La promesa de investigar delitos económicos tiene como antecedentes la escasa efectividad de la UAFE, cuyos informes no han sido tomados en cuenta, recordaron tres expertos consultados, quienes expresaron su incredulidad sobre los alcances de la nueva entidad.
Expertos consultados afirmaron que la reciente creación de una unidad especializada en prevenir e investigar delitos de defraudación tributaria y lavado de activos sólo podrá dar frutos si se le proveen los recursos humanos, tecnológicos y, sobre todo, respaldo de las autoridades de turno en las principales funciones del Estado.
La ausencia de estos tres factores, precisamente, ha impedido en los últimos años que tenga mayor eficacia la prevención y la investigación de delitos económicos, explicaron los especialistas, luego de recordar que la Fiscalía no ha tomado en cuenta informes de la actual Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
LA UNIDAD
El 7 de marzo, el Gobierno confirmó la creación de la Unidad de Investigación Conjunta, una nueva unidad de investigación de delitos económicos que se atribuyan a grupos del crimen organizado, como defraudación tributaria y aduanera, lavado de activos y evasión de impuestos.
Al realizar este anuncio en el marco de una ceremonia en el Palacio de Gobierno, el presidente, Daniel Noboa, dijo que «es la primera vez que atacaremos a los terroristas de cuello blanco, que financian al crimen organizado, lavan el dinero y se muestran como personas respetadas».
Según los planes oficiales, la nueva unidad apoyará a la Contraloría y estará integrada por representantes de los ministerios de Gobierno e Interior, el SRI y el Servicio Nacional de Aduanas, así como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) —adscrita a la cartera de Economía y Finanzas—, la Secretaría de Política Pública Anticorrupción y unidades de investigación especializada de la Policía.
NO SÓLO RECURSOS
El abogado tributarista Napoleón Santamaría, el docente universitario de Derecho Tributario Santiago Betancourt y el coordinador de las maestrías en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción de la Universidad Andina Simón Bolívar, Víctor Granda, coincidieron en señalar que, a pesar de ciertos avances, la lucha contra los principales delitos económicos que se cometen en el país requiere no sólo de medidas aisladas y recursos, sino, sobre todo, coordinación permanente entre diferentes autoridades e instituciones del Estado ecuatoriano, países amigos y organismos internacionales.
El catedrático Granda calificó de fundamental el trabajo que puedan realizar agentes de la Fiscalía en el interior de la nueva unidad: “En los últimos años la labor de UAFE y sus reportes financieros de operaciones injustificadas no han sido atendidas con la debida prontitud por la Fiscalía General o se han acogido ciertos casos y otros no”.
En este sentido, Granda dijo que si, efectivamente, se logra establecer una instancia de coordinación, «la Fiscalía puede tener elementos de juicio mucho más completos que agreguen algún conocimiento adicional a los reportes que hace la UAFE para que se inicien los procesos correspondientes sobre lavado de activos y otros hechos que perjudican finalmente a la sociedad».
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
La recientemente creada unidad enfrenta un desafío de grandes proporciones, considerando las millonarias cantidades de dinero que deja de percibir el Estado por defraudación tributaria.
Estas pérdidas, por el no pago de Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, ascienden a por lo menos 2.500 millones de dólares, según estimaciones presentadas por las autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI) durante su comparecencia reciente ante la Asamblea Nacional. Esto en el marco del trámite de aprobación de la ley para enfrentar el conflicto armado interno.
Ante la magnitud de este desafío, el catedrático Santiago Betancourt comentó que se requieren mejorar “los mecanismos de cruce de cuentas”, es decir, establecer las cantidades reales de lo que se dice que se vende con las compras realizadas por la gente.
Este cruce de cuentas se vio afectado considerablemente luego de que en diciembre del 2021 se eliminaran los gastos personales de la deducción de impuestos: “Los gastos personales se podían deducir y todo el mundo tenía interés de pedir facturas y de presentar anexos. Esa era una información que al SRI le servía mucho. Ahora ya no hay tanto interés de pedir facturas como antes. Es una herramienta menos que tiene la administración tributaria para detectar la defraudación”.
