¿Qué debe pesar más: el respeto por una decisión judicial o evitar el riesgo de una nueva masacre? La decisión del Gobierno de no sacar a un reo de La Roca pone el debate al rojo vivo. Un análisis. 

La decisión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) —organismo asesor de la Presidencia de la República— de no acatar la orden judicial de trasladar de una cárcel a otra a un reo considerado peligroso, genera un debate que contrapone la independencia de funciones frente a la necesidad de garantizar la seguridad en un sistema carcelario en el que se han producido masacres.

El juez de Santo Domingo José Julián Herbozo ordenó que Freddy Anchundia, alias ‘Anchundia’, fuera llevado desde la cárcel de La Roca, en Guayaquil, hasta la cárcel Bellavista, de Santo Domingo. ‘Anchundia’ lidera la banda criminal identificada como ‘R7’, involucrada en varias de esas masacres carcelarias.

Sin embargo, el Gobierno, el Cosepe y el propio presidente, Guillermo Lasso, decidieron desacatar esa decisión judicial y mantener a ‘Anchundia’ en La Roca. “Cuando los jueces actúen como deben, nosotros acataremos sus órdenes”, escribió Lasso en su cuenta de Twitter, condicionando así el cumplimiento de una disposición de las disposiciones judiciales. Y lo acompañó con un con un comunicado oficial en el que se anunciaba la decisión de no cumplir la sentencia del Juez, solicitar la revocatoria de esa sentencia y hacer pública esta resolución. 

Analistas jurídicos y políticos consultados por Ecuador Chequea, señalan que la resolución del Cosepe afecta la independencia de los poderes estatales y hay una abierta pugna entre ellos. Sin embargo, Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sostiene que, aunque no está de acuerdo con el irrespeto de decisiones judiciales, en este caso hay una decisión estratégica de seguridad nacional para evitar “un nuevo genocidio en las cárceles”.

Seguridad

Moncayo, también exalcalde de Quito y exasambleísta, señala que la decisión del juez que ordenó traslado podría corresponder a uno más de los numerosos y evidentes casos de presiones a la Justicia. “Si los jueces no hubiesen sido cooptados, como ha sido evidente en algunos casos, las cosas se aplicarían como dice la Ley y no estaríamos lamentando esto (el desconocimiento de la orden de traslado)”, señala Moncayo.

“¿Cómo se justifica usted, si por cumplir con la decisión jurídica, enfrenta un nuevo genocidio en la cárcel?”, cuestiona Moncayo.

Principio de independencia

Los abogados constitucionalistas Emilio Suárez y Paúl Córdova coinciden en señalar que el desconocimiento de la orden judicial agrava los problemas de inseguridad jurídica en el país y vulnera el principio establecido en la Constitución de independencia de las funciones del Estado.

Suárez comenta que, “si bien hemos sido testigos de los abusos de las garantías jurisdiccionales, durante todo este tiempo, finalmente son decisiones judiciales. Si recriminamos al Consejo de Participación Ciudadana por no cumplir una sentencia de la Corte, por qué no hacer lo mismo con los presidentes de la República y de la Asamblea de lanzar comunicados públicos para no cumplir sentencias”.

El experto judicial señala que, para evitar un “daño terrible” a la administración en la misma Justicia, el Gobierno puede recurrir “a la vía jurisdiccional”, es decir, presentar un recurso de apelación de la sentencia —algo que el Gobierno sí anunció que hará, como queda dicho—.

El catedrático de Derecho de la Universidad Internacional Paúl Córdova señala que es un error desconocer la decisión judicial, porque, a su criterio, “abre las puertas para un caos institucional en el país”.

Córdova señala que, en lugar de desconocer esta decisión, el Gobierno debe liderar la coordinación de las instituciones responsables de “dar respuestas contundentes” al crimen organizado y fortalecer la política de lucha contra el narcotráfico.

En el plano político

Para Simón Pachano, catedrático de Ciencias Políticas de la Flacso, la decisión del Cosepe se trata de una pugna “muy fuerte” entre los poderes del Estado, que evidencia un inadecuado funcionamiento de las instituciones. Considera que no existen soluciones en el corto y mediano plazo y que le corresponde a la ciudadanía elegir bien a sus autoridades.

El analista político y editorialista Simón Ordóñez, cree que la única alternativa que tenía el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI), era verificar si la orden judicial cumplía las formalidades. Ordóñez insistió en la necesidad de comprobar las formalidades tras recordar casos de “jueces corruptos que cometen abusos”.

Ecuador Chequea intentó obtener un criterio del secretario nacional de Seguridad, Diego Ordóñez, y del ministro del Interior, Juan Zapata, sobre las argumentaciones y criterios que priorizó para desconocer la mencionada resolución judicial. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta. 

La situación de ‘Anchundia’

Alias ‘Anchundia’ se encontraba aislado desde mediados de noviembre en La Roca. El reo había llegado tras ser trasladado, precisamente, desde la cárcel de Santo Domingo, donde en años recientes se produjeron dos matanzas, con un saldo de 56 personas asesinadas. Esto en el marco de enfrentamientos entre bandas rivales.

En esa misma cárcel de Santo Domingo se produjeron en noviembre anterior una serie de ataques contra las fuerzas del orden. En aquella ocasión el Gobierno de Lasso atribuyó esos ataques a una respuesta del crimen organizado contra la intervención en las cárceles.

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