A parte de funcionarios de Gobierno, en la audiencia sobre el proyecto de decreto ley de finanzas públicas, que se cumplió en la Corte Constitucional, no hubo ni una sola intervención a favor de la propuesta del presidente, Guillermo Lasso. 

Los funcionarios del Gobierno (Ministerio de Finanzas, Senplades y de la Presidencia de la República), se quedaron solos en su intento por defender, ante la Corte Constitucional, la necesidad de dar paso al proyecto de decreto ley sobre transparencia de finanzas públicas, que remitió el presidente, Guillermo Lasso, con el carácter de urgente en materia económica, buscando el dictamen favorable de la Corte. 

Varios artículos de este proyecto tienen relación con la Seguridad Social y se propone, por ejemplo, eliminar los intereses generados por la deuda que el Estado mantiene con el IESS, cambiar la forma de cálculo para las asignaciones en salud y educación, contribución de apenas el 33,3% del aporte para el fondo tripartito del IESS para el tratamiento de enfermedades catastróficas —cuando la Constitución establece que el Estado es el encargado de cubrir la totalidad de esos gastos—, entre otros aspectos. 

Propuestas consideradas inconstitucionales por representantes del IESS, de organizaciones sindicales, políticas, por expertos en seguridad social, entre otros, que intervinieron en la audiencia. No hubo un solo criterio —fuera de la esfera oficial— que por lo menos dé el beneficio de la duda a la conveniencia de aprobar este proyecto de Lasso.  

Los argumentos del Ejecutivo

Yolanda Salgado, vocera de la Presidencia de la República; Pablo Arosemena y Eduardo Lemus, ministro y viceministro de Economía, respectivamente, aseguraron que el objetivo del proyecto es mantener la estabilidad económica y sostenibilidad fiscal, para anticiparse a los problemas que se van a dar el próximo año por situaciones como el Fenómeno de El Niño. Arosemena indicó que uno de los objetivos es anticipar la capacidad de respuesta de las finanzas públicas ante eventos económicos externos adversos. Según Arosemena está propuesta ayudará a la planificación de las finanzas por parte del Gobierno que sea electo el 15 de octubre. «Es clave anticiparnos y que el próximo gobierno tenga desde comienzos del próximo año una normativa de finanzas públicas que le permita trabajar y enfrentar las adversidades», dijo Arosemena. 

Por su parte, Lemus aseguró que no se disminuirán las bases de cálculo de asignación para los presupuestos para educación y salud. Sobre no cancelar los intereses de la deuda con el IESS aseguró que se trata de buscar mecanismos para cumplir con las transferencias económicas al IESS, por lo que no se afectarían los derechos a la seguridad social. El funcionario dijo que el Ministerio desconoce a ciencia cierta a cuánto asciende la deuda con el IESS, pero que en base a datos del propio Instituto, los intereses que se podrían «perdonar» por la deuda del 40% de aporte a las jubilaciones patronales son de 1.080 millones de dólares y que la deuda se aproxima a los 3.000 millones. 

La versión del IESS

María del Carmen Toro, representante del IESS, manifestó que los intereses ascienden, en realidad, a los 1.129 millones y que la deuda total es de 13.000 millones. 

Aseguró que pretender la remisión total de esos intereses, con efecto retroactivo desde el 2008, va contra la Constitución. Indicó que el Gobierno no paga a tiempo las contribuciones al IESS, por lo que se ha descapitalizado y no puede hacer inversiones.

Ramiro Vega, también del IESS, explicó que el cobro de esos intereses es lo que le permite al Instituto suplir el daño que se genera por las desinversiones. «La remisión de intereses le causaría al IESS incrementar su déficit», dijo, además de bajar el tiempo de duración de sus reservas, afectando las prestaciones que ofrece. 

Además explicaron que la Constitución garantiza la atención especializada y gratuita en todos los niveles de las personas sufren enfermedades catastróficas. «Al pretender pagar únicamente el 33,3%, lo hace sin base legal, sin estudio actuarial y sin base técnica», dijo Toro. 

Los amicus curiae

Ocho personas intervinieron ante la Corte con amicus curiae (criterios para ayudar a los jueces a tomar una decisión). Todos los argumentos fueron en contra de la propuesta del Ejecutivo, por lo que pidieron que se emita dictamen no favorable. 

Entre estos, que las reformas planteadas en este proyecto ya fueron rechazadas por la anterior Asamblea, por lo que Lasso lo que estaría buscando es evadir el debate en la Legislatura. Además, que el IESS no pertenece al Gobierno, sino a los afiliados y jubilados, por lo que se deben respetar sus recursos, ya que se le estaría afectando en su estabilidad, entre otros argumentos.

La jueza constitucional Teresa Nuques está a cargo de esta causa y, tras la audiencia, deberá elaborar un proyecto de dictamen para que sea tratado por el Pleno de la Corte Constitucional.

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