Bruno Segovia denunció a la expresidenta de la Asamblea por supuesto tráfico de influencias y gestión de cargos públicos. Aún no termina de salvarse de una posible destitución en el Pleno, y ahora le llega esto. 

Con un proceso de destitución pendiente por definir en el Pleno de la Asamblea por presunto cobro de diezmos a sus colaboradores, Guadalupe Llori (Pachakutik) enfrenta una nueva investigación en su contra.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó y admitió a trámite la denuncia presentada por el asambleísta Bruno Segovia (ex Pachakutik) en contra de Llori, por lo que el expediente pasó al Comité de Ética, que inició la sustanciación del proceso. Segovia señala a la expresidenta de la Asamblea de, presuntamente, haber gestionado cargos públicos y de tráfico de influencias. Segovia manifestó que Llori habría intervenido en el nombramiento de varias autoridades de Orellana, lo que va en contra del numeral 3 del artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa, con el que se prohíbe a los asambleístas gestionar nombramientos de cargos públicos. El legislador presentó una lista de nombres que probarían la irregularidad, donde constan tenientes políticos de Orellana que habrían sido designados gracias a la intervención de Llori. 

El asambleísta Dalton Bacigalupo (ID), integrante del Comité, manifestó que esa instancia actuará apegada a las normas legales, éticas y constitucionales y que se respetará el debido proceso. Por su parte, Luisa González (correísta), también parte del Comité, pidió que se notifique a las partes para que presenten las pruebas de cargo y descargo. 

“No se puede tapar el sol con un dedo”, manifestó Segovia y agregó que es momento de sanear la Asamblea y levantar la dignidad; sin embargo, Llori aseguró que se trata de una persecución política y violencia política de género. La expresidenta aseguró que siempre ha actuado con transparencia y que está acostumbrada a enfrentar este tipo de persecución. 

El Comité deberá convocar al denunciante y a la denunciada a que expongan sus argumentos y presenten las pruebas respectivas. Transcurridos los plazos, el presidente de la Comisión, José Chimbo, coideario de Llori, presentará un proyecto de informe que recomiende la destitución o el archivo del trámite. Este proyecto de informe será puesto en conocimiento de los integrantes del Comité, para tratarlo y luego remitirlo al Pleno. 

Lo pendiente

Este nuevo proceso se da en momentos en que el Pleno de la Asamblea debe definir si Llori será destituida o no del cargo, luego de la denuncia que en su contra puso la legisladora correísta Johanna Ortiz, por presunto cobro de diezmos. Específicamente, por el alquiler de una auto de alta gama para movilizarse los fines de semana y en horas no laborables, cuyo arrendamiento era pagado por sus colaboradores, según el informe. 

El tema ya fue tratado en el Pleno el miércoles, pero no se logró aprobar su destitución, ya que la moción alcanzó 82 votos, pero se necesitan 92. La bancada oficialista y la de Pachakutik le salvaron en un primer momento, pero el tema quedó abierto porque se solicitó la reconsideración de esa votación, lo que fue aprobado, pero no hubo la segunda y definitiva votación porque el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión debido a que Ortiz no se encontraba en el Pleno para presentar nuevamente la moción de destitución. 

La asambleísta Sofía Sanchez (Pachakutik) cuestionó la decisión de Saquicela y dijo que la Ley de la Función Legislativa no contempla que sea necesario contar con presencia de la asambleísta que presenta la moción para la reconsideración. 

Juan Fernando Flores, del oficialismo, declaró que la suspensión de la sesión, cuya reinstalación deberá cumplirse hasta en 30 días, podría ser una estrategia del correísmo para, en ese lapso, buscar los votos que le faltan para la destitución de la legisladora. Ortíz criticó al oficialismo y a Pachakutik por no haber dado los votos necesarios para la destitución cuando han mencionado combatir la corrupción y defender la transparencia de la Asamblea. 

Te puede interesar:

· La Justicia ecuatoriana es quien solicita la difusión roja, no la Fiscalía

· La FEF no ha sido sancionada, la FIFA abrió un expediente disciplinario

· Asambleístas ecuatorianos votan, pese a sus conflictos de interés