“Ecuador ha experimentado un aumento significativo en los niveles de delincuencia”, dice el Informe Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. ¿Cómo fue que llegamos a los peores sitios de este récord? No hay soluciones en el “corto plazo”, dicen expertos.
POR: Juan Camilo Escobar
Ecuador ha experimentado en años recientes uno de los mayores crecimientos en los “mercados criminales” de América Latina, llegando a entrar en el ‘Top 10’ de naciones con mayor criminalidad en el mundo. La lista la lidera Myanmar, seguida de Colombia, México, Paraguay y Congo. Ecuador se sitúa en el décimo puesto, empatado con Siria y por detrás de Líbano y Afganistán.
Este vergonzoso récord consta en los resultados del Informe Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, elaborado por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC, por sus siglas en inglés), un organismo internacional que desde el 2013 realiza investigaciones sobre el crimen.
«En tan sólo dos años, Ecuador ha experimentado un aumento significativo en los niveles de delincuencia (+0,82 puntos) y ahora se encuentra entre los 10 países con mayor delincuencia organizada en el mundo», señala el informe.
La investigación considera estas cifras como indicativas de un ecosistema delictivo complejo y más violento, impulsado por grupos mafiosos con poder y redes delictivas locales que, junto con actores extranjeros, participan en numerosos mercados delictivos. En contraparte, la investigación señala que la cooperación internacional también ha mejorado para enfrentar las actuaciones del crimen organizado, que no respetan fronteras.
En el reporte se destaca que grupos criminales colombianos han impulsado cultivos de coca y la producción de cocaína en la porosa región fronteriza entre Ecuador y Colombia. Esto, sumado a las débiles capacidades antinarcóticas y de seguridad de Ecuador en las ciudades portuarias, ha permitido a las organizaciones criminales traficar drogas hacia los mercados europeos en colaboración con los cárteles criminales balcánicos y mexicanos, con un aumento constante de la actividad criminal en Ecuador.
Para exportar droga, indica, los grupos criminales han creado una demanda de armas que ha tenido un impacto directo en las tasas de homicidios. Además, continúa, Ecuador ha experimentado un aumento sostenido en la minería ilegal de oro desde el año 2000, un mercado delictivo que genera tanto violencia como daños medioambientales en las zonas rurales de la región amazónica.
La GITOC, organización que elaboró este reporte, asevera en su página web que investiga el crimen transnacional desde el 2013, con una metodología técnica y que, en la actualidad, cuenta con más de 600 expertos.
A criterio del periodista ecuatoriano de investigación especializado en temas de corrupción y crimen transnacional, Arturo Torres, este nuevo informe sí goza de credibilidad a escala internacional, debido a su experiencia de más de una década en la recopilación de información sobre las prácticas de las organizaciones criminales.
“Ahora ya lo han hecho con más profundidad a nivel de Ecuador, porque es un país que se volvió protagonista en estas nuevas dinámicas de las redes transnacionales del crimen organizado. Y, por ello, estamos por primera vez en la lista de los 10 países más afectados, lo que significa que las capacidades del Estado son insuficientes y las estrategias están equivocadas. Y eso también se está midiendo”, comentó.
El reporte se presentó de manera formal este martes 26 de septiembre en la capital ecuatoriana, como un nuevo y directo llamado de atención de la comunidad internacional frente a la penetración en Ecuador del crimen organizado, ante el cual el Estado continúa perdiendo su “resiliencia” o capacidad de respuesta.
Y este vacío se confirmó, precisamente, en el mismo acto formal, con la presentación de otro informe, esta vez del Observatorio del Crimen Organizado, que señala que las instituciones públicas ecuatorianas no sólo no investigan de manera eficaz, sino que también permiten prácticas de corrupción que quedan impunes.
Este segundo informe da cuenta de los resultados de una encuesta realizada en el transcurso de este año a 116 funcionarios de diferentes instituciones del Estado, quienes reconocen los principales factores de dicha ineficacia e impunidad ante las principales expresiones del crimen organizado.
Entre estos factores se incluyen los siguientes:
- Sólo uno de cada diez juicios por lavado de activos ha culminado en una sentencia condenatoria en los últimos cuatro años, lo que equivale a tan sólo 12 condenas en ese período; es decir, aproximadamente tres por año.
