El Comandante de la Policía aseguró que cuando el presunto femicida de María Belén Bernal salió a Colombia, no había orden de detención en su contra. El exministro Carrillo no acudió a la comisión de la Asamblea que trata el caso. 

Sólo el comandante de la Policía, Fausto Salinas; y el exdirector de Educación de esa institución, Freddy Goyes, de los cinco funcionarios convocados, asistieron esta mañana a la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el femicidio de María Belén Bernal. El hecho ocurrió el 11 de septiembre, en la Escuela Superior de Policía, a manos presuntamente de su esposo e instructor de esa institución, el teniente Germán Cáceres. 

Durante su intervención, Salinas repitió la línea de tiempo de lo que ha realizado la Policía desde que se dio el caso y explicó por qué sigue en el cargo a pesar de que el presidente, Guillermo Lasso, en cadena nacional, le dio plazo de una semana para que avance en la captura de Cáceres o que deje la institución. 

Según Salinas, el primer mandatario pensó que se había dado alguna omisión en la investigación que realizaba la Policía, pero, cuando le presentó la línea de tiempo, evidenció que el proceso de localización y captura estaba avanzando y reflexionó sobre el plazo dado. «Nosotros hemos presentado resultados», aseguró el Comandante y agregó que el Pesidente dijo que se basará en la verdad procesal para tomar las medidas administrativas que correspondan. 

En esa misma línea de tiempo, donde se ubica el rastro de Cáceres recorriendo el norte del país en moto rumbo a Colombia, el jefe de la Policía aseguró que, al momento en que el teniente cruzó la frontera, no tenía impedimento para abandonar Ecuador, no había orden de detención, ya que la orden de vigilancia y seguimiento operaba sólo para Quito. «Si no hay una orden, no podemos detener absolutamente a nadie», dijo. 

Los procesos administrativos

Salinas informó que, a nivel judicial, hay dos procesos abiertos: uno por fraude procesal y otro por femicidio, a cargo de la Fiscalía. Mientras que en la Policía, en el ámbito administrativo, como consecuencia de este caso se han abierto 11 sumarios administrativos disciplinarios contra 13 funcionarios policiales, por acciones u omisiones. Sin embargo,  dijo que hay un proceso hasta llegar a la sanción, que dura como mínimo 48 días hábiles. «Este proceso administrativo, este marco disciplinario, es sumamente complejo, por lo que tiene que revisarse. Con la antigua legislación, cuando había una mala conducta inmediatamente se integraba el tribunal de disciplina y la persona que cometía un mal acto contra la imagen institucional era destituido de manera inmediata», dijo. 

Agregó que, si a los policías investigados administrativamente se les encuentra culpables de falta muy grave, podrían ser dados de baja inmediatamente y, si constituye un delito, se remite el caso a la Fiscalía. Salinas manifestó que a pesar de los tres días seguidos de ausencia a Cáceres no le puede dar de baja de manera inmediata ya que se debe cumplir el proceso administrativo. Finalmente aseguró que uno de los problemas urgentes que se debe corregir es la Policía es el mal entendido espíritu de cuerpo que se les inculca desde que son cadetes.

‘No tengo nada que ver’

Por su parte, Goyes, uno de los dos oficiales a los que Lasso aseguró que había ordenado que fueran desvinculados de forma inmediata, manifestó que no tiene ninguna responsabilidad en ese caso porque a la fecha del femicidio él ya no ejercía como director de Educación de la Policía Nacional porque fue cambiado a la Policía Judicial en calidad de director y, además, se encontraba de vacaciones. 

Aseguró que en los dos meses que ejerció como responsable de Educació,  elaboró la guía de Derechos Humanos y había dado disposiciones claras, como no permitir el acceso a personas ajenas a la unidad y no consumir licor. 

Goyes manifestó que el 23 de septiembre se enteró, por los medios de comunicación y redes sociales, que el primer mandatario había dispuesto su desvinculación inmediata, por lo que el 26 de septiembre se acercó al Comando y presentó su baja voluntaria, «porque mi dignidad vale más que cualquier cosa», dijo. Sin embargo, aclaró que todavía no ha sido aceptada. Informó que luego le pidieron  que se reincorpore y participó en la reunión de generales. Aseguró que ni asuntos internos ni la Fiscalía le está investigando. 

No asistieron a esta comparecencia el exministro del Interior Patricio Carrillo; la fiscal general, Diana Salazar; ni el general Giovanni Ponce. La Comisión resolvió insistir en las comparecencias de Salazar y Carrillo.

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