El Gobierno reporta una baja del 17% en los homicidios en Ecuador en los primeros ocho meses del año, como un síntoma de un mejor ‘Índice de la violencia’, pero la reducción no es del todo significativa. En las calles la sensación de inseguridad persiste. 

POR: Juan Camilo Escobar

Desde el 9 de enero, cuando el Gobierno admitió oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, no ha dejado de insistir en que la violencia está disminuyendo. Este martes no fue la excepción: Fausto Íñiguez, subsecretario de Seguridad Interna, con papeles en sus manos, anunció que en los primeros ocho meses del año los homicidios han disminuido un 17% en comparación con el mismo período del año anterior.

El anuncio, hecho en una sala repleta de periodistas y cámaras, parecía ser el punto culminante de la rueda de prensa semanal del denominado ‘Bloque de seguridad’, integrado por la Policía y las Fuerzas Armadas. Participaron también el comandante de la Policía, Víctor Zárate; el ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. Todos asintiendo, todos respaldando las palabras de Íñiguez.

El viceministro llama a las cifras de homicidios como ‘Índice de la violencia’. Así, con los registros oficiales en la mano, el subsecretario Iñiguez señala que entre el uno de enero y el uno de septiembre de este año y el mismo período del 2023, los homicidios se redujeron de 5.112 a 4.236.

Consultado por Ecuador Chequea sobre los factores que explican las cifras de reducción de la violencia, el funcionario la atribuyó al “importante trabajo del Bloque de Seguridad, que ha roto una tendencia que habría sido muy complejo manejar el año anterior”.

“El nivel de violencia de un país se mide por los homicidios intencionales”, afirmó el funcionario. También subrayó que “existen otros factores clave, como la integralidad, que permite a todas las instituciones tener objetivos comunes y cumplir con nuestra tarea en las áreas correspondientes”.

¿Qué pasa en la calle?

Pero, fuera de la  sala de conferencias de la Comandancia de la Policía Nacional, lejos de los micrófonos y los flashes, la realidad se percibe de otra manera. En las calles de Quito, donde el eco de las cifras oficiales se disuelve en el bullicio cotidiano, la gente no comparte la misma certeza. Hay quienes dicen sentir un poco más de seguridad, un leve respiro en comparación con los años anteriores. Pero también están aquellos que, con mirada cansada, afirman que los esfuerzos de los militares y policías son, simplemente, insuficientes.

A pocas cuadras del edificio de la Comandancia, en la esquina de las avenidas Naciones Unidas y Amazonas, en plena zona comercial del norte de Quito, sólo dos de 10 ciudadanos consultados al azar consideraron que “la seguridad sí ha mejorado” en los últimos meses.

Alberto Campos, un empleado privado, señaló que “con los operativos que están haciendo los militares, no tanto aquí sino en la Costa, como se ve a cada rato en la televisión, es evidente que están combatiendo a los delincuentes”.

En contraste, Gladys Magdalena, una comerciante quiteña que pidió que su apellido no se publique, dijo no compartir la visión del Gobierno, la cual calificó como “sobrevalorada”. Explicó que, desde enero, al menos tres familias de las provincias de Los Ríos y Manabí han llegado a la zona de San Carlos, en el norte de Quito, huyendo de la violencia.

“La vecina cuenta que a su mamá le balearon su local para que pagara las vacunas (extorsiones). Eso ocurrió después de que la amenazaron con cuchillos. Luego de eso, se vinieron. Ahora todos están en un solo departamento pequeño y no piensan volver nunca más”, comentó, expresando su escepticismo respecto a las cifras oficiales.

Más testimonios 

Allan Aguirre, estudiante de un instituto de mecánica industrial, comentó: “Eso que dice el Gobierno no se ve en las calles. Estudiamos en horario nocturno y todo El Inca queda desolado, no hay una sola línea de bus. Entonces, uno queda expuesto a numerosos asaltos y robos”.

César Rivera, comerciante, agregó: “Parece que sí ha mejorado algo, pero justo ayer, a una compañera le robaron aquí mismo, en la avenida Amazonas. Sin pistola, le quitaron el celular. Eso es porque en la tarde toda esta zona ya se pone peligrosa”.

Gabriel Andrade, profesional independiente, señaló: “lo que dice el Gobierno no es tan cierto porque no sólo depende de ellos, sino de los municipios. Si bien no son responsables de la seguridad, pueden invertir para que el turismo sea seguro. Toda la ciudad parece un mercado”.

Jessica Robles, microempresaria de 30 años, afirmó: “Hay tanta inseguridad que ya da miedo seguir en nuestras actividades. Y me pregunto a dónde se ha ido el aumento del IVA que supuestamente iba a la seguridad, pero esta no se ve”.

