámica del discurso del ministro. Para Rodrígez, el uso de esta narrativa basada en el nuevo cuerpo legal es una carta blanca que distorsiona la percepción de los propios miembros de la fuerza pública, haciéndoles creer que están exentos de responsabilidad penal.
Ese punto es compartido por el abogado Mauricio Alarcón, quien sostiene que el mensaje del Ministerio prioriza la espectacularidad por encima de la legalidad. “Yo creo que acá este tipo de cuestiones buscan más bien la espectacularidad, es para verse bien ante las cámaras”, dice. Y advierte que, bajo esta lógica, si se actúa sin las condiciones que exige la ley, se viola directamente la presunción de inocencia. “Si no, estás automáticamente matando la presunción de inocencia, que es una garantía básica del debido proceso”.
Pero el trasfondo de la narrativa también es clave. Como lo explica el analista Juan Manuel Caicedo, en América Latina es rentable tener una “mano dura”. “El líder que dice ‘usen sus armas’ le suele ir mejor en encuestas y elecciones que al líder que dice ‘negociemos’ porque ese es visto como alguien que se rinde”. Por esto, en su lectura, no sorprende que este tipo de discursos se popularicen en países como Ecuador, marcados por altos niveles de criminalidad y desconfianza.
Pero a pesar de su rentabilidad política, el discurso, dicen los expertos, también debe analizarse desde su impacto directo a la seguridad del país y en la realidad de este tema.
Impacto real
Daniel Pontón, experto en seguridad, es claro en torno a lo que ronda la aplicabilidad y funcionalidad del discurso. Para él, este es justamente un cambio de narrativa, algo que no cambiará mucho la dinámica criminal. Y es que el experto detalla que la posibilidad de enfrentamientos directos entre las Fuerzas Armadas y el crimen es baja, puesto que la delincuencia en el país opera de otra forma.
Para él, lo que existe no es una estrategia de Estado, sino una narrativa comunicacional ofensiva, diseñada tras el inicio del nuevo periodo presidencial. Pero eso no significa que haya un plan estructural detrás.
Según Pontón, el discurso militarista no cambiará sustancialmente la dinámica criminal del país, porque la delincuencia organizada en Ecuador no se comporta de manera bélica directa. “Quizá vamos a ver meses de reducción de los índices de violencia, hasta que realmente el crimen le empiece a tomar el pulso al Gobierno”, dice. Lo que vendrá son ciclos oscilantes de represión y respuestas criminales, un patrón que ya se ha visto antes.
En el medio del debate, una realidad: a un año y seis meses de la declaratoria del conflicto armado interno, Ecuador ha registrado en 2025 la primera mitad de año más violenta desde que se tienen registros, con un total de 4.051 homicidios reportados hasta mayo.
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