Colectivos de profesionales y pacientes advierten que el país enfrenta una emergencia sanitaria no reconocida oficialmente. Documentos del Ministerio de Salud alertan sobre desfinanciamiento masivo y riesgos operativos en hospitales y direcciones territoriales. Especialistas consultados señalan una crisis de gobernanza con efectos sociales y económicos.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) opera con un abastecimiento promedio de medicamentos del 54,3%, es decir, 30,7 puntos porcentuales por debajo del estándar internacional mínimo del 85%. Además, nueve de cada diez contratos plurianuales vigentes no cuentan con financiamiento disponible para su pago.
Así consta en el reporte de abastecimiento elaborado por la Dirección Nacional de Abastecimiento de Medicamentos, con corte a diciembre de 2025, y en un informe técnico emitido el 5 de febrero de 2026 por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del MSP.
El documento técnico advierte que el 90% de los compromisos contractuales para el período 2025-2026 —aunque cuentan con certificación presupuestaria plurianual— no dispone de recursos asignados en el Plan Operativo Anual (POA). Esta situación genera riesgo de pasivos no financiados y posibles afectaciones a la operatividad institucional.
El informe también señala incertidumbre sobre la aplicación de los decretos ejecutivos 70 y 108, que disponen la reorganización y centralización de compras estratégicas. Entre enero y febrero se realizaron diez pedidos internos para que se emitan directrices que permitan su implementación.
Los compromisos totales ascienden a USD 2.066,47 millones. El mayor peso corresponde a gasto en personal (USD 1.706 millones), seguido de pasivos de años anteriores (USD 125 millones) y servicios externalizados (USD 89,98 millones). En menor proporción constan medicamentos y dispositivos médicos (USD 25,77 millones) y mantenimiento de infraestructura y equipamiento (USD 21,08 millones).
El informe recomienda analizar un régimen excepcional y temporal de contratación pública para bienes y servicios críticos durante la transición administrativa; priorizar servicios de apoyo como seguridad, limpieza y alimentación hospitalaria; y ejecutar de forma progresiva la transición prevista en los decretos 70 y 108 para evitar interrupciones en la atención.
Hospitales críticos y brechas territoriales
El reporte de abastecimiento identifica dos hospitales con niveles críticos de stock en diciembre de 2025: el Hospital General Monte Sinaí (Guayas) y el Hospital Dr. Gustavo Domínguez (Santo Domingo de los Tsáchilas), ambos con 19% de abastecimiento.
Les siguen el Hospital María Lorena Serrano (El Oro) con 24%; el Hospital General Rodríguez Zambrano (Manta) con 27%; y el Hospital Universitario de Guayaquil con 29%.
En el extremo opuesto, el Hospital de Alausí (Chimborazo) alcanzó 87%; el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (Quito) 85%; y la Dirección Distrital Yacuambi-Zamora también 85%.
A nivel zonal, la Zona 4 (Santo Domingo y Manabí) registró el nivel más bajo con 43%, seguida por la Zona 8 (Guayaquil) con 46% y la Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos) con 47%. En contraste, la Zona 9 (Quito) alcanzó 63% y la Zona 3 (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza) 61%. La brecha entre la zona con menor y mayor abastecimiento es de 20 puntos porcentuales.
Denuncias de colectivos
Representantes de la Confederación Nacional de la Salud del Ecuador (Consade) sostienen que el país enfrenta una emergencia sanitaria no reconocida oficialmente. En una rueda de prensa, afirmaron que apenas dos de cada diez pacientes en hospitales públicos acceden a tratamientos y medicinas.
Kevin Paredes, del Frente de Pacientes Renales, advirtió que pacientes en hemodiálisis han visto reducida la frecuencia de sus tratamientos de tres a una sesión semanal. También afirmó que el Estado mantiene una deuda aproximada de USD 200 millones con clínicas dializadoras que atienden a pacientes derivados del IESS y del MSP.
“¿Espera el Gobierno 16.000 ataúdes?”, cuestionó Paredes, en referencia al número estimado de pacientes renales en tratamiento sustitutivo. No presentó documentación durante la rueda de prensa, aunque la cifra coincide con estimaciones históricas reportadas por autoridades sanitarias en años anteriores.
Verónica Chávez, del colectivo Reacciona Ecuador, señaló que el deterioro es acumulativo y que en 2025 el presupuesto de salud sufrió un recorte cercano a USD 2.000 millones. También denunció desabastecimiento de insumos básicos en hospitales de referencia y la solicitud a familiares para que adquieran medicamentos y materiales médicos.
Chávez recordó que el país ha tenido seis ministros de Salud en dos años y que actualmente la cartera está encargada a la vicepresidenta María José Pinto.
Ecuador Chequea realizó consultas al Ministerio de Salud y hasta el momento de esta publicación no existió respuesta.
Criterio técnico: gobernanza y transparencia
Dos especialistas consultados coincidieron en que el problema trasciende el desabastecimiento y apunta a una crisis de gobernanza.
Fernando Sacoto, exconsultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), calificó como preocupante que el país permanezca meses sin un ministro titular de Salud con perfil técnico. Advirtió el riesgo de que la salud pública deje de operar como derecho efectivo y se traslade el peso financiero a las familias.
Daniel Simancas, epidemiólogo y vicerrector de investigación de la Universidad Indoamérica, sostuvo que la única forma de enfrentar la controversia es transparentar datos de ejecución presupuestaria, compras y financiamiento. “Estamos en oscuridad de los datos”, afirmó, y pidió reportes quincenales con trazabilidad financiera.
Simancas advirtió que la interrupción de servicios de la red privada complementaria puede incrementar el gasto de bolsillo de los hogares, indicador asociado al empobrecimiento por razones sanitarias. También alertó que el deterioro en prevención y control podría tener efectos de mediano plazo, como el recrudecimiento de enfermedades transmisibles.