CRITERIO TÉCNICO

Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, calificó la reducción del 17% en homicidios como «no muy considerable» y, sobre todo, «cautelosa». Aunque reconoció que se ha logrado reducir una tendencia al alza, advirtió que será necesario monitorear si esta disminución se mantiene en septiembre y octubre.

“Yo prestaría mucha atención a septiembre, pues es muy problable que la reducción de los homicidios se sitúe en el 15% porque agosto fue el más violento del año y septiembre podría ser más violento porque ha habido un escalamiento de los homicidios desde abril”.

El experto, sin embargo, observó que el principal factor que sostiene esta reducción de homicidios no es una política integral de seguridad, sino la declaratoria de conflicto armado interno.

«Es una reducción que hay que reconocer porque se rompió la tendencia observada desde 2018 en cuanto al incremento de homicidios. Sin embargo, no es considerable, ya que el pico observado era del 19% en julio anterior», explicó Rivera.

Sin embargo, el experto explicó que «la declaratoria de conflicto armado provocó una disminución de homicidios en febrero y mediados de marzo. Sin embargo, ya hemos visto que basar una política en estados de excepción es inefectivo. Durán es un ejemplo de ello desde 2019».

Como se recuerda, semanas atrás, la ministra del Interior, Mónica Palencia, informó que los homicidios intencionales se redujeron en un 19% a nivel nacional durante el periodo del 1 de enero al 21 de julio de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto representa 774 homicidios menos, bajando de 4,143 en 2023 a 3,369 en 2024. Es decir, el decrecimiento se desaceleró. 

En aquel entonces, como ahora lo hizo Íñiguez, Palencia atribuyó esta disminución a las operaciones del «Bloque de Seguridad», que incluye a la Policía y las Fuerzas Armadas. 

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Más datos del Bloque de Seguridad

El Bloque de Seguridad también informó en su rueda de prensa semanal que, entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2024, se han retenido 198,56 toneladas de alcaloides, un 29% más que el año anterior, según indicó el viceministro, Fausto Iñiguez. El funcionario dijo que Ecuador, que ya había establecido un récord de incautaciones, se mantiene como el tercer país con más decomisos de drogas, sólo detrás de Colombia y Estados Unidos.

Íñiguez también señaló que, entre el 6 de junio y el 1 de septiembre, los homicidios intencionales en Manta disminuyeron en un 55%. En esa ciudad, se incautaron 4,37 toneladas de droga durante el mismo periodo, lo que representa un aumento del 1.359%, en comparación con el año anterior.

Por otro lado, las autoridades reportaron que en Durán se ha registrado una reducción del 27% en muertes violentas entre el 1 de julio y el 1 de septiembre, en comparación con las cifras de 2023. Sin embargo, la población de ese cantón continúa denunciando un aumento de la violencia y la falta de atención por parte de las autoridades. 

El comandante de Policía, Víctor Zárate, informó que en lo que va de 2024 se ha detenido a 50.481 personas y se han incautado más de 5 millones de dólares. Además, Zárate aseguró que se han recuperado 6.275 motocicletas y 4.285 vehículos.

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La Policía pide reformar manual de uso de fuerza

El comandante de la Policia, Víctor Zárate, informó que la institución presentó un conjunto de cinco reformas al manual que regula el uso legítimo de la fuerza, recientemente actualizado por el Gobierno.

Zárate calificó como “piramidal” la actual regulación sobre la autorización del uso del arma de dotación por parte de los servidores policiales. Señaló que esta debería ser “circular”, para que los policías tengan la facultad de analizar los riesgos para su vida y para terceros, y puedan decidir directamente usar su arma contra ataques de la violencia criminal.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, también indicó que los militares están facultados para usar su arma de dotación en casos que pongan en riesgo su vida, en el marco de su misión de control, especialmente en diferentes tipos de operativos.

Ya se ha iniciado la capacitación del personal militar para la aplicación de este manual, agregó.

Consultado sobre este tema, Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad, recordó la importancia de actualizar los manuales de uso legítimo de la fuerza y subrayó la importancia de que Ecuador implemente una planificación y políticas integrales para mejorar el entrenamiento del personal policial y militar. 

Rivera destacó que esta debe ser “la última ratio”, no una primera instancia, y que debe ir acompañada de medidas de prevención social del delito para evitar que situaciones violentas se presenten y mejorar las condiciones sociales en barrios donde hay extrema criminalidad.

En este sentido, agregó el experto, Ecuador debe aprender de lecciones de otros países como Brasil, el uso de la fuerza durante operativos policiales contra la criminalidad ha representado el 10% del total de casos de homicidios.

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