- En contraste con esta ineficiencia en el sistema judicial, el narcotráfico ha experimentado un aumento en el número de actores y un mayor mercado en Ecuador.
- Entre los actores más destacados y nuevos en el narcotráfico en Ecuador se encuentran numerosas personas procedentes de Albania, quienes obtienen visas justificando que desarrollan actividades económicas que, paradójicamente, contribuyen al lavado de activos.
- Los centros de ‘pronósticos deportivos’ se utilizan como fachada para el lavado de activos.
- Jueces y abogados de los acusados de narcotráfico logran modificar la figura legal bajo la cual se les juzga para recibir penas menores.
- Dificultad para encontrar e investigar catastros municipales de los terrenos que terminan convirtiéndose en pistas para aviones para el narcotráfico.
REACCIONES
Consultados por Ecuador Chequea, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; el consejero de seguridad del Gobierno, Wagner Bravo; y la catedrática de posgrado en Seguridad Nacional Carla Álvarez coincidieron en dos aspectos: el Estado no podrá ofrecer resultados concretos en el corto plazo, por más medidas urgentes que se apliquen; y, tampoco debe actuar solo, sino en conjunto con Estados Unidos y países de Europa (sobre todo de Albania), de Asia y de América Latina, en especial de sus vecinos Colombia y Perú.
“El asunto de la criminalidad no lo va a resolver inmediatamente el nuevo gobierno, porque a lo largo de 20 años el Estado y los ecuatorianos no tuvimos la visión de lo que nos iba a pasar en el momento en que estamos. Y las soluciones son de Estado, independientemente del gobierno de turno”, sostuvo Bravo, al destacar que el país aún necesita implementar “soluciones estructurales” para que la población, y no sólo las instituciones ayuden a denunciar y combatir actos de corrupción.
Bravo sostuvo que se requieren muchos años de trabajo para fortalecer las políticas de Estado para promover que las familias orienten a sus hijos sobre los peligros del consumo de drogas y el control de los jóvenes para evitar que sean reclutados por bandas criminales.
“Eso quiere decir todo un esfuerzo para que la familia vuelva a reconstituirse, esto requiere toda una reestructuración de la sociedad ecuatoriana. Y ese control de la familia es indispensable porque cada vez vemos más que los que más ingresan al crimen organizado son jóvenes de entre 15 y 19 años”, sostuvo.
Iván Saquicela señaló que se requiere una reforma legal para evitar, de manera específica, que personas procesadas por narcotráfico, en plena etapa de investigación, se beneficien de cambio de figura legal por las que se les acusa, de narcotráfico a crimen organizado, para recibir penas leves y recuperen la libertad en poco tiempo.
“Este problema se refleja en la aplicación del procedimiento abreviado. Tenemos aspectos y vicios en la ley y en la mala práctica. En la ley, por ejemplo, no debería permitirse ciertos tipos de procedimientos en delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos”, sostuvo.
Otro problema “estructural” que impide combatir con éxito al crimen organizado es la falta de inversiones necesarias y de decisión para evaluar a los jueces actuales, contratar a nuevos que se requieren en juzgados en todo el país y, sobre todo, acceder a recursos y tecnologías que mejoren las investigaciones sobre las actividades económicas del crimen organizado.
TAREA PENDIENTE
La docente Álvarez comentó que es prácticamente imposible implementar, en el corto plazo, las recomendaciones del informe de “fortalecer la capacidad” de las instituciones del país, en especial de la justicia y de seguridad, para enfrentar con éxito al crimen organizado.
Se trata, dijo la experta, de un proceso “de largo plazo” que, sin embargo, sí puede aplicar medidas urgentes, como la depuración de malos elementos en la Policía y en la justicia, la adquisición de nuevas tecnologías que mejoren la vigilancia y motivar que la sociedad civil se involucre.
“Fortalecer la institucionalidad sería la respuesta, pero eso no se va a hacer en los días que quedan del gobierno actual. El mandatario tampoco ha demostrado intenciones para aquello. Entonces, lo que queda es que el próximo gobierno tenga una prioridad para actuar en esa línea”, sostuvo.
“Hay que iniciar ahora, si no, la recuperación de las condiciones previas será más larga, más complicada y más costosa”, indicó.
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