La vocera del Gobierno de Daniel Noboa, Carolina Jaramillo, ofreció su rueda de prensa semanal desde Carondelet, donde abordó temas de comercio exterior, seguridad, energía, educación, salud y relaciones internacionales. A pesar de los anuncios de nuevos acuerdos y licitaciones exitosas, Jaramillo evitó responder con precisión ante preguntas sobre derechos humanos, salud pública y compromisos constitucionales.
Entre los principales anuncios destacó la firma de un acuerdo estratégico con Corea del Sur, que permitirá que el 98% de la oferta exportable ecuatoriana ingrese a ese país con arancel cero. La vocera señaló que se abrirá un mercado importante para productos como café, banano, pesca, lácteos y snacks. No obstante, omitió señalar que el acuerdo fue negociado desde 2022 bajo el nombre de Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA), por lo que no es un logro exclusivo de la actual administración.
En relación con Japón, Jaramillo destacó la visita oficial encabezada por Noboa, durante la cual se logró el respaldo del primer ministro japonés para iniciar conversaciones hacia un tratado comercial. También se anunció una misión técnica para revisar los procesos fitosanitarios en Ecuador. Sin embargo, tampoco es la primera vez que se intenta un acercamiento de este tipo con Japón, sin que hasta ahora se haya concretado un tratado comercial bilateral.
Sobre Petroecuador, se informó que la estatal obtuvo ingresos por más de USD 700 millones tras licitaciones internacionales para la exportación de crudo Oriente y Napo. La vocera insistió en la transparencia del proceso, pero no detalló los nombres de todas las empresas participantes ni el diferencial exacto ofrecido por las ganadoras Petrochina y UNIPEC, lo cual fue demandado por la prensa presente.
Sobre los puertos de Guayaquil, Posorja y Machala —señalados como principales rutas de salida de drogas y declarados en emergencia por la Autoridad Portuaria—, tampoco ofreció un plan inmediato del Gobierno. La vocera remitió a informes del bloque de seguridad y evitó detallar acciones específicas en esas terminales clave.
Sin respuesta ante abusos
En materia de derechos humanos, Jaramillo fue cuestionada por el aumento de denuncias de abusos cometidos por fuerzas estatales en el marco del conflicto armado interno: de 52 casos de tortura en 2023 a 195 en 2024. También aumentaron las ejecuciones extrajudiciales (de 6 a 19) y las extralimitaciones (de 118 a 272). La vocera no ofreció medidas concretas, ni reconoció responsabilidad estatal: se limitó a afirmar que todos los casos “están bajo investigación”.
🚨”La violencia no es tolerable venga de donde venga”, responde Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, ante la consulta de Ecuador Chequea sobre la posición del gobierno ante las agresiones de la fuerza pública contra la prensa.
— Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) October 6, 2025
Jaramillo resaltó que los miembros de… pic.twitter.com/eeqqvE6Qvk
Tampoco hubo una respuesta clara ante la pregunta planteada por el periodista de Ecuador Chequea, Hugo Constante, sobre
las agresiones cometidas por la fuerza pública contra periodistas en el marco del paro nacional. Carolina Jaramillo aseguró que “la violencia no es tolerable venga de donde venga” y que los miembros de seguridad actúan bajo protocolos establecidos para el control de protestas. Añadió que cualquier “inobservancia debe ser investigada”, sin detallar si se han iniciado procesos administrativos o judiciales específicos. Esta respuesta llega en medio de las denuncias documentadas por Fundamedios sobre hostigamientos ocurridos durante la cobertura de las movilizaciones en Imbabura y Quito.
Yasuní, Loma Larga y electricidad
Sobre el cumplimiento de la consulta popular que ordena el cierre del bloque petrolero 43 en el Yasuní (ITT), se excusó en la falta de plazos expresos en la pregunta aprobada por la ciudadanía. Alegó que la Corte Constitucional actuó “políticamente” al establecer plazos, aunque ese tipo de decisiones está enmarcado en la ley. Tampoco ofreció datos actualizados sobre cuántos pozos han sido cerrados, pese a solicitudes reiteradas de Petroecuador y el Ministerio de Energía por parte de medios como Primicias.
En el plano energético, confirmó que aún no se conocen los costos de la nueva barcaza flotante contratada para enfrentar el estiaje y que el proceso se encuentra en etapa precontractual. Sobre el uso de energía flotante por dos años —en lugar de inversiones en generación propia—, no ofreció explicaciones técnicas ni justificó la duración del contrato.
En temas ambientales, defendió la actuación del gobierno en el caso de Loma Larga y rechazó las denuncias del excandidato Yaku Pérez sobre supuestos fondos de la empresa minera a la primera dama. Dijo que el gobierno protege el ambiente y la normativa, aunque organizaciones como las comunidades de Azuay mantienen firme oposición a la minería en zonas de recarga hídrica.
Sobre la crisis del sistema de salud, Jaramillo reconoció la existencia de desafíos, pero no usó la palabra “crisis”, alineándose con declaraciones recientes del ministro de Salud. Alegó que declarar emergencia sanitaria implicaría flexibilizar el uso de fondos públicos y podría alentar actos de corrupción, lo que este gobierno no estaría dispuesto a permitir. Entretanto, trabajadores de salud protestan por falta de pagos y hospitales enfrentan desabastecimiento crítico de medicamentos.
