Ecuador Chequea/ Fundación Ciudadanía y Desarrollo
Lo hicieron a través de correos electrónicos, se sabe. Los mensajes enviados funcionaron como tentáculos para que el Poder Ejecutivo utilice el Poder Judicial como una suerte de marioneta. Se enviaban órdenes que, en su mayoría, se cumplieron. Luego de analizar 72 e-mails correspondientes a 23 casos la conclusión es que el sistema judicial se adaptó a las peticiones de altos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa. Para ser precisos, se intervino directamente en 10 procesos de dicha muestra.
A fines de agosto de 2017, la periodista venezolana Patricia Poleo publicó en el portal Factores de Poder una serie de mensajes filtrados que se enviaron entre 2010 y 2013; en ellos figuran Rafael Correa, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; la entonces ministra de Justicia y actual secretaria jurídica, Johana Pesántez; la viceministra de Justicia, Carmen Simone; el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; la presidente de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira; el subsecretario de Justicia, Diego Guarderas…
Autoridades y funcionarios se refirieron a procesos de interés nacional como el juicio a Mery Zamora, expresidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE); a los estudiantes del Central Técnico, a los concursos de Méritos y Oposición para la selección y designación de Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia… Es una historia de larga data que debe desmenuzarse para entender su complejidad. De hecho, tras conocerse la filtración de mensajería, el pasado 5 de septiembre, Correa se pronunció al respecto, lo hizo a través de Twitter.
El exPrimer Mandatario escribió “(…) Nos han robado miles de mails, que lo único que demuestran es el cumplimiento de mi deber como presidente…”, afirmando la veracidad de los mismos. Por su parte, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, tampoco negó el intercambio de correos. En rueda de prensa, el funcionario sostuvo que “sí intercambiábamos correspondencia con el Presidente de la República, pero creo que eso no les debería sorprender, lo que les debería sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia”.
Pero al revisar la información de cada proceso disponible en el sistema de la Función Judicial, se deduce que la comunicación existente no era tan ‘inocente’ como se pretende hacer creer. Al analizar caso por caso saltan a la vista injerencias y la “metida de mano en la justicia” resulta evidente.
Esta es la primera parte del informe que consta de dos entregas:
Cronología
- Octubre 2011
El 24 de agosto de 2011, el Consejo de Judicatura convocó a un Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección y designación de Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo al reglamento, la calificación fue sobre 100 puntos, distribuidos en: méritos (30), pruebas teóricas (30), oposición pruebas prácticas (30) y audiencia pública (10).
El 6 de octubre de 2011, la entonces viceministra de Justicia Carmen Simone remitió un e-mail con asunto “Lista” a la ministra de Justicia Johana Pesántez y a Teresa Coba, actual subsecretaria de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia. “Adjunto remito la lista que la revisé muy detenidamente. La mayoría de casos peligrosos estaban ya identificados. Eliminé los que no pasaron el test psicológico, pero tengo la impresión de que falta gente que está calificada. Saludos y me avisan si necesitan cualquier otra cosa”, escribió Simone.
En el correo filtrado se adjunta una lista de los postulantes con datos sobre su filiación política, pasado profesional y se resalta los nombres de quienes serían contrarios al Gobierno anterior. Aunque en este listado se elimina a los concursantes “que no pasaron el test psicológico”, se aclara que existen otros identificados como “peligrosos”.
En el concurso se inscribieron 666 postulantes. 64 llegaron a la etapa final. El 18 de noviembre, José Mauricio Jaramillo Velasteguí, entonces director general del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) y exasesor de la Presidencia, envió un mensaje a Alexis Mera y Johana Pesántez con las “notas consolidadas” de los postulantes. Se adjunta una lista con nombres y calificaciones: varios de los mejores puntuados, finalmente, no fueron escogidos. En la matriz que se incluye se señalan observaciones, corroborando que existió injerencia en los resultados finales.
En enero de 2012 se posesionaron los nuevos magistrados, entre ellos Wilson Andino y Lucy Blacio, cercanos al Gobierno. De hecho, actualmente Blacio es Viceministra de Justicia… Ninguno de los candidatos marcados como “peligrosos” o con afinidad política de oposición fue designado como juez. Además, una veeduría internacional coordinada por Baltasar Garzón informó sobre presuntas irregularidades en el proceso:
- Se le entregó seis puntos extra a la jueza Mariana Yumbay por una experiencia laboral con la que no contaba.
- Yolanda Yupangui se ubicó en el puesto 12 y Lucy Blacio en el 45, pero luego de la audiencia oral, calificada por el Consejo de la Judicatura, Yupangui quedó fuera y Blacio se convirtió en magistrada nacional.