En contraste, agregó el experto, el SRI ha anunciado en semanas recientes el inicio de nuevos controles dirigidos a profesionales que no pagan Impuesto a la Renta por sus ingresos. Esto, añadió, constituye también un gran desafío, no sólo debido a las actuales limitaciones de recursos y tecnología que enfrenta el SRI, sino también por las grandes cantidades de transacciones que se realizan cada día, ya sea de manera física o en línea.
NORMAS INTERNACIONALES
Santamaría calificó como un fracaso el trabajo de la UAFE, debido a que no ha logrado aplicar y sostener en el tiempo las exigentes normas internacionales, tanto de personal como de procedimientos, correspondientes a este tipo de organizaciones. Estas, agregó, dada la importancia y el impacto que tienen en esta materia, han sido catalogadas a escala internacional como los «zares anticorrupción».
En lugar de crear una nueva institución, dijo Santamaría, era necesario fortalecer a la UAFE para «armar convenios interinstitucionales para cruzar información, para atenderse inmediatamente requerimientos de documentos y datos» necesarios para identificar, investigar y sancionar a responsables de casos de defraudación tributaria y lavado de activos.
«La mejor manera de que no se haga nada es crear comisiones, y eso es lo que más ha hecho desde que Ecuador es república. Entonces, espero que esta no sea una nueva comisión», dijo el experto tras expresar su escepticismo respecto a la nueva unidad.
Evitar que se “lave” e ingrese a la economía legal el dinero proveniente del narcotráfico no sólo es una responsabilidad de fiscales y jueces, sino también de los bancos, que lamentablemente no realizan todas las tareas que deben cumplir, indicaron los expertos.
“Lo lamentable es que las instituciones del sistema financiero ecuatoriano sólo se limitan a pasar cierta información. Creo yo que deberían transparentar absolutamente todo el movimiento de operaciones inusuales injustificadas, tanto a la UAFE como a las instituciones de control del país”, comentó el catedrático Granja.
DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE LAVADO DE ACTIVOS
Se trata de una “enfermedad social” en Ecuador, según un informe de los resultados de una investigación que en septiembre anterior presentó el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
Consiste, señala el observatorio, en un delito que permite que individuos, redes y organizaciones criminales perciban ingresos y gocen de rentas económicas de sus actividades ilícitas “dentro de un entorno de aparente licitud”, pero que en realidad están relacionadas con la materia prima, producción, logística, distribución y consumo de drogas.
Para evadir el control de las autoridades, según indica el observatorio, el lavado de activos se concentra en sectores económicos identificados como:
– Construcción
– Compra venta de inmuebles y vehículos
– Farmacias
– Restaurantes
– Gasolineras
– Centros de apuestas online
IMPACTO SOCIAL
El delito de lavado de activos tiene una incidencia del 17% en la sociedad ecuatoriana, lo que representa 5 puntos porcentuales menos que el narcotráfico y un punto porcentual más que la corrupción en todas las instituciones del Estado, según una investigación basada en encuestas realizadas a 116 funcionarios de diferentes instituciones estatales.
Estos datos fueron presentados en septiembre de 2034 por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. En su informe se señala que las actividades relacionadas con el lavado de activos no se concentran en fronteras ni en puertos, sino en ciudades principales, entre las cuales se destaca Manta, a la que se la ha catalogado como el «business center del crimen organizado», debido a que es «un punto estratégico para establecer acuerdos entre redes criminales, políticos y otros actores internacionales involucrados en las diversas cadenas de valor».
¿CÓMO SE FORMAN LOS FUNCIONARIOS EN ESTA MATERIA?
Cerca de 100 profesionales, entre los que se incluyen numerosos funcionarios de la Contraloría y otras instituciones del Estado, han cursado las dos primeras ediciones de la Maestría de la Universidad Andina en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, la cual incluye una materia enfocada específicamente en el lavado y la recuperación de activos.
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