Desde el sector inmobiliario hasta el comercio de criptomonedas, estos son los sectores económicos más vulnerables ante este delito. Aunque la Ley de Solidaridad nació con la etiqueta de luchar contra las economías criminales, el texto no convence del todo.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
El discurso de lucha contra la economía criminal ha cobrado fuerza en las últimas semanas y se ha convertido en una de las banderas políticas. Esto, incluso, se vio reforzado con el envío de un proyecto de ley de carácter económico urgente que llevaba, justamente, el nombre de Ley Contra la Economía Criminal; mismo que terminó aprobándose el fin de semana, aunque bajo otro nombre: Ley de Solidaridad Nacional.
Sin embargo, el espíritu de la norma enfocado en controlar las economías criminales se mantiene en el texto a lo largo de su contenido; en el que también se habla acerca de la necesidad de reforzar la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los controles reforzados a entidades financieras y otras medidas, aunque sin mayor profundidad en las estrategias para controlar delitos como el lavado de activos.
Y, según han advertido los expertos, acciones como el texto legal aprobado por la Asamblea no contribuyen de manera certera a su erradicación. Según datos oficiales dados por el presidente, Daniel Noboa, en el país se lavan alrededor de $30.000 millones anuales, lo que representa el 26% del PIB. Por esto han sido tan relevantes las críticas realizadas por expertos sobre las deficiencias de la Ley.
Algunas de las críticas del experto en seguridad Daniel Pontón, por ejemplo, se han enfocado justamente en la falta de medidas que afecten a la economía criminal, “dejando fuera temas incluso como los patios de carros, centros de apuestas y otros rubros, que son claramente blancos fáciles del lavado de activos. Hay varias cosas que se quedan fuera de la Ley y que no permite controlar las economías criminales en su totalidad”.
Sin embargo, en esta conversación, es necesario cuestionarse sobre los principales sectores en los que se pueden vivir escenarios de lavado de activos y la importancia de también emprender el enfoque contra la economía criminal en estas áreas específicas.
Sectores de alto riesgo
Uno de los hallazgos más consistentes de las evaluaciones nacionales e internacionales es que el lavado de activos no se concentra en un solo ámbito, sino que opera en múltiples sectores, con distintos niveles de vulnerabilidad. Según el Resumen Ejecutivo de Evaluación Nacional de Riesgos, publicado por la UAFE en 2024, el sistema bancario tradicional ha sido históricamente el canal más identificado en casos de lavado. Sin embargo, en los últimos años, los sectores no financieros han ganado protagonismo: cooperativas de ahorro y crédito, comercializadoras de vehículos, comercio de metales preciosos y actividades inmobiliarias encabezan la lista.
En el mismo informe, la UAFE alerta que los sectores con mayor exposición al riesgo son aquellos con una alta proporción de operaciones en efectivo, escaso control institucional o ausencia de verificación sobre el origen de los fondos. La minería artesanal e informal, además, ha sido señalada actualmente como un punto crítico. Y es que el oro es fácilmente transportable, difícil de rastrear y se puede vender tanto dentro como fuera del país con mínimos controles. A esto se suma el uso de empresas pantalla o estructuras jurídicas complejas que permiten ocultar al beneficiario final.
Un estudio de la Organización de Estados Americanos y la UAFE, publicado en 2022, también incluyó al sector de microfinanzas entre los espacios de riesgo. Allí se identificó que muchas entidades pequeñas, especialmente aquellas que operan fuera del sistema financiero formal, tienen controles internos débiles, baja capacitación en prevención de delitos financieros y registros limitados. Esto abre la puerta a que sean utilizados como intermediarios para inyectar dinero ilícito al circuito legal.
Por su parte, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su informe sectorial de 2024, señala que las cooperativas concentran una porción importante de los activos financieros del país: más del 27% de los depósitos y el 31% de los créditos del sistema financiero. Además, existen más de 6.000 puntos de atención, especialmente en zonas rurales y periurbanas, donde el control del origen de los fondos es mínimo. Por esto, la Superintendencia reconoce que, si bien se ha avanzado en normativas, la entrada en vigencia de la ley de prevención de lavado de activos ha dejado aún algunas brechas que dejan a las entidades sin una supervisión robusta.
