Alcaldes y prefectos quieren que el Gobierno de Guillermo Lasso suscriba un plan de pago antes de que asuma el poder Daniel Noboa. Municipios, prefecturas y juntas parroquiales hicieron pronunciamientos para reclamar estos recursos. 

Más de 1.000 millones de dólares es la deuda que el Gobierno de Guillermo Lasso mantendría con prefecturas, municipios y juntas parroquiales de todo el país. Los representantes de los diferentes niveles de gobierno mantuvieron reuniones, por separado, para exigir la transferencia de recursos, a pocas semanas de que el presidente, Guillermo Lasso, deje el cargo para que en su reemplazo se posesione Daniel Noboa.

Según el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), que representa a las 23 prefecturas, la deuda que el Gobierno mantiene con este sector es de 563 millones de dólares. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), en cambio, afirma que a los municipios del país se les debe 512 millones; y el Conagopare, que aglutina a los juntas parroquiales rurales, afirma que se les debe 36 millones.

Las deudas pendientes son por transferencias de septiembre y octubre; devolución del IVA; Ley de Desarrollo Amazónico, recursos para proyectos de inversión; entre otros. 

En todos los casos, las autoridades manifestaron que esperan dialogar con el Gobierno para establecer un cronograma de pagos, aunque los urgente son las transferencias de los dos últimos meses ya que, aseguraron los representantes del Congope y de AME, sin esos dineros no se pueden pagar los sueldos de sus trabajadores; ni se pueden ejecutar obras ni para prevenir los efectos del fenómeno de El Niño. 

En algunas provincias, como Guayas, la prefect,  Marcela Aguiñaga, y alcaldes de diversos cantones de esa jurisdicción marcharon hacia la Gobernación para exigir el pago de los recursos adeudados; mientras que en Quito otro grupo de prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales se reunieron por separado pero con un mismo fin: establecer las alternativas para que recuperar esos ingresos antes del cambio de Gobierno. Pabel Cantos, representante de las juntas parroquiales, afirmó que, si hasta el miércoles no hay una respuesta del Gobierno, marcharán hasta la Plaza Grande para presionar al Ejecutivo, por lo que invitó a los prefectos y a los alcaldes que se unan a esa movilización. 

Los municipios

Los alcaldes que se reunieron en Quito firmaron una solicitud de acción de protección con medidas cautelares, en rechazo a los acuerdos ministeriales 062 y 027, que establecen un recorte presupuestario de 6,63%, y se movilizaron en marcha pacífica al Ministerio de Economía.

Patricio Maldonado, presidente de la AME, aseguró que con esos acuerdos se les recorta 147 millones de dólares, que afectan a la implementación de obra pública, generación de servicios básicos y a la generación de empleo local.

Además, solicitó que se cancelaran valores pendientes por 511 millones. “Levantamos la voz de justicia, sin miramientos ni sesgos políticos, más allá de cualquier bandera. Acá tenemos un sentido común y espíritu de cuerpo para reclamar con altura lo que por Ley nos corresponde”, dijo Maldonado. 

Efrén Vidal, alcalde de Zapotillo, en Loja, agregó que, si no les pagan los recursos tomarán otras medidas, ya que como alcaldes constatan de primera mano las necesidades de sus localidades, por la que la falta de transferencias económicas es la ciudadanía. 

Los prefectos 

El Congope aseguró que han mantenido reuniones técnicas con representantes del Gobierno central para llegar a acuerdos que permitan cumplir con un cronograma de desembolsos, pero que dichos acuerdos no se han cumplido.

Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, dijo que en el caso de su localidad ya se están sintiendo los efectos del fenómeno de El Niño y que no tienen recursos para enfrentar esa situación. “Si no estamos con las transferencias al día, cómo vamos a realizar el trabajo en territorio por el fenómeno de El Niño. Noviembre y diciembre serán fuertes”, dijo Tibán.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, aseguró que se ha bajado al 55% la deuda que se mantenía con los gobiernos locales, que se venía arrastrando desde el 2015. “Somos el Gobierno que ha hecho más trasferencias a los gobiernos autónomos descentralizados”, manifestó. 

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