- El concursante Édgar Flores ocupaba el lugar 14 y Wilson Andino el puesto 33. Tras la audiencia oral, Andino ingresó como juez principal de la Corte. Flores quedó fuera.
2) Abril 2012
Johana Pesántez junto a Xavier Cazar
En 2012, Carmen Vera demandó a Marcia Benítez por despido intempestivo. Vera fue empleada doméstica de Benítez, quien es madre de la entonces ministra de Justicia Johana Pesántez, actual secretaria jurídica de la Presidencia de la República.
En primera instancia se aceptó parcialmente la demanda, negándose el pago por indemnización, así como el pago por bonificación por desahucio. En ese contexto, la demandada debía cancelar $231.66. Tras una apelación donde tampoco se reconocieron los elementos de la salida intempestiva, la extrabajadora interpuso un recurso de casación (tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la Ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales) ante la Corte Nacional de Justicia.
El 2 de abril de 2012, Xavier Cazar, abogado y esposo de Pesántez, envió un correo a la entonces Ministra de Justicia y a Cecilia Ivonne Ortiz Yépez (funcionaria del despacho de dicho Ministerio) indicando que “El caso de Carmen Vera Rosario en contra de Marcia Benítez González ya pasó de la Corte Provincial (Sala Primera de lo Laboral) con sentencia favorable a Marcia Benítez a la Corte Nacional por un Recurso de Casación interpuesto por Carmen Vera. El recurso está en la Oficialía Mayor para el sorteo correspondiente. La idea es que una vez sorteado, hablar con el conjuez que debe calificar para que lo inadmita y evitarnos la casación y la acción extraordinaria de protección que presentarían sobre la base de la sentencia de casación si es que se admite el caso.
Te tendré informada del tema, pero si puedes ayúdame porfa. El caso llegó por el 27 de febrero más o menos. Lo tienen anotado en un libro en orden alfabético”. Y así fue.
En febrero de 2014, la Corte Nacional de Justicia inadmitió el auto de casación y devolvió el proceso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. ¿Existió injerencia? Sí.
Ecuador Chequea solicitó una entrevista con Pesántez y Cazar para contrastar esta información, pero no se obtuvo respuesta.
3) Mayo 2012
El proceso se inició en 2009. Ese año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) notificó a la Exportadora Bananera Noboa (EBN), propiedad de Álvaro Noboa, de una diferencia por concepto de Impuesto a la Renta (IR) de $49,1 millones, correspondientes a 2005; y $85 a 2009. En mayo de 2009, la empresa presentó reclamos administrativos. Después, se generaron una serie de incidentes judiciales (ampliaciones, pedidos de nulidad, casación, recusación, entre otros). En total 33 acciones, según el SRI. Todas fueron negadas.
El 9 de mayo de 2012, justamente cuando se estaba por proceder con el cobro de la deuda, Wilson Manolo Rodas Beltrán (Director General Subrogante del SRI) redacta un e mail con asunto “Caso Noboa” para Cynthia Elena González Peñafiel (Asesora Dirección General SRI). En el correo se precisa que “el viernes 4 de mayo la Corte Nacional de Justicia negó una nueva recusación presentada por EBN en contra de los Magistrados de la Corte Nacional de Justicia. El mismo viernes, el Tribunal Distrital de lo Fiscal de Guayaquil emitió una Providencia mediante la cual dispuso el archivo de la causa y declaró la firmeza del acto de determinación de la obligación tributaria…”. En la misma carta, Rodas precisa las estrategias para llevar a cabo, entre las cuales detalla “defender la ejecutoriedad de la Providencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Fiscal de Guayaquil; pedir que la Corte Nacional archive el juicio de excepciones presentado por EBN en contra del auto de pago que se emitió; emitir una nuevo auto de pago en contra de EBN en el cual se ordenarán medidas cautelares en contra de EBN, sus accionistas así como empresas relacionadas con el grupo y sus accionistas, medidas tales como la prohibición de enajenar bienes y prohibición de salida del país en contra de los accionistas y representantes legales”. Por su parte, González (exfuncionaria de la Presidencia) procedió a reenviar dicho correo, el mismo 9 de mayo, a Sandra Naranjo (Coordinadora General de la Presidencia), Alexis Mera y Carlos Marx.
Casi dos horas después, Mera, entonces secretario jurídico de la Presidencia, respondió el correo indicando que “hay que proceder de inmediato”.
La administración de justicia desechó las acciones legales de la exportadora del empresario y político ecuatoriano, procediendo al cobro mediante el embargo y remate de bienes del Grupo Noboa. En el intercambio de mensajes queda claro que la decisión de cobrar los impuestos adeudados estaba tomada, sin tener en cuenta el pronunciamiento de los órganos judiciales correspondientes.
Un año después, el 4 de junio de 2013, el entonces ya presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, informó a Rafael Correa a través de correo que se destituirá a la jueza Ivonne Hernández, quien otorgó el hábeas corpus a Álvaro Noboa, que por ese entonces tenía impedimentos legales para salir del país.
Ecuador Chequea solicitó una entrevista con Alexis Mera. Vía correo electrónico, el exSecretario Jurídico de la Presidencia manifestó:»no pienso pronunciarme sobre mensajes electrónicos obtenidos con fraude y delictualmente, muchos de ellos falsos».
4) Julio 2012
El 23 de julio de 2012 la Fiscalía inició un proceso de indagación, con el objetivo de determinar un supuesto peculado ocurrido en la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair. El exasambleísta Cléver Jiménez (Pachakútik) puso la denuncia contra Ítalo Centanaro Villacís, exgerente del proyecto; Luciano Cepeda, gerente en el momento en que se inició la investigación; Song Dongs Heng y Yang Huijun Zi Jiquan, directivo y gerente de la empresa Sinohydro Corp., respectivamente.
Como parte del trámite, la Fiscalía solicitó al contralor Carlos Pólit realizar un examen especial al proyecto hidroeléctrico, con énfasis en tres problemas que tendría la obra: no contar con el sustento técnico necesario que justifique la potencia instalada, no disponer de estudios definitivos para su contratación y “el contrato EPC (Engineering Procurenment and Construction, conocido como llave en mano) sería un serio obstáculo para la ejecución técnica y económica del proyecto”.
Dos días después de iniciado el proceso y tras darse a conocer en distintos medios de comunicación, el 25 de julio Rafael Correa escribió un e mail para Betty Tola, entonces ministra coordinadora de la Política y Gobiernos Autónomos; con copia a Jorge Glas, quien se desempeñaba como titular del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. El asunto del correo: “Hay que reaccionar MUY fuertemente incluso con nuestros legisladores”.
En el mensaje, el exPresidente escribe que “por la ‘denuncia’ de un descalificado como Cléver Jiménez (el mismo que me acusó a mí del 30S haber planificado mi ‘supuesto’ rescate desde… la UTE), se está investigando hasta a los gerentes chinos de la obra más grande del país??? Cómo se puede sacar adelante al país así??? (sic)”.
Es posible concluir la injerencia en el caso, tras el pronunciamiento de Correa. Se evitó la continuación de las investigaciones y el paso a nuevas denuncias. De hecho, la indagación no derivó en enjuiciamiento; y en diciembre de 2013, el exfiscal general Galo Chiriboga desestimó y solicitó el archivo definitivo de la causa contra la Empresa Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair E.P, representada por Esteban Albornoz, exministro de Electricidad y Energía Renovable, actualmente procesado en el escándalo de corrupción Odebrecht.
5) Agosto 2012
En 2012, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el proceso de validación de partidos y movimientos políticos que participarían en la contienda electoral de 2013. Para ello, se solicitó un número de firmas que acreditaban y habilitaban a las distintas agrupaciones. En este contexto, varios partidos y movimientos, entre ellos el Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik, pasaron al proceso de revisión de firmas. En ese punto se criticó los sistemas informáticos que manejaba el CNE.
Los representantes del MPD y Pachakutik acudieron a la justicia para frenar el reprocesamiento de las firmas recolectadas, sin embargo, el pedido fue negado.
El 25 de agosto de ese año, Rafael Correa envió un mensaje a Leonardo Berrezueta Carrión (asesor de la Presidencia) con copia a la entonces ministra de Justicia Johana Pesántez. En el correo que llevaba por asunto “recurso de protección de MPD y PK”, el exPrimer Mandatario escribió “Estos dos partidos han presentado un recurso de protección para parar la revisión de firmas. Hay que darle seguimiento a este caso”.
Berrezueta respondió “Ayer (24 de agosto) en la mañana el pleno rechazó todas las impugnaciones al proceso de verificación de firmas, por tanto se agotó la vía administrativa y quedó en firme la resolución. Ahora solo les queda la apelación en el Tribunal Contencioso Electoral. El otro camino es plantear recursos de protección como lo han hecho. Estaremos sobre estos casos coordinando con Ministerio de Justicia”.
La comunicación se generó un día después a la presentación de la solicitud de medidas cautelares ante la justicia, por parte de las agrupaciones políticas .
El recurso planteado por MPD y Pachakutik para detener la reverificación de firmas se dio días previos a los comicios electorales de 2013 y fue negado por el Juzgado Primero de lo Civil de Quito, lo cual evidencia que sí existió injerencia en aquel proceso judicial. Sin embargo, pese a las trabas, las agrupaciones políticas sí fueron calificadas positivamente y participaron en las elecciones.