Otro de los sectores identificados con alta vulnerabilidad, como se mencionó previamente, es el inmobiliario. Según datos presentados por el Informe de Evaluación Mutua del Gafilat, en 2024 se han documentado múltiples operaciones sospechosas en este rubro en el país. Entre estas, pagos en efectivo de alto valor, transacciones trianguladas y uso de intermediarios sin licencia, siendo estas algunas de las tipologías detectadas en el análisis. El documento, además, advierte que la legislación ecuatoriana aún tiene deficiencias importantes para identificar a los beneficiarios finales de estas transacciones.
Asimismo, también se han observado riesgos en los negocios vinculados al comercio automotor, casas de empeño, joyerías y fundaciones. En muchos casos, estas actividades, se asegura en los documentos, son utilizadas para introducir dinero ilícito en la economía formal a través de pagos fraccionados, donaciones simuladas o compra de bienes de lujo que luego se revenden.
Según Álvaro Martínez, jurista experto en régimenes tributarios y delitos financieros, ciertas zonas costeras del país, de hecho, han visto un crecimiento acelerado de inversiones privadas opacas, particularmente en inmuebles, camaroneras y actividades turísticas. “La falta de registros confiables y la inoperancia de los controles facilitan este tipo de operaciones, que terminan siendo cortinas detrás de las que se esconden delitos como el lavado de activos”, dice. “En algunos cantones se ha registrado un aumento del 600% en la actividad inmobiliaria en sólo tres años, sin que haya justificación económica clara que lo sustente. Esto es algo a lo que hay que poner atención desde la generación de políticas y desde las autoridades de control”.
Por otro lado, la UAFE también advierte en sus últimos informes sobre tipologías más sofisticadas y emergentes en este tipo de delitos. Estas van desde el uso de criptomonedas sin regulación, hasta la exportación ficticia de bienes, el transporte físico de grandes sumas de dinero por fronteras, y el uso de testaferros o empresas ficticias para ocultar el origen ilícito del capital.
Asimismo, en el informe emitido por la Superintendencia, se identifican sectores de alto riesgo frente al lavado de activos: las notarías y los proveedores de servicios de activos virtuales. A estos le sigue una lista de sectores con riesgo medio alto: remesadoras o couriers y el mercado de valores.
En conjunto, estos hallazgos muestran que mientras el discurso del Gobierno se enfoca en combatir al crimen organizado a través de medidas de seguridad, “el terreno donde verdaderamente se consolidan estas estructuras, en el económico, sigue siendo terreno fértil para el lavado de activos”, dice el experto. Y si los sectores de alto riesgo no son intervenidos con medidas concretas y sostenidas, la economía criminal seguirá ganando terreno, aunque en el papel se promulguen leyes “con nombres rimbombantes”.
¿Una oportunidad perdida?
La ley propuesta por Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea, buscaba, justamente, atacar a la economía criminal. Sin embargo, expertos coinciden en que los sectores mencionados no fueron tomados en cuenta al momento de establecer el marco jurídico.
“La Ley apunta a fortalecer a las Fuerzas Armadas, a crear figuras penales más duras, pero no se mete con la estructura financiera que permite que ese dinero se legalice”, dice Daniel Pontón.
Su visión la comparte también Carla Álvarez, experta en seguridad, quien advierte que el componente económico de la norma es el “menos relevante”. Para ella, el enfoque principal está en la expansión del uso de la fuerza y en reformas al Código Penal, más que en atacar los flujos de capital que alimentan a las redes criminales.
La ley, en su exposición de motivos, intenta justificar su carácter económico urgente, aludiendo al impacto del crimen organizado sobre los recursos del Estado. Sin embargo, en el cuerpo del articulado, las acciones concretas para frenar el lavado de activos son escasas y, en varios casos, repetitivas. “La extinción de dominio, el control financiero o el fortalecimiento de la UAFE ya están normados”, señala Álvarez. “No hay nada nuevo. No hay una mirada real al circuito económico del crimen”.
Napoleón Santamaría, abogado tributarista, considera que el fundamento del proyecto está en frenar el drenaje de recursos provocado por estructuras ilegales. Menciona, por ejemplo, las exportaciones ficticias de minerales por hasta $1.000 millones a través de empresas pantalla, o el saqueo sistemático de oleoductos. “El crimen organizado le quita el oxígeno a la economía nacional. Es lógico que el Gobierno intente frenarlo. Pero lo que plantea la Ley es más bien simbólico, sin esquema integral para frenar el lavado”.
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