Autoridades de la CIDH se mostraron preocupados por la situación de violencia con que se ejerce el oficio en la actualidad. Una delegación de periodistas y sociedad civil narró la realidad: 220 agresiones y 9 reporteros exiliados en lo que va del año. ¿Y el Estado?

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, calificó esta tarde a la impunidad en los crímenes contra periodistas como un pecado de los estados. Y dijo que, aunque no es el único país, en Ecuador este pecado está presente. Lo dijo ante una delegación de periodistas y defensores de la libertad de expresión, que expuso esta tarde ante la Comisión, la situación de violencia que vive el periodismo en el país y la crítica realidad de los medios.

La delegación estuvo conformada por las periodistas María Sol Borja y Karol Noroña; el director de Fundamedios, César Ricaurte; Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas —parte del equipo periodístico de El Comercio asesinado en la frontera norte—; y el excandidato presidencial Christian Zurita.  

«Le concierne a todas las personas, especialmente al Gobierno, asegurar que sus ciudadanos les escuchen decir de manera enfática que el Gobierno utilizará todos sus poderes para castigar a las personas que han hecho daño o matado a cualquier periodista, en lugar de usar palabras de odio», dijo Macaulay.

Este fue uno de los puntos más importantes en la audiencia, que incluyo señalamientos y cuestionamientos para el Estado ecuatoriano sobre su deficiente rol en la protección del periodismo e, incluso, al haber sido en muchas ocasiones el propio agresor de la prensa. 

Jan Jarab, representante de la ONU para América del Sur, recalcó que los periodistas tienen un papel esencial para la democracia y que ven con inquietud que haya tendencias regresivas en varias partes del mundo y de América Latina, con estigmatización, criminalización, amenazas y asesinatos de periodistas. 

“Tampoco podemos olvidar la situación de los periodistas que cubren protestas sociales, preocupan las agresiones sufridas a periodistas en el contexto de manifestaciones, como en el 2022. El Estado debe garantizar como mínimo su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información, protección contra detenciones arbitrarias, libertad de circulación y, en caso de procesos judiciales, juicios justos con las debidas garantías. En ese sentido, deseo expresar mi profunda satisfacción de que la comisión haya presentado un caso ante la Corte Interamericana que podría marcar un antes y un después para el periodismo en Ecuador. El Estado deberá rendir cuentas por la muerte de un fotoperiodista en una protesta social en 2005 y por la falta de una investigación efectiva de lo sucedido. Porque el tema de la impunidad sigue siendo central. Aún no hay resultados judiciales sobre el asesinato de los tres periodistas de El Comercio”, expresó Jarab. 

El relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, por su parte, se mostró preocupado por el incremento en el número de periodistas exiliados. «Cuando llegué, a finales de septiembre, en Ecuador me hablaban de cinco periodistas exiliados, hoy son nueve y estamos a inicios de noviembre». Aseguró que el caso del equipo periodístico de El Comercio era un hecho aislado y que ahora esto se ha vuelto un tanto más común. 

Desde la prensa y la sociedad civil

Ricaurte, el director de Fundamedios, expuso que la prensa sufrió varios ataques desde el poder durante una década y que, tras el correísmo, los medios quedaron debilitados. Enfatizó su preocupación porque en la actualidad Quito es la única capital de América Latina en la cual no existe prensa impresa.

En lo que va de este 2023, esta organización ha contabilizado 220 agresiones contra la prensa. Y, hasta el momento, hay 9 periodistas exiliados. Durante el periodo electoral se registraron 61 incidentes de violencia electoral, incluido el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Ricardo Rivas, dijo que tras, 6 años del asesinato de su hermano, no ha encontrado ni verdad ni justicia, sólo impunidad. “Desde entonces estos hechos se siguen repitiendo. El año pasado Ecuador volvió a ser parte de la estadística, con 3 periodistas asesinados. Nuestro caso ha pasado por cuatro fiscales y sigue en etapa de indagación. Se ha llamado a tomar versiones y un 85% de estas ha sido solicitado por familiares”, resaltó. 

Dijo que, cuando se produjo el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra, de diario El Comercio, éste fue un antecedente a la realidad que se vive ahora, marcada por amenazas de muerte, atentados, exilio de periodistas; es decir, por la falta de garantías para el trabajo de la prensa. 

La periodista Karol Noroña contó: “Supe que los miembros de una organización narcocriminal que sirve logísticamente a carteles internacionales presentes en Ecuador, planeaban un atentado en mi contra. No fue la primera alerta que recibí, pero sí la más grave. Tuve acceso a chats y audios de las amenazas en mi contra, que incluían fotografías mías, información del barrio en el que residía en Quito, del medio en el que trabajaba y un plan de asesinato que escuché de las voces de los líderes narco criminales gracias a dos fuentes cercanas”. 

Noroña dijo que al día siguiente salió del país, sin fecha de regreso. Y que ahí comenzó su exilio; desde entonces, han pasado 8 meses. “No he podido retomar mi trabajo ni he logrado volver a publicar nuevas investigaciones, debido a las secuelas psicológicas que me ha causado el exilio”, mencionó. 

En su turno al uso de la palabra, la periodista María Sol Borja relató: “Recibo mensajes como estos todas las semanas: Chula te verías con mi semen por toda tu cara; cállate, piruja, y hazme un emparedado; pobre tu marido, si es que tienes; conviértete en prostituta porque de periodista no tienes nada; ya tómese o aplíquese un consolador; si no te gusta, regresa a la cocina”. Por ello, dijo que entre enero del 2022 y marzo del 2023, hubo alrededor de 90 agresiones dirigidas a periodistas por su condición de género.

Y explicó que la violencia empieza con discursos estigmatizantes hacia los periodistas, con una carga adicional hacia las mujeres; “construye y normaliza la violencia sin que haya ninguna consecuencia”. 

Durante el desarrollo de la audiencia, Roberta Clarke, vicepresidenta de la CIDH, cuestionó al Gobierno sobre qué medidas ha tomado el Estado para garantizar que termine la impunidad. Preguntó cómo se hará para devolver la confianza a los periodistas, para que puedan brindar la noticia de manera completa e imparcial; y, sobre todo, para que quienes están fuera, puedan volver del exilio a su país.

Desde el Estado

En representación del Estado, el ministro del Interior, Henry Cucalón, pidió disculpas por las veces en que el discurso estigmatizante contra la prensa ha venido desde el Gobierno, pero insistió en que este no ha sido «sistemático». Aseguró que el Gobierno ha sido defensor de la libre expresión y se solidarizó con los periodistas que se encontraban en la audiencia. También reconoció que este año se agravó la situación de la inseguridad en el país. «El clima de violencia, donde hay responsabilidad estatal, es originado por el crimen organizado», justificó. Señaló que sí conocía situaciones como la de Karol Noroña y se disculpó por no realizar una declaración oficial.

Por su parte, el procurador general, Juan Carlos Larrea, aseguró que hay un compromiso del Estado para avanzar en las investigaciones de crímenes contra periodistas. «Mi compromiso es hacer lo posible para que se solucione el caso de los periodistas asesinados de Diario El Comercio», indicó.

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