La intervención del Gobierno en Segura EP desató críticas por presunta intromisión en la autonomía municipal. Analistas alertan riesgos institucionales si no hay coordinación, plazos y reglas claras en seguridad.
Dos analistas de seguridad consultados por Ecuador Chequea advirtieron que la reciente intervención del Gobierno en la empresa municipal de seguridad y gestión de riesgos del Municipio de Guayaquil, Segura EP, la entidad municipal que gestiona videovigilancia y respuesta local en Guayaquil, puede debilitar la coordinación operativa contra el crimen y convertirse en un “pulso político” que debilite la coordinación contra el crimen si no se define un marco claro de competencias y controles.
El exconsejero presidencial del Seguridad del Gobierno de Guillermo Lasso, Wagner Bravo, sostiene que las “ideologías políticas” impiden “un solo consenso” y que la seguridad “es responsabilidad del Estado”, por lo que el Ejecutivo debería buscar un acuerdo operativo con la Alcaldía para evitar duplicidades y rivalidades.
Así, dijo, “la seguridad es responsabilidad del Estado” y los gobiernos autónomos deben enfocarse en prevención y uso del espacio público, sin “suplantar” a Policía o Fuerzas Armadas.
Bravo sostuvo que la seguridad es responsabilidad del Estado y que los municipios deben concentrarse en prevención como espacio público, iluminación, tejido social y no en “suplantar” a Policía o ECU 911.
También consideró que el escenario debe leerse en clave de falta de “consenso a nivel nacional” y de una “rivalidad” entre el presidente de la República y alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca, y planteó que, tras la detención del alcalde de Guayaquil, “es posible” que el presidente “quiera sobreponer las acciones que tiene la Alcaldía”.
La analista Katherine Herrera, también analista de seguridad, aseguró que el Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y Autonomías, COOTAD reconoce competencias municipales en seguridad ciudadana y prevención, y alertó un “efecto globo”: que otros municipios se desincentiven en invertir en prevención si perciben que el Gobierno central puede “tomar” equipos y capacidades financiadas con tasas locales.
Herrera sostuvo que, aun si se comprobara un uso criminal de imágenes, la respuesta debería individualizar responsabilidades penales y, si hay medidas extraordinarias, que sean temporales y justificadas.
También recordó que existen “especificaciones muy claras” en el COOTAD sobre autonomía municipal y competencias en seguridad, y que el Ejecutivo podría ejercer control o fiscalización “hasta cierto punto”, pero “más no” el “uso completo” de tecnología y equipos municipales adquiridos con la tasa de seguridad; sostuvo que, si no hay devolución, Guayaquil “va a perder autonomía” en prevención de violencia social y del delito.
Qué pasó y por qué allanaron Segura EP
La Fiscalía informó que el operativo en Segura EP se ejecutó mediante un “acto urgente” solicitado por la Policía, tras información reservada que advertía que la empresa municipal “estaría difundiendo” imágenes de videovigilancia “a un servidor externo por confirmar”. Fiscalía dijo que se levantaron indicios, sin detallar cuáles.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el Gobierno tomó “el control operativo” de Segura EP y que los recursos de monitoreo se integrarían al “sistema nacional de seguridad” para ubicar extorsionadores, sicarios y estructuras criminales, en un contexto que describió como “crítico” para Guayaquil.
En reacción, 12 de 15 concejales firmaron una carta en la que exigieron respeto al Estado de derecho y a la autonomía municipal, y calificaron la irrupción como una “intromisión indebida”, alegando que no hubo “resultado material alguno” ni incautaciones, y que el despliegue fue desproporcionado.
La intervención estatal ocurrió después de una semana marcada por incendios de alto impacto en el centro de Guayaquil. El 15 de febrero se reportó un incendio en calles Chile y Sucre que movilizó decenas de unidades de emergencia y más de 80 bomberos, mientras autoridades investigan responsabilidades y condiciones de seguridad del inmueble.
