El Gobierno entregó la competencia para los procesos, argumentando que eso garantiza su autonomía; pero muchos sectores aseguran que si no se entrega recursos económicos, el tema queda a medias. 

Una mezcla de duda, desconfianza e incertidumbre, es lo que le genera a Mónica Pérez el conocer que el Gobierno ha eliminado la prueba de ingreso a la universidad pública. Su hija acabará el colegio el próximo año lectivo y deberá dar ese paso. «¿Nos irá mejor o peor con el nuevo sistema?», «¿Será más fácil o más difícil?”, se pregunta. 

Ayer, el presidente de la República, Guillermo Lasso, informó que el examen Transformar, que servía para ingresar a la universidad, quedó eliminado. La medida será de aplicación inmediata en el régimen Costa y en la Sierra y Amazonía regirá desde el próximo año lectivo; es decir, desde el 2023.

Con la firma del Decreto Ejecutivo que dará paso al nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), se dispone que el proceso de admisión esté a cargo de cada universidad, que deberá definir el procedimiento para el ingreso de sus nuevos alumnos. 

«Este Gobierno cree en la juventud ecuatoriana y le dará todas las oportunidades para que pueda construir su propio futuro, escoger su camino y diseñar su vida con total libertad», dijo Lasso.

Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) destacó que las universidades tendrán la libertad para diseñar una oferta pertinente en el marco de su autonomía. “Más cupos, más carreras, más oferta académica y más modalidades para nuestros jóvenes”, aseguró.

Las observaciones

Desde los actores del sistema universitario público hay observaciones a la decisión del Gobierno, ya que aseguran debe venir acompañado de la asignación de recursos y que, de lo contrario, no habría mayor avance para recibir a más alumnos. 

“Que nadie se confunda que por eliminar el examen de ingreso de la Senescyt se están aumentando los cupos de la universidad; esto es muy triste, pero es verdad”, dijo María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca. 

Agregó que la eliminación del examen no implica aumentar cupos en las universidades, y que sólo significa que esa competencia, que estaba centralizada de algún modo, la traslada a cada universidad para que definan cómo seleccionan a los estudiantes. Hermida advierte: “Lamentablemente, el número de cupos no aumenta, para que el número de cupos aumente en las universidades necesitamos recursos económicos para infraestructura física, tecnológica, pago a profesores. Estaríamos gustosos de hacerlo como universidades públicas; sin embargo, con los presupuestos reducidos que se han mantenido desde el 2019, esto resulta imposible”, informó.

Agregó que en el 2021, 380 mil jóvenes aspiraron a un cupo en el sistema de educación superior, pero 110 mil no pudieron acceder, no por la existencia del examen, sino porque no hay recursos suficientes para ampliar la oferta de cupos.

Las alternativas

Mauricio Chiluisa, de la FEUE; y Dayana Basantes, de la FESE, manifestaron que el Gobierno les ha dado la razón en que el examen Transformar ha sido un fracaso y no ha resuelto el problema de acceso a la educación superior. Sin embargo, consideran que, al eliminar el examen estandarizado, el Gobierno se deslinda de esa responsabilidad y la traspasa a las universidades pero sin presupuesto, ni política de ampliación de cupos.

Los dirigentes estudiantiles plantean que para el ingreso a la universidad el único requisito sea el título de bachiller y que se establezca un ciclo de nivelación, en el que los estudiantes puedan equiparar conocimientos para la carrera escogida. “Un preuniversitario con las materias de la carrera, que luego se evalúe al estudiante, pero que la evaluación no sea punitiva, sino permita identificar las falencias del sistema y del estudiante, para tomar correctivos”, dijo Chiluisa. Mientras que Basantes agregó que con la eliminación de la prueba Transformar no se está asegurando nada, si no se garantiza el presupuesto para Educación. 

Hermida anticipa que la Universidad de Cuenca asumirá la competencia, pero a través de un examen que garantice transparencia, calidad, protocolos adecuados para que los estudiantes puedan participar de manera correcta, rigurosa y así definir quiénes son los que ingresan a ese centro de estudios. Y para cumplir con ese examen, dijo, cada universidad tendrá que contratar o comprar una plataforma.

“Algunas universidades públicas estamos viendo para unirnos para sumar recursos. Comprar una plataforma es difícil, hay que pasar por algunas etapas, que tarda entre cuatro y cinco meses. Hay que definir si vamos a hacer por áreas de conocimiento”, agregó.

Para Milton Luna, exministro de Educación, lo que hace el Gobierno es tan solo una transferencia de responsabilidades para que las universidades escojan el procedimiento de filtro de estudiantes que ingresan, pero que no soluciona el problema estructural del acceso a la universidad, que está relacionado con la incapacidad que tienen los centros de educación superior (presupuesto, infraestructura, profesores) para recibir a la cantidad de bachilleres que se gradúan de los colegios cada año. 

Ajena a este debate presupuestario y de infraestructura, Pérez sigue pensando qué trámite le tocará hacer a su hija para inscribirse. “Te tocará el veredazo (ir a dormir en la universidad para alcanzar la inscripción). Así tocaba hacer en mi tiempo”, le cuenta.

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