Durante su comparecencia a la Comisión de la Asamblea, Diana Salazar cuestionó que se involucre a la Justicia en una pugna política, cuando hay casos con víctimas reales que la Fiscalía debe atender.
Contundente y tajante fue la intervención de la fiscal general, Diana Salazar, durante su comparecencia a la Comisión de Participación Ciudadana, a donde fue llamada para que explique los fundamentos que le llevaron a abrir una investigación previa contra los asambleístas que votaron a favor de la integración de la comisión que evalúa la gestión de la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
La fiscal informó que no actuó de oficio sino por una denuncia escrita presentada por Llori por el supuesto cometimiento de un delito y que se procedió a notificar a los 93 asambleístas denunciados para que puedan ejercer el derecho a la defensa. “La Fiscalía no puede, no debe decidir cuál denuncia recibe y cuál no. La Fiscalía está abierta a todos los ciudadanos”, dijo la funcionaria.
El 26 de abril, cuando el pleno de la Asamblea aprobó la modificación del orden del día y luego la conformación de la comisión evaluadora, la titular de esta Función del Estado presentó una denuncia penal por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente al considerar que estaba vigente una medida cautelar que un juez otorgó a su favor.
Sin embargo, la fiscal informó que hasta este día LLori no ha cumplido con el reconocimiento de firma y rúbrica de la denuncia ni ha concurrido a rendir su versión libre y voluntaria a pesar de que se le convocó para que cumpla con esa diligencia.
A Salazar le llama la atención que en el listado que anexa Llori en su denuncia constan 93 asambleístas pero el 6 de mayo remitió un nuevo listado en los que constan 81 legisladores, los que votaron a favor de la integración de la Comisión. “Esto le hace pensar a la Fiscalía que únicamente y exclusivamente se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política”, dijo. Añadió que no tiene sentido que en un momento sean 93 personas las denunciadas y luego cambie de opinión y reduzca el listado a 81. “¿Qué vamos a esperar mañana? ¿Quizá que diga que fueron 70, o los 137?”, increpó la fiscal.
Y la crítica se extendió a toda la Asamblea ya que aseguró que que no es correcto que se involucre al sistema de Justicia en una pugna política ya que fue Llori la que activó el derecho penal cuando la Fiscalía tiene muchos casos que atender relacionados, por ejemplo, con violencia de género donde hay víctimas reales que necesitan atención. “No es justo que nos distraigamos de nuestro actual y en lugar de estar ejerciendo las actividades que corresponden, tenemos que estar aquí dando cuenta de las actividades”, mencionó.
Los asambleístas y su “espectáculo”
El bloque correísta dio en parte la razón a la fiscal en el sentido de que Llori ha usado y abusado del sistema de Justicia tratando de frenar decisiones que son competencia de la Asamblea. Pero también quisieron llevar al debate las actuaciones de Salazar en procesos que involucran a personajes vinculados a su organización política o retrasando decisiones sobre casos en los que se encontrarían inmersos funcionarios del Gobierno de Lenín Moreno.
La comparecencia de Salazar terminó con un fuerte enfrentamiento verbal entre los correístas, que dominan la Comisión de Participación Ciudadana y el bloque de CREO. El presidente de la Comisión, Ferdinand Álvarez (UNES), a gritos mandó a callar a Blanca Sacancela (CREO) cuando reclamaba que el correísmo quiere llevar a juicio político a la fiscal. De inmediato reaccionó Juan Flores, jefe de la bancada oficialista, lo que generó otro cruce de palabras con Álvarez con expresiones como “malcriado”, “majadero”, “capataz”. La discusión derivó a otros temas que no tenían relación con la comparecencia y Salazar fue autorizada a retirarse de la sala.
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