La Fiscalía acusó a siete procesados como presuntos autores del asesinato de Fernando Villavicencio. Según la teoría fiscal, el crimen fue planificado en tres fases: planificación, ejecución y aseguramiento de la impunidad.
La Fiscalía acusó a siete personas como presuntos autores del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en el norte de Quito.
La fiscal Ana Hidalgo presentó el dictamen acusatorio durante más de una hora y media en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Magnicidio FV, que se instaló en el auditorio del complejo judicial norte de Quito, pasadas las 09h00 de hoy.
Los procesados a los que acusó son el empresario Xavier Jordán, prófugo en Estados Unidos; el exministro del gobierno de Rafael Correa, José Serrano, detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en Mississippi; el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, prófugo y cuyo último paradero conocido fue Venezuela; Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en Málaga, España; Daniel Salcedo; Ángel Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. Estos tres últimos permanecen detenidos en la cárcel de El Encuentro.
La acusación se presentó después de que el juez Giovanny Freire declarara la validez del proceso y rechazara los pedidos de nulidad planteados por las defensas de Xavier Jordán, José Serrano y otros procesados.
Freire también negó el pedido de Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del excandidato presidencial, para excluir de la acusación particular a Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio. Las hijas del político asesinado solicitaron su separación por sus presuntos vínculos con María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, uno de los procesados por la presunta autoría intelectual del crimen.
El juez sostuvo que no existe una norma que le faculte excluir a Sarauz de la acusación particular y que esa decisión no es de su competencia. Con esa resolución, Sarauz continuará actuando dentro del proceso como acusadora particular.
Tras declarar válido el proceso, Freire dio paso a la Fiscalía para que expusiera su acusación. Hidalgo afirmó que existen suficientes elementos de convicción para que los siete procesados sean llamados a juicio.
Según la teoría fiscal, la investigación permitió reconstruir una estructura criminal que habría organizado el asesinato de Villavicencio en tres etapas: planificación, ejecución y aseguramiento de la impunidad.
En la fase de planificación, la Fiscalía ubicó a Xavier Jordán como presunto autor intelectual y financista del crimen. De acuerdo con el dictamen acusatorio, el móvil habría estado relacionado con las denuncias públicas formuladas por Villavicencio, que, según la teoría fiscal, afectaban los intereses del empresario.
La acusación también atribuye a José Serrano la presunta obtención de información sobre las rutinas del excandidato presidencial mediante contactos en estructuras de inteligencia policial.
Respecto de Ronny Aleaga, la Fiscalía sostiene que habría actuado como intermediario político en la coordinación de la operación criminal.
Sobre Daniel Salcedo, Hidalgo afirmó que habría cumplido funciones logísticas al conectar a los presuntos autores intelectuales con integrantes del grupo delictivo Los Lobos. Según la Fiscalía, Salcedo también habría participado en actividades de seguimiento previo a la víctima.
La segunda fase corresponde a la ejecución del atentado. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, al salir de un mitin político en el norte de Quito.
De acuerdo con la teoría del caso, Wilmer Chavarría, alias Pipo, habría dirigido la operación criminal tras aceptar el encargo por aproximadamente USD 1 millón. La Fiscalía sostiene que, bajo su coordinación, miembros de Los Lobos organizaron la logística, reclutaron a los sicarios y distribuyeron los recursos destinados a ejecutar el asesinato.
El Ministerio Público afirmó que los involucrados usaron aplicaciones de mensajería encriptada, teléfonos desechables y códigos de comunicación para dificultar el rastreo de sus actividades antes y durante el atentado.
La tercera fase, denominada por la Fiscalía como aseguramiento de la impunidad, habría comenzado después del asesinato. Según el dictamen acusatorio, varios de los procesados ejecutaron acciones para obstaculizar la investigación, impedir el esclarecimiento de los hechos y evitar la identificación de todos los responsables.
La exposición de Hidalgo forma parte de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En esta etapa, el juez Freire deberá resolver si existen suficientes elementos para llamar a juicio a los siete procesados.
Tras la acusación fiscal, Tamia y Amanda Villavicencio, junto con su abogado, Patricio Rosero, afirmaron que el dictamen permitirá impulsar un nuevo proceso penal por presunta obstrucción a la justicia contra quienes, según ellas, obstaculizaron el esclarecimiento del asesinato de su padre.
Las hijas de Villavicencio también señalaron que la tesis presentada por la Fiscalía coincide con la que ellas han sostenido dentro del caso.
“Estas pequeñas victorias hay que celebrarlas. El hecho de llegar con vida a este momento de la audiencia preparatoria es ya una victoria. El hecho de que se hayan invalidado todos estos intentos de las defensas de los procesados también lo es”, dijo Amanda Villavicencio.
Sobre la decisión del juez de negar la exclusión de Sarauz, Amanda Villavicencio afirmó que entiende el razonamiento judicial, aunque dijo que el tema sigue siendo complejo para su familia.
“Para nosotros es complejo haber solicitado una exclusión y que no se haya dado paso, pero entendemos lo que el juez ha dicho: que no es competente para hacer esa acción. Es más, está protegiendo el proceso de una posible nulidad”, sostuvo.
Amanda Villavicencio añadió que, según la explicación del juez, los posibles nuevos delitos derivados de este caso deberán investigarse en otro proceso penal.
“Todos los nuevos delitos que salgan de este proceso no pueden ser juzgados dentro de este mismo proceso. Esto lo entendemos”, dijo.
