El gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona hace que otra dude de su propia percepción de la realidad, su memoria o su cordura. El objetivo es hacer que la víctima se sienta avergonzada, insegura e incapaz de confiar en sus propios juicios. El término proviene de la película «Gaslight», donde un marido manipulador logra convencer a su esposa de que está loca, bajando la luz de las lámparas de gas, y haciéndole creer que ella se lo imaginaba.
Si el maltrato emocional por gaslighting es grave en el ámbito de las relaciones personales, más lo es cuando forma parte de la política comunicacional de quienes ostentan el poder. Esto parece ocurrir hoy en Ecuador, donde a diario asistimos a la desfiguración de los reclamos legítimos de la ciudadanía frente a asuntos de especial interés público, desde el discurso oficial.
Gracias al gaslighting oficial, cuando la ciudadanía exige transparentar el bochornoso asunto del contrato con PROGEN, el gobierno responda que son “actos de odio” y “desestabilización” de “los mismos de siempre”. ¿Dónde hay odio en pedir rendición de cuentas? En ninguna parte, pero la idea es que quien reclama pierda legitimidad frente al público y su reclamo- por demás necesario en democracia- sea desestimado.
Debido al gaslighting oficial, los cuestionamientos sobre cómo la Primera Dama obtuvo un título de pregrado en menos de un año, se traducen como una suerte de violencia de género perpetrada por quienes “no soportan ver a una mujer triunfar”. ¿Dónde está el machismo en exigir que los requisitos académicos sean los mismos para todos los estudiantes de pregrado? En ningún lado, pero victimizando a la cuestionada y torciendo el discurso feminista, quien la critica queda de villano.
El gaslighting oficial llega al punto de que, cuando los defensores de DDHH exigen saber el paradero de los mas de 50 desaparecidos en el contexto del supuesto conflicto armado interno, la respuesta desde el Estado es acusarles de ser “defensores de delincuentes” y “estar con el crimen organizado”. Esto no solo genera un efecto inhibidor en quienes defienden libertades civiles, sino que les pone en un riesgo latente frente al resto de la ciudadanía.
Lo que el gaslighting oficial no puede torcer, son las encuestas. Los números duros que demuestran que la política de negación, ataque y estigmatización al legítimo derecho ciudadano a fiscalizar, le están pasando factura importante al gobierno frente a la opinión pública.
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