La unificación de los ministerios de Ambiente y Energía pone más riesgos sobre un tema trascendental para la vida: el cuidado de la naturaleza.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
El anuncio de la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, sobre la fusión entre los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas, desató una tormenta entre colectivos ambientalistas, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos.
Entre otras cosas, el Decreto Ejecutivo 60 trasladó la rectoría ambiental a la misma institución que rige a las industrias extractivas. “Se entrega el control de la gestión y control ambiental a las mismas industrias que deben ser fiscalizadas”, advirtió Amazon Frontlines en un comunicado urgente.
El eco de esa frase se expandió como una alarma. Para los críticos, esta no es sólo una decisión administrativa, sino una fractura en el modelo de país que, desde 2008, había colocado a la naturaleza como sujeto de derechos. Ahora, el órgano encargado de autorizar licencias, evaluar estudios de impacto ambiental y fiscalizar actividades extractivas depende del mismo ministerio que impulsa la minería y el petróleo. Esto ha puesto a varios sectores en alerta.
Los bemoles de la decisión
“Esto no es sólo una fusión administrativa”, advierte Jorge Acero, abogado de Amazon Frontlines. “Es una imposición de una agenda extractivista donde los derechos ambientales y de la naturaleza están en un segundo plano”.
Desde que se hizo pública la medida, organizaciones ambientalistas, colectivos indígenas y defensores de derechos han alertado que implicaría la pérdida de independencia técnica y política del ente ambiental. La fusión implica que las decisiones sobre licencias, estudios de impacto y autorizaciones ambientales serán asumidas por la misma institución que rige los proyectos extractivos.
“¿Cómo va a poder controlar y vigilar el cumplimiento de un estudio de impacto ambiental una entidad que está subsumida dentro de aquella que impulsa, protege y garantiza a los inversores?”, se pregunta Acero.
Para quienes han seguido de cerca la política ambiental del país, esta decisión no es aislada. Es parte de una tendencia más amplia que, según Amazon Frontlines, responde a la lógica de un Estado cada vez más reducido y alineado con los intereses del capital extractivo. El Ministerio del Ambiente, dicen, ya funcionaba como una oficina tramitadora de permisos. Pero ahora, esa lógica se oficializa y se profundiza. “El gobierno de Noboa ataca directamente a la misión fundacional del Ministerio del Ambiente, evidenciando las prioridades de quienes están en el poder”, advirtió Carlos López, activista ambiental.
Y es que el cambio también tiene implicaciones jurídicas. La Constitución establece que la naturaleza es sujeto de derechos y que el Estado tiene la obligación de respetarlos y hacerlos respetar. Esa garantía, afirman críticos como Acero, se debilita al quedar la autoridad ambiental en manos de quienes ven al ambiente como un recurso para explotar. “Es paradójico, agrega, que el mismo ministerio que negocia inversiones en minería sea el que otorgue las licencias para operar”.
La escena que pinta no es hipotética. Hoy, una empresa puede sentarse con el ministro de Energía para firmar un acuerdo de inversión y, acto seguido, acudir a una ventanilla del mismo ministerio para pedir la licencia ambiental. “La misma persona que impulsa, aprueba. El que fiscaliza, autoriza. Y así, el conflicto de intereses se vuelve estructural”, resume el jurista.
Lo que está en juego, dicen los colectivos, no es solo una cartera ministerial, sino que es una concepción de país. Para expertos como López, esta visión es la misma que Ecuador empezó a construir en 2008, cuando se convirtió en pionero mundial al incluir los derechos de la naturaleza en su Constitución. Hoy, según Amazon Frontlines, esa conquista retrocede. “Nos regresa a un pasado donde el derecho al ambiente no existía o era una quimera”.
Sectores afectados
La decisión del Ejecutivo no sólo ha encendido alarmas en el campo ambiental. También ha generado un profundo rechazo entre pueblos y nacionalidades indígenas, defensores de derechos humanos, expertos en derecho ambiental y colectivos sociales que ven en el Decreto 60 un retroceso múltiple, tanto jurídico como institucional.
Desde la comunidad Sarayaku, en el corazón de la Amazonía, la activista Helena Gualinga alzó su voz: “El control, la regulación y la fiscalización de todas las actividades ahora están en manos de las mineras, de las petroleras. Eso es súper grave, un retroceso total para la defensa del medio ambiente y los derechos de la naturaleza”. Sus palabras, pronunciadas frente a una cámara en un video corto y directo, resonaron en redes y medios como un grito de advertencia. Para ella, la medida no sólo pone en peligro los ecosistemas amazónicos, sino que rompe el delicado equilibrio que pueblos indígenas como el suyo han defendido durante generaciones.
Ese mismo mensaje se repite en múltiples territorios. “¿Cómo se puede entender que el sector energético y minero, que debe obtener licencias e instrumentos ambientales de una autoridad independiente, ahora se los conceda a sí mismo?”, cuestiona el abogado ambiental Franklin Buchelli. Para él, la fusión no es sólo una mala decisión técnica, sino una amenaza directa al principio de gestión ambiental y a la aplicación efectiva de los derechos de la naturaleza. “Hacer del Ministerio del Ambiente un apéndice del organismo rector de la política extractivista me parece muy delicado, incluso por conflicto de intereses”, dice.
El señalamiento también alcanza a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En su comunicado oficial, el colectivo Yasunidos advirtió que esta decisión compromete gravemente la protección de estos pueblos, entre los que están los Tagaeri y Taromenane, cuya salvaguarda constitucional ha quedado en manos de una cartera ministerial que responde a lógicas de inversión, no de preservación. “Es socavar el mandato de defender la dignidad humana a la lógica de la represión, la seguridad y el poder”, dice el pronunciamiento. Y va más allá, denuncia que el Ministerio del Ambiente ya no cumple su rol protector y ha sido reducido a una ventanilla de trámites que favorece los intereses de las élites extractivistas y del capital transnacional.
A todo esto se suma otro dato: la eliminación del Ministerio y su absorción en Energía no se dio sola. Llegó acompañada de despidos masivos en el sector público y de la eliminación de otras carteras claves, como el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. La reducción del gabinete a 14 ministerios, según Amazon Frontlines, forma parte de una reconfiguración del Estado que prioriza la eficiencia tecnocrática a costa de derechos sociales y ambientales.
En los territorios más frágiles del país, las selvas, los páramos, las riberas, donde habitan comunidades históricamente excluidas y donde los ríos aún marcan el ritmo de la vida, la fusión resuena como un golpe bajo. No es sólo el temor al extractivismo desbordado; es el mensaje que se transmite, uno que asegura que la protección ambiental ya no es prioridad. Hoy, los sectores se preocupan por la decisión y por el futuro del ambiente, apoyados también en la aprobación de la Ley de Áreas Protegidas.
Pero la indignación no se ha quedado sólo en comunicados. Según Acero, desde Amazon Frontlines y otras organizaciones sociales, indígenas y ambientales ya se están evaluando caminos concretos para exigir la anulación del decreto. “Evidentemente, las organizaciones están planteando exigencias y valorando de qué manera actuar”, dice.
Entre las medidas en análisis están acciones de inconstitucionalidad por la vía jurídica, pero también mecanismos de resistencia social. “Aquí es un tema de garantía y respeto a derechos humanos, colectivos y de la naturaleza”, dice, al advertir que este tipo de decisiones ya ha tenido antecedentes en el país donde, bajo el pretexto de eficiencia, se desmantelan estructuras que luego desaparecen del debate público, pierden presupuesto y dejan de cumplir su misión